Detalles e intimidades del operativo que el jueves a la madrugada ARBA desplegó en la feria más grande de Sudamérica. Los millones que están en juego, el eslabón más fino y la interna política entre los administradores. Los secretos de un territorio en el que ganan unos pocos y pagan los mismos de siempre.
Infobae |
La Salada es ese punto real de territorio donde no existe el Estado. No prima la ley del más fuerte, lo que manda es la ejecución de cuatro administradores que gobiernan la Republica Conurbanense de La Salada. Es como si en el medio de la noche, caminando por algún punto de Lomas de Zamora, uno cruzara una frontera imaginaria y se adentrara en una realidad marginalmente sincera. Son las 3 de la mañana del jueves 24 de abril de 2013. Más de 300 efectivos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) esperan las indicaciones de Iván Budassi, el hombre que, en diciembre de 2013, el gobernador bonaerense Daniel Scioli decidió que esté al frente del ejército de inspectores.
Budassi es de Bahía Blanca, abogado, fanático de Independiente, conocedor del paño tributario. De su estudio de abogados pasó a la administración pública, en 2005 se metió en la arena política y mal no le fue: asesor del Ministerio de la Producción bonaerense, secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Bahía Blanca, directivo de la AFIP y diputado provincial.Cuando habla, Budassi mira a los ojos, gesticula, explica, sonríe. Pareciese que nada lo enoja, pero su porte tampoco invita a llevarlo a esa instancia. Se nota que la docencia es algo que le gusta y disfruta y es desde ahí desde donde se dirige a los medios, a sus dirigidos.Es como si todo el tiempo estuviese en un aula dando clases. El invierno aparece en forma tímida, pero en las piedras del ingreso al Autódromo Oscar Gálvez en Villa Riachuelo uno siente que ya está adentro de las entrañas del Conurbano pese a estar dentro de la Ciudad de Buenos Aires. El ambiente es de incertidumbre. Los agentes y efectivos de ARBA y la Bonaerense no saben con qué se van a encontrar en La Salada. Budassi llega con muchas expectativas pero se preocupa en bajar una línea concreta: "Esto no es un allanamiento. Debemos decirles simplemente que con el anticipo que pagan los administradores no alcanza, y recordarles la necesidad de tener y dar factura", dice el mandamás de ARBA desde un megáfono. Todos lo escuchan con una atención especial. Las camperas y pecheras blancas brillan de una manera especial en la neblina de la noche porteña. Arranca el operativo. La Salada espera.
La feria arrancó en 1991. Primero algunos puestos, no hubo freno estatal y todo se fue de las manos. Hoy existen más de 1.500 puestos, cuatro ferias y un mercado que ya tiene más de dos pisos con escaleras mecánicas, seguridad privada y hasta una radio AM que transmite en vivo desde el corazón de Punta Mogotes, el complejo más grande La Salada. También están Ocean y Urkupiña. Lo que se vive adentro de Mogotes es surrealista. A las 4 de la mañana de un jueves, el ritmo es similar al de un shopping de Palermo a las seis de la tarde, un fin de semana. La discusión sobre la legalidad de La Salada ya lleva más de veinte años. Lo cierto es que los más perjudicados son las miles de personas que viven de la feria pero que no reciben las millonarias sumas de "los administradores". Los verdaderos dueños de la pelota. Según Budassi, La Salada mueve más de 200 millones de pesos al año, pero fuera de las voces oficiales, los conocedores del paño sostienen que la facturación es superior a los 500 millones. Siempre será la palabra de uno contra la de otro, con cientos de familias que nada tienen que ver con la ilegalidad pero terminan siendo esclavos involuntarios del negocio de las ferias.
"Hay cuatro grandes administradoras, que manejan más de 4.200 puestos, a las que se les ha dado un marco normativo para que estas administradoras tengan alguna obligación frente a que cada uno de los puesteros paguen sus impuestos", sentencia Budassi, en diálogo con Infobae.
La bienvenida no es buena. La gente corre por el nuevo Camino de la Ribera. Todos miran las camionetas de ARBA que llegan una tras otra, mientras las persianas se bajan una por una.
En el aire, la niebla se mezcla con el humo de las parrillas al paso y la música a todo lo que da. Los inspectores se meten en los pasillos de Mogotes, pero solo chocan contra cortinas azules de metal. Pese a la explicación de que "no es un allanamiento", el miedo puede más: y se los entiende. Son el eslabón más fino de la cadena. La sensación de que uno está en territorio liberado aparece cuando un hombre, con un handy y un uniforme de seguridad privada, encara a un policía de la Bonaerense armado y con chaleco antibalas: "No te hagas el pesado acá, eh", le dice el muchacho, mientras escolta a uno de los directivos de Punta Mogotes.
Pasaron las cinco de la mañana, en la vereda al ingreso principal de la feria, miembros del Ministerio de Trabajo y los agentes de ARBA esperan. Si entran todos juntos, el clima se enrarecerá y todo quedará librado a la suerte. Desde las escaleras y balcones, más de 1.500 personas miran todo como una película. Adentro, en el primer piso, sobre una mesa de plástico, Budassi se mira a los ojos con el contador de La Salada. No hay acuerdo.
