El senador Rubén Giustiniani
presentó una iniciativa que establece la paridad en la distribución de
los cargos en los tres poderes del Estado. Una medida en pos de una
sociedad más igualitaria.
La posibilidad de que las mujeres ocupen la mitad de los
puestos políticos en los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo
y Judicial– se pondrá en debate en el Congreso de la Nación. El
proyecto para lograr el 50 por ciento de representatividad femenina en
todos los cargos fue presentado la semana pasada por el senador
santafesino Rubén Giustiniani y cosechó el apoyo de sectores que
trabajan por la igualdad de género. La importancia de lograr leyes que
impulsen el cambio social en un contexto de gran desigualdad.
En 1991 se sancionó la ley de cupo en la Argentina. La norma estableció que el 30 por ciento de las listas de candidatos a legisladores debía ser integrado por mujeres. A 22 años de ese avance, los partidos políticos siguen cumpliendo con el mínimo y, en la gran mayoría de las listas que se presentaron el año pasado, las mujeres estaban en el tercer lugar. Esa situación genera, por ejemplo, que en la Cámara de Senadores exista sólo una banca que no es ocupada por varones.
La norma fue cuestionada, principalmente, porque –bajo la falsa idea de que en la actualidad no existe discriminación de género– las mujeres debían ocupar esos lugares por mérito propio y no por obligación. Sin embargo, antes de la sanción de la ley, la participación era significativamente menor.
Ahora el debate gira en torno a la posibilidad de ampliar ese cupo y equipararlo a la relación entre mujeres y varones que existe en la sociedad argentina. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de los 40.117.096 argentinos, 20.539.330 son mujeres es decir el 51,33 por ciento.
Hacia el 50 por ciento
La iniciativa que Giustiniani presentó el viernes establece entre sus objetivos la obligación de una participación igualitaria de varones y mujeres en los tres poderes del Estado y en los sindicatos, partidos políticos y organizaciones profesionales.
El proyecto del senador socialista establece la modificación al Código Electoral Nacional para incorporar la paridad dentro de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Al respecto, el documento que espera ser puesto en debate en el Congreso establece que “las listas de candidatos a cargos públicos electivos a nivel nacional deberán conformarse ubicando, alternativa y consecutivamente, a personas de diferente sexo, no pudiendo haber dos candidatos consecutivos del mismo sexo”. Y agrega que “en el caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de una senadora y/o diputada nacional, la iniciativa establece mecanismos de suplencia que garanticen que las mujeres sean reemplazadas por mujeres”. De esa manera, se despejan las diferentes interpretaciones que pudieran surgir con respecto a la implementación de la ley de cupo femenino.
“Hoy no basta con proclamar la igualdad y la no discriminación. Si se quiere corregir la diferencia que hoy existe, es necesario a corto plazo, proporcionar ventajas en determinados campos a quien está subrepresentando”, señaló Giustiniani en los fundamentos de la iniciativa.
Y agregó: “Generar las condiciones de la igualdad real debe ser parte de la construcción democrática”.
En el artículo 2º del proyecto, se hace referencia a la distribución de los cargos en el Poder Ejecutivo y se señala que el nombramiento de los/las ministros/as integrantes del Gabinete nacional, así como de las Secretarías y Subsecretarías de los respectivos Ministerios, respetará el principio de participación igualitaria entre varones y mujeres. Además se establece que el Poder Ejecutivo Nacional integrará los órganos colegiados de los organismos públicos nacionales –cualquiera sea su denominación jurídica– garantizando la participación igualitaria de mujeres y varones en sus niveles de decisión.
En el artículo siguiente se hace referencia al Poder Judicial –donde la incorporación de mujeres, en la práctica, es aún más difícil– y se enuncia que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cumplirá con el principio de participación igualitaria de mujeres y varones, en la medida en que se produzcan vacantes en su composición. En los tribunales de carácter colegiado, a igualdad de puntaje en los resultados de los concursos de selección, se dará prevalencia al sexo subrepresentado, hasta lograr la participación igualitaria de mujeres y varones”.
