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jueves, 4 de abril de 2013

SANTA FE. Santa Rita II: Santa Fe pide a la jueza avanzar en el desalojo

A un año de la toma del plan habitacional, la Secretaría de Hábitat solicitó a Sandra Valenti que libere los oficios para proceder a la recuperación de las viviendas.

El primer año. Ayer se cumplió un año de la toma de viviendas de ese barrio. (Juan M. Baialardo)EL PRIMER AÑO. AYER SE CUMPLIÓ UN AÑO DE LA TOMA DE VIVIENDAS DE ESE BARRIO. (JUAN M. BAIALARDO)
El gobierno provincial formalizó un pedido a la jueza Sandra Valenti, a cargo del Tribunal de Primera Instancia en la causa de la usurpación en el barrio Santa Rita II, mediante el cual solicita que libre los oficios a todos los actores involucrados en la resolución dictada el 23 de abril de 2012, para proceder a la recuperación, de manera progresiva, de las viviendas ocupadas.

El pedido surge en base a lo dictaminado por Fiscalía de Estado provincial, que expresó que “en razón de que no hubo resolución judicial que concediera el recurso de inconstitucionalidad aún por vía de queja, el cumplimiento de la sentencia que ordena el desalojo no se encuentra suspendida, por lo que puede pedirse su ejecución ante el tribunal de primera instancia”.

El secretario de Estado del Hábitat de la provincia, Gustavo Leone, confirmó ayer: “Enviamos el pedido a Valenti para que ejecute el fallo y ordene a cada uno de los actores involucrados en el proceso realizar su parte y proceder al operativo”.

“Luego del fallo de abril de 2012, nosotros habíamos iniciado el proceso de desalojo, a través del relevamiento de las familias. Sin embargo, en ese momento la Corriente Clasista y Combativa apeló el fallo, y cuando le consultamos a Valenti si la sentencia estaba firme nos dijo que no lo estaba y que debía suspenderse el procedimiento”, agregó el funcionario.

Vale recordar que el fallo mencionado encomendaba que, en caso de efectuarse el desalojo por el empleo de la fuerza pública, el mismo debía ser coordinado entre el Ministerio de Seguridad y la dirección provincial de Vivienda y Urbanismo.

Aclaraba además que el operativo debía realizarse en conjunto con la Subsecretaría de la Niñez (para verificar el estado de los menores que se encuentren en el predio) y la Secretaría de Derechos Humanos.

“Nosotros venimos trabajando desde nuestras áreas legales desde el momento de la usurpación para lograr una salida al conflicto”, destacó Leone, al tiempo que agregó: “No por casualidad la Cámara y la Corte Suprema provincial dictaron la nulidad de la apelación al fallo del desalojo”.

“Venimos realizando tareas desde el primer momento que supimos de la ocupación ilegal de las viviendas, en conjunto también con la Municipalidad, mediante lo cual hemos recuperado 12 casas, que la gente se fue en forma voluntaria”, sumó.

Por último, el funcionario recordó que “Sebastián Saldaña, el referente de la Corriente Clasista y Combativa, se encuentra procesado, ya que la jueza entendió que existen elementos suficientes para dictaminarlo, como coautor del delito de Usurpación, previsto y contemplado en el artículo 181 inciso 1 del Código Penal”.

”Todos actuaron sabiendo que el predio les era ajeno y que no tenían derechos sobre las viviendas construidas en el predio”, agregó Leone, para finalmente decir que “la usurpación viola los derechos fundamentales que tienen aquellos que se ven impedidos de gozar de una vivienda digna por esta ocupación, razón por la cual, por más que los usurpadores tengan derecho a una vivienda, no los tienen sobre este plan en particular”.

Al margen
Desde el gobierno provincial se informó además que 12 viviendas fueron recuperadas en un trabajo coordinado con la Municipalidad; se recalcó que existe un convenio con el municipio para que las casas sean terminadas con cooperativas y se las asigne a policías que están en una lista de espera. Dicho contrato asciende a $1.500.000 (incluye gastos fijos varios. seguridad, cercado, etc.)

Al tiempo se consignó que el listado de beneficiarios fue elaborado en forma analítica por la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo y la Subsecretaría de Coordinación Operativa del Ministerio de Seguridad.

Además de Saldaña, se encuentran procesados otros integrantes de la CCC. Ellos son Leonel Spagnolo, Teodelina Princich, Elsa Ifrán y Mónica Ahuir.

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