"Se controlaron irregularidades referidas al impuesto sobre los Ingresos Brutos y también al Inmobiliario, detección de metros sin declarar. Se intimará a todos los administradores por incumplir con el Impuesto de Sellos, respecto de los contratos que celebran con los puesteros. Se intimó a Punta Mogotes y Urkupiña por la falta de presentación de declaraciones juradas e incumplimientos al régimen de percepción de áreas no convencionales", explicaron desde ARBA. Las irregularidades son varias:
-Se intimó a Ocean por cumplir de forma defectuosa con el régimen de percepción. Inconsistencias entre el importe percibido por feriante y la cantidad de puestos declarados.
-Se notificó deuda tanto a las sociedades que administran las ferias como a sus socios responsables. La mayoría de los administradores posee deudas de Ingresos Brutos.
-Se controló en cada uno de los puestos si están debidamente inscriptos ante el fisco, si presentan como corresponde las declaraciones juradas, si están al día con el pago de Ingresos Brutos y si emiten ticket o factura. Resultado de esta acción en Punta Mogotes: 15% en regla; 31% no estaba inscripta en Ingresos Brutos (no tributaba en provincia) y el resto mantenía algún tipo de irregularidad con el fisco provincial.
-Respecto de las construcciones sin declarar, en toda La Salada existen 16 mil metros cuadrados construidos que no fueron informados (sobre un total de 34 mil metros).
Teniendo en cuenta el incremento de valuación fiscal, se estima que la deuda en concepto de Impuesto Inmobiliario alcanza un total de $400 mil. Por ese motivo serán intimadas Punta Mogotes, Ocean y Urkupiña.
La división también explotó en La Salada. Por un lado, Jorge Castillo criticó con furia y sin miramientos. "A lo largo de sus más de veinte años de historia, la feria ha recibido innumerables visitas y controles impositivos, tanto provinciales como nacionales. Todos ellos se desarrollaron pacíficamente, sin necesidad de que los trabajadores y feriantes fueran apuntados ni amedrentados con armas de fuego. Repudiamos, en primer lugar, la actitud patotera", sentenció Castillo, que no estuvo en el operativo. "Los feriantes son, mayormente, monotributistas. Lo saben las administraciones local, provincial y nacional; las actuales y las anteriores. La administración de Punta Mogotes les exige la presentación de los comprobantes de pago de dicho régimen. Somos los primeros interesados en formalizar nuestra actividad. Y nuestro esfuerzo en ese sentido ha sido reconocido por el Estado nacional, que nos ha invitado a misiones comerciales en el exterior y brindado apoyo del INTI y de la Acumar. Prueba de ello es que no se cerró ni un solo puesto por no estar en regla. Pero nada de esto le importó al actual director de ARBA", agregó. Las críticas no quedaron ahí: "Se trató, básicamente, de montar un show televisivo. Hubiéramos preferido que el señor Iván Budassi, ya que estaba, conversara con los feriantes y revisara su documentación, en vez de pasarse todo su tiempo de permanencia en la feria choluleando con la vedette y feriante Marixa Balli".
Así es todo. Política, intereses y hasta famosos. Mientras Castillo gritaba sus críticas, "Quique" Antequera, otro de los administradores, elogiaba a ARBA. "Los controladores recibieron toda la información y documentación que desde Urkupiña pusimos a disposición. Colaboramos desde el primer momento porque es una tarea justa. Es justo que el Estado recaude y que ayudemos en esa tarea. Es algo que nosotros, como agente de retención y percepción, realizamos en nuestra feria, ya que nosotros cumplimos en concepto de todo tipo de impuestos, y por esto pagamos algo más de 25 millones de pesos al año", indicó Antequera. "Que ARBA esté con nosotros me parece muy bien. Tenemos un buen diálogo con Budassi y ya estamos trabajando juntos para ayudar en montar una oficina fiscal en Urkupiña. Además, sabemos que la cooperación será mutua, ya que asistirán a nuestros feriantes en todo lo que necesiten", agregó, además de elogiar la gestión de Scioli. Mientras tanto, Castillo cruzó al ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, por estar "cerca de Scioli".Blancos y negros.
Son las cinco de la mañana. La vedette Marixa Balli atiende en el puesto 129 de Punta Mogotes. Levantó un local y atiende como un empleado más: lo hace con glamour, con un maquillaje perfecto y una gorrita de la reconcida marca abc1 Etiqueta Negra. Todo es bizarro. "Xurama", dice un cartel frente al puesto de Marixa. "Temple de acero", explica que significa. Los agentes de ARBA no creen mucho en el temple y la notifican de un detalle: faltan declaraciones juradas". Ella mira y se sorprende, afirma que todo está bien y hace la del manual: la culpa la tiene el contador. Sale el sol en La Salada.
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