El proyecto también incluye a los partidos políticos y órganos colegiados. En ambos casos establece el mismo principio de paridad en la composición, en particular en cuanto a la elección de autoridades.
En los casos en que los cargos a dividir sean impares se decidirá indistintamente el sexo del ocupante de ese último puesto.
Los números de la desigualdad
Desde las agrupaciones que defienden los derechos de las mujeres sostienen que las leyes de cupo han sido impulsoras de cambios sociales y que han promovido el acceso de las mujeres a lugares de poder. En la actualidad, si bien la máxima autoridad nacional es una mujer, son pocas las gobernadoras y menos aún las intendentas y presidentas comunales. En la provincia de Santa Fe sólo el ocho por ciento de las localidades son dirigidas por mujeres.
Mientras que en la Legislatura sólo hay una mujer senadora y 17 diputadas –es decir, se cumple la proporción de una cada tres legisladores–; en el Poder Judicial la proporción es aún menor. Si bien este año asumió como presidenta de la Corte Suprema a María Angélica Gastaldi ella es la única mujer que integra el cuerpo.
En el Poder Ejecutivo provincial los dos cargos superiores –gobernador y vice– están ocupados por varones y de los 10 ministerios sólo Educación (Letizia Mengarelli), Desarrollo Social (Mónica Bifarello) e Innovación y Cultura (Chiqui González) están dirigidos por mujeres.
A nivel nacional las cifras son similares. El Congreso alberga a 117 legisladoras: 91 diputadas y 26 senadoras. En la Corte Suprema de Justicia sólo hay dos mujeres, entre los siete integrantes. Y en el Poder Ejecutivo si bien la autoridad máxima es una mujer, Cristina Fernández, de los 15 ministerios sólo Seguridad (Nilda Garré), Desarrollo Social (Alicia Kirchner) e Industria (Débora Giorgi) están encabezados por mujeres.
Es importante que la falta de perspectiva de género en gran parte de los representantes del pueblo y de los funcionarios incide directamente la importancia que se le da al tratamiento de aquellas políticas o iniciativas que atañen directamente a las problemáticas de las mujeres. A modo de ejemplo se puede expresar la falta de debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo y las acciones para la erradicación de la violencia de género.
En 1991 se sancionó la ley de cupo en la Argentina. La norma estableció que el 30 por ciento de las listas de candidatos a legisladores debía ser integrado por mujeres. A 22 años de ese avance, los partidos políticos siguen cumpliendo con el mínimo y, en la gran mayoría de las listas que se presentaron el año pasado, las mujeres estaban en el tercer lugar. Esa situación genera, por ejemplo, que en la Cámara de Senadores exista sólo una banca que no es ocupada por varones.
La norma fue cuestionada, principalmente, porque –bajo la falsa idea de que en la actualidad no existe discriminación de género– las mujeres debían ocupar esos lugares por mérito propio y no por obligación. Sin embargo, antes de la sanción de la ley, la participación era significativamente menor.
Ahora el debate gira en torno a la posibilidad de ampliar ese cupo y equipararlo a la relación entre mujeres y varones que existe en la sociedad argentina. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de los 40.117.096 argentinos, 20.539.330 son mujeres es decir el 51,33 por ciento.
Hacia el 50 por ciento
La iniciativa que Giustiniani presentó el viernes establece entre sus objetivos la obligación de una participación igualitaria de varones y mujeres en los tres poderes del Estado y en los sindicatos, partidos políticos y organizaciones profesionales.
El proyecto del senador socialista establece la modificación al Código Electoral Nacional para incorporar la paridad dentro de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Al respecto, el documento que espera ser puesto en debate en el Congreso establece que “las listas de candidatos a cargos públicos electivos a nivel nacional deberán conformarse ubicando, alternativa y consecutivamente, a personas de diferente sexo, no pudiendo haber dos candidatos consecutivos del mismo sexo”. Y agrega que “en el caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad permanente de una senadora y/o diputada nacional, la iniciativa establece mecanismos de suplencia que garanticen que las mujeres sean reemplazadas por mujeres”. De esa manera, se despejan las diferentes interpretaciones que pudieran surgir con respecto a la implementación de la ley de cupo femenino.
“Hoy no basta con proclamar la igualdad y la no discriminación. Si se quiere corregir la diferencia que hoy existe, es necesario a corto plazo, proporcionar ventajas en determinados campos a quien está subrepresentando”, señaló Giustiniani en los fundamentos de la iniciativa.
Y agregó: “Generar las condiciones de la igualdad real debe ser parte de la construcción democrática”.
En el artículo 2º del proyecto, se hace referencia a la distribución de los cargos en el Poder Ejecutivo y se señala que el nombramiento de los/las ministros/as integrantes del Gabinete nacional, así como de las Secretarías y Subsecretarías de los respectivos Ministerios, respetará el principio de participación igualitaria entre varones y mujeres. Además se establece que el Poder Ejecutivo Nacional integrará los órganos colegiados de los organismos públicos nacionales –cualquiera sea su denominación jurídica– garantizando la participación igualitaria de mujeres y varones en sus niveles de decisión.
En el artículo siguiente se hace referencia al Poder Judicial –donde la incorporación de mujeres, en la práctica, es aún más difícil– y se enuncia que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cumplirá con el principio de participación igualitaria de mujeres y varones, en la medida en que se produzcan vacantes en su composición. En los tribunales de carácter colegiado, a igualdad de puntaje en los resultados de los concursos de selección, se dará prevalencia al sexo subrepresentado, hasta lograr la participación igualitaria de mujeres y varones”.
El proyecto también incluye a los partidos políticos y órganos colegiados. En ambos casos establece el mismo principio de paridad en la composición, en particular en cuanto a la elección de autoridades.
En los casos en que los cargos a dividir sean impares se decidirá indistintamente el sexo del ocupante de ese último puesto.
Los números de la desigualdad
Desde las agrupaciones que defienden los derechos de las mujeres sostienen que las leyes de cupo han sido impulsoras de cambios sociales y que han promovido el acceso de las mujeres a lugares de poder. En la actualidad, si bien la máxima autoridad nacional es una mujer, son pocas las gobernadoras y menos aún las intendentas y presidentas comunales. En la provincia de Santa Fe sólo el ocho por ciento de las localidades son dirigidas por mujeres.
Mientras que en la Legislatura sólo hay una mujer senadora y 17 diputadas –es decir, se cumple la proporción de una cada tres legisladores–; en el Poder Judicial la proporción es aún menor. Si bien este año asumió como presidenta de la Corte Suprema a María Angélica Gastaldi ella es la única mujer que integra el cuerpo.
En el Poder Ejecutivo provincial los dos cargos superiores –gobernador y vice– están ocupados por varones y de los 10 ministerios sólo Educación (Letizia Mengarelli), Desarrollo Social (Mónica Bifarello) e Innovación y Cultura (Chiqui González) están dirigidos por mujeres.
A nivel nacional las cifras son similares. El Congreso alberga a 117 legisladoras: 91 diputadas y 26 senadoras. En la Corte Suprema de Justicia sólo hay dos mujeres, entre los siete integrantes. Y en el Poder Ejecutivo si bien la autoridad máxima es una mujer, Cristina Fernández, de los 15 ministerios sólo Seguridad (Nilda Garré), Desarrollo Social (Alicia Kirchner) e Industria (Débora Giorgi) están encabezados por mujeres.
Es importante que la falta de perspectiva de género en gran parte de los representantes del pueblo y de los funcionarios incide directamente la importancia que se le da al tratamiento de aquellas políticas o iniciativas que atañen directamente a