En pleno centro rosarino (San Luis 1038) más de 20 familias viven en una centenaria casona en condiciones deplorables y con el riesgo cierto de que se produzcan derrumbes en el edificio, tal como lo confirma un informe del Departamento de Estructuras de la Municipalidad.
El fideicomiso que compró la propiedad en mayo reclama a la Justicia que se desocupe el inmueble. Sus moradores, en tanto, aseguran que llevan años viviendo allí pagando un alquiler. El Concejo aprobó un proyecto donde pidió la intervención el Servicio Municipal de la Vivienda y la Dirección Provincial de Vivienda para reubicar a las familias, mientras que el centenario edificio arrastra una historia de incontables inspecciones y clausuras (ver aparte). La casona de dos plantas se levanta en San Luis 1038, justo frente a la plaza Montenegro y el Centro Cultural Bernardino Rivadavia. Desde hace varios años y pese a no contar con ninguna habilitación municipal, más de 20 familias, muchas con chicos, viven en el lugar que funcionaba como pensión e incluso exhibieron recibos de pagos de 600 pesos por mes. Sin embargo, las condiciones en las que habitan y de las que dio cuenta LaCapital en su edición del 31 de diciembre pasado, son deplorables. Están conectados irregularmente al servicio de luz y agua, en piezas llenas de humedad y que se llueven en el interior, una sola cocina en la planta baja y apenas cinco baños para todos. Nuevos dueños. Hasta el año pasado, según relataron los mismos habitantes, el dueño era el abogado Armando Alvarez Portocarrero, que se presentaba a cobrarles todos los meses e incluso el año pasado dijeron que intentó aumentarles el alquiler a 900 pesos. Hace un tiempo que ya no va más. El inmueble fue adquirido por un fideicomiso en mayo de este año y ahora reclama en la Justicia el desalojo. Además, ya presentó un pedido de demolición en la Municipalidad y cuentan con un informe del Departamento de Estructuras de la Dirección de Obras Particulares del municipio que certifica el riesgo que existe en el edificio. La venta del inmueble fue confirmada por Carlos Rossi, apoderado del Fideicomiso San Luis, quien dijo desconocer que en el lugar funcione un inquilinato. "No sabemos quiénes son ni cuántas son las personas que ocupan el lugar, la cuestión es que hay serios problemas edilicios, pedimos informes y nos preocupa que haya un derrumbe con familias adentro", afirmó. El riesgo de derrumbe también fue confirmado por el técnico del municipio Carlos Ion, que estuvo en el lugar. "El peligro existe", dijo y habló de "perfiles oxidados sin capacidad de contención, fisuras, grietas, cañerías rotas y agua que socava las paredes". Las familias. Los habitantes, entre los que hay familias con chicos y jubilados, reclaman ser reubicados antes del desalojo. Por eso recurrieron al Concejo, donde el edil del Partido Socialista Auténtico Alberto Cortés presentó un proyecto que fue aprobado ayer y donde solicita la intervención municipal y provincial. Cortés no sólo afirmó que el edificio está condiciones "inhabitables", sino que además hizo hincapié en que "ante el riesgo de que estas familias queden en la calle, se requiere al Servicio Público de la Vivienda y la Dirección de Vivienda de la provincia que gestione la reubicación y se logre una solución antes de que se produzca una desocupación por la fuerza".
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