La decisión fue a instancias de Gils Carbó, la jefa kirchnerista de los fiscales. Al funcionario no le permitieron presenciar ayer la audiencia en donde se decidía su futuro. Afirmó que seguirá "dando pelea" y si es necesario, recurrirá a la Corte.
Infobae |
Ni las numerosas expresiones de apoyo que surgieron del Poder Judicial ni la marcha que ayer reunió a figuras de la oposición frente a la Procuración General de la Nación sirvieron para que la audiencia que se celebró en ese edificio para definir el futuro de José María Campagnoli fuera pública. La discusión se desarrolló este jueves a puertas cerradas y ni el propio fiscal pudo ingresar. Todo concluyó con un triunfo político de Gils Carbó.
Poco antes de las 22 de ayer se confirmó la decisión en contra de Campagnoli. El Tribunal de Enjuiciamiento de Fiscales dio lugar al pedido de la representante del kirchnerismo en el Ministerio Público de suspender en su función a Campagnoli por presunto mal desempeño en una causa de lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez.
La votación terminó 4 a 3 en favor de la suspensión, que fue apoyada por los representantes del Poder Ejecutivo (Ernesto Kreplak); del Senado (Rodolfo María Ojea Quintana); de la Defensoría General (María Cristina Martínez Córdoba); y de la Procuración (Daniel Adler).
En tanto, en rechazo a dicha sanción votaron los representantes del Colegio Público de Abogados (Adriana Olga Donato); de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Rodrigo Sebastián Bacigalupi) y el ex procurador general durante el gobierno de Raúl Alfonsín, designado por la Corte Suprema (Juan Octavio Gauna).
"Esto se está resolviendo de una manera muy extraña, secreta; parece que estamos en una época medieval", consideró ayer Campagnoli luego de dejar un escrito en donde plasmó su postura. "Mi intención era ser oído", dijo en declaraciones a la prensa, y denunció que a quienes participaban de la audiencia "no les interesa" escucharlo.
El proceso para suspender y destituir al fiscal que se animó a investigar los negocios del empresario santacruceño Lázaro Báez fue impulsado por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Dirigentes de la oposición han denunciado que se trata de una medida persecutoria que además conlleva un mensaje para otros funcionarios judiciales que intenten seguir caminos similares.
"Esta situación me pone a las puertas del juicio político", alertó por la noche, tras conocer la resolución que él ya esperaba y adelantó: "Voy a recurrir a todas las instancias que sean necesarias para defender el trabajo de un fiscal".
"Me sacaron todo de manera burda hablando de restructuración general y en realidad era para solo mí oficina. Me parece poco serio e indignante. Voy a seguir dando la pelea que tenga que dar y llegar hasta la Corte", advirtió en declaraciones al canal TN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario