Hacinados, sin atención médica ni enfermeros, mal alimentados, herrumbrados en medio de la suciedad y entre cables pelados. Así sobreviven en el olvido muchos rosarinos de la tercera edad en los 30 geriátricos clausurados por irregularidades, pero que en su mayoría siguen funcionando tras violar los cierres y resistir el paso de inspectores y policías.
La Capital |
Para conocer en detalle las descripciones hechas por los agentes municipales, LaCapital accedió a expedientes de instituciones clausuradas por falta de higiene y salubridad y se encontró con verdaderas postales del horror. Un episodio espeluznante fue hallazgo de una anciana muerta en Benito Juárez 1150 (ver página 4), aunque los documentos también pusieron de manifiesto internados que conviven con pacientes psiquiátricos e infectados de HIV, pacientes con lesiones sin curar y otros cuyas camas están en precarios boxes.
Otra situación no menos insólita se produce al verificar los listados de alojados en los geriátricos truchos que registró la Dirección de Inspección Municipal: en las fichas figuran listas con decenas de pacientes derivados desde las obras sociales Iapos y Pami. Es decir que los subsidios estatales van a parar a manos de empresarios que no reúnen las condiciones requeridas por el Estado.
Según datos oficiales, en Rosario existen 152 geriátricos, de los cuales 112 se encuentran correctamente habilitados, 30 están clausurados y a 10 se los intimó al cese de las actividades hasta tanto regularicen las anomalías detectadas por los inspectores actuantes.
De los 30 clausurados unos 24 fueron por falta de certificado de habilitación y los 6 restantes por irregularidades relacionadas a la seguridad, salubridad e higiene. A todos los familiares se los notificó con cédula para que retiren los abuelos, pero muchos los dejaron aun ante estas malas condiciones.
En muchos casos se reimplantó la clausura a todos aquellos geriátricos que continuaban desarrollando actividades sin la autorización del Tribunal Municipal de Faltas.
La violación de la faja deriva en un trámite a la Asesoría Legal y luego se radican las correspondientes denuncias ante la Justicia Penal.
Si bien el principal responsable sobre el bienestar de los pacientes es el dueño del geriátrico, como así también el médico encargado de relevar las historias clínicas de cada adulto mayor, resulta preocupante que los familiares notificados de una situación irregular no retiren a los abuelos legitimando así las pésimas condiciones de higiene y salubridad.
Por eso, más allá de las responsabilidades penales de los dueños, los que siguen sosteniendo los geriátricos truchos son los propios familiares con cuotas mensuales que rondan los 2.600 pesos. Un monto que representa la mitad de los abonos en geriátricos habilitados en donde los internos reciben atención médica constante, kinesiología, gimnasia y talleres con diversas actividades.
Por más que la ecuación se pretenda hacer sólo en lo económico, las condiciones de alojamiento deberían generar una reflexión entre los responsables de internar a un adulto mayor.
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