La Cámara Penal de Rosario
revocó un fallo de primera instancia por el cual un juez se excusó de
investigar delitos penales en la toma de un terreno privado de
Avellaneda al 4200, al entender que se trataba de un \"reclamo social\".
El tribunal de alzada dijo que esa interpretación luce \"prematura\" y
ordenó reabrir la instrucción por amenazas, violencia, engaño o abuso de
confianza.
La controvertida usurpación
de los terrenos de Avellaneda al 4200, que se inició en enero pasado
cuando unas 400 personas de escasos recursos reclamaron viviendas
sociales, tuvo su inmediato correlato en la Justicia.
Apenas se generó el conflicto, la
Municipalidad presentó una denuncia y pidió el desalojo. También los
gremios de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y del
Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburos (SUPEH), que comparten la
propiedad del predio.
Pero, tras presentarse en el lugar y
hacer una interpretación de la ocupación, el juez Correccional Nº 5,
Carlos Leiva, entendió que los usurpadores no ejercieron violencia,
amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad para instalarse
en el lugar. Y desestimó la denuncia.
Esa decisión fue apelada, y la
divergencia llegó a la sala I de la Cámara Penal, que integran los
jueces Alfredo Ivaldi Artacho, Carina Lurati y Ernesto Pangia, quienes
días atrás se expidieron sobre el tema.
Los magistrados directamente revocaron
la resolución de Leiva, y ordenaron reabrir la instrucción, al
fundamentar que resulta "un tanto apresurado calificar los hechos como
de índole social".
Más allá de la necesidades de
viviendas, indicaron, "corresponde investigar si existió violencia,
amenazas, engaños, abuso de confianza o clandestinidad para insertarse
en el predio".
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