La federación nacional de trabajadores aceiteros y la CGT San Lorenzo acordaron con las cámaras patronales del sector un piso salarial de 10.500 pesos para los obreros que trabajan en el procesamiento de oleaginosas y en una decena de ramas vinculadas en el cordón agroexportador.
El acuerdo se alcanzó anoche en la sede del Ministerio de Trabajo, luego de una extensa jornada de negociación que incluyó una reunión en Casa Rosada entre el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, los dirigentes sindicales y directivos de las principales firmas agroexportadoras que operan en el país.
El aumento del salario básico inicial a 10.500 pesos significa para los trabajadores de la industria aceitera un aumento del 38,9 por ciento respecto al que regía en virtud del acuerdo alcanzado durante 2013. Ese convenio finalizó en diciembre pasado. El sindicato acordó con las empresas nucleadas en Ciara y Carbio un puente entre enero y febrero, que significó una suba promedio de aproximadamente el 25 por ciento. En abril comenzaron a negociar el nuevo acuerdo anual, que es el que se cerró ayer.
Este acuerdo tendrá vigencia entre el 1º de abril y el 31 de marzo de 2015. En el acta del Ministerio de Trabajo figura un aumento del salario inicial de la categoría más baja de 10 mil pesos y una suma no remunerativa de 500 pesos, que pasará a remunerativa en cinco meses. Esa diferencia opera en el cálculo de los aportes pero no en el cálculo de los adicionales, para los cuales la base es 10.500 pesos.
A este incremento se suma el "ajuste" del aumento puente acordado durante los primeros tres meses del año, del 25 por ciento al 29,5 por ciento, con carácter retroactivo. Esta actualización obedece al cálculo del piso salarial que realizó la federación aceitera para ese período. Para el nuevo año, lo elevó a 38,9 por ciento.
La organización gremial basa su reclamo en el salario mínimo, vital y móvil que corresponde calcular en base al artículo 14 bis de la Constitución nacional y del artículo 116 de la ley de contrato de trabajo. Esto es, la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.
Desde 2011, los sindicatos nucleados en la CGT San Lorenzo tomaron este salario como referencia y lo convirtieron en un piso de ingresos "regional". Nació el convenio Copa (Cordón Oleaginoso Agropecuario Exportador) que pone una condición común a la negociación de 11 organizaciones gremiales que representan a obreros que trabajan en los establecimientos del cordón agroexportador. Abarca a sindicatos portuarios, de carga y descarga, marina mercante, entre otros.
Este año, la federación que conducen Daniel Yofra y Adrián Dávalos acordó con la central obrera que dirige Edgardo Quiroga, unificar el reclamo y las medidas de acción. Juntas negociaron y juntas convocaron a la huelga que, en virtud de la negociación en la que el gobierno nacional intervino especialmente, finalmente no se realizó.
Con el acuerdo de ayer, el Copa pasó de 7.250 pesos a 10.500 pesos. El convenio opera a través del pago de la diferencia entre el acuerdo de cada rama hasta llegar al piso regional. A diferencia de otros años, este ingreso mínimo se igualó al inicial aceitero, cuando antes era del 80 por ciento.
Un dato adicional es que la fecha de vencimiento del convenio aceitero pasó de diciembre a marzo, cuando comienza la cosecha. Por eso, otras interpretaciones sobre el aumento pactado hablan de un aumento del 35 por ciento a 15 meses. Es una forma de presentarlo, funcional a que en los papeles no se corra demasiado de las subas acordadas en otros gremios "testigo", como la UOM.
Frente a la dureza del conflicto, el gobierno nacional decidió intervenir intensamente en el último tramo de las negociaciones. El lunes estuvo en Rosario la viceministra de Trabajo, Noemí Rial. El miércoles, el propio ministro Carlos Tomada participó de una jornada de negociaciones de 12 horas. Ayer, el primer capítulo se desarrolló en el despacho del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y continuó por la tarde en la cartera laboral. La necesidad de que no se paralizara por una medida de fuerza una actividad clave para el ingreso de agrodólares le dio a la paritaria aceitera un estatuto casi de razón de Estado.
LA CAPITAL.
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