Así se expresó el Ministro de Justicia de Santa Fe, Juan Lewis, tras la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de 13 pliegos de nuevos fiscales y defensores. “Con la integración de estos actores avanzamos hacia la implementación definitiva de un sistema diferente de impartir justicia. Por eso hablamos de una transformación profunda del Estado que traerá mejoras en la calidad institucional y en la vida de los santafesinos, una transformación que durante años y décadas no había sido encarada”, agregó el funcionario provincial.
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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, expresó que la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de 13 pliegos de nuevos fiscales y defensores, significa “un paso adelante hacia la implementación definitiva de la nueva justicia penal, una transformación histórica en la provincia”.
Para poner en marcha el nuevo enjuiciamiento penal, que abandona el secretismo y el modelo inquisitivo y se caracteriza por audiencias orales y públicas, fue necesario crear de cero dos instituciones: el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público provincial de la Defensa Penal.
En primer lugar, fueron seleccionados por concurso sus máximas autoridades y ayer diputados y senadores reunidos en asamblea les dieron acuerdo legislativo a fiscales y defensores titulares de la ciudad de Rosario.
“Estamos dotando a las nuevas instituciones de funcionarios judiciales que trabajarán con más herramientas y mayor eficacia en cuanto a combatir el delito, un anhelo de la sociedad y un compromiso del gobierno”, sostuvo Lewis.
“Con la integración de estos actores avanzamos hacia la implementación definitiva de un sistema diferente de impartir justicia. Por eso hablamos de una transformación profunda del Estado que traerá mejoras en la calidad institucional y en la vida de los santafesinos, una transformación que durante años y décadas no había sido encarada”, agregó el ministro.
La puesta en marcha del modelo acusatorio es progresiva y se encuentra en su última etapa de implementación. Los candidatos a los que se les brindó acuerdo legislativo habían surgido de un concurso público de oposición y antecedentes que se realizó en 2011 y estuvo presidido por las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, el fiscal general Julio De Olazábal y el defensor provincial Gabriel Ganón. Además eran jurados un abogado por el Colegio de Abogados, un profesor universitario por las universidades públicas y un fiscal y un defensor regional respectivamente
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aclararon que la norma que rigió dichos concursos fue el decreto Nº 889/11, y no el Nº 346/10, relativo a defensores y fiscales regionales, ni el Nº 3904/12, que en diciembre pasado unificó los sistemas de selección de funcionarios del Poder Judicial.
En la prueba de oposición, los postulantes debían pasar el examen escrito con al menos el 60 por ciento (artículo 22). Quienes obtuvieron menos de 6 (seis) en su examen fueron eliminados, no pasaron a la etapa del coloquio oral.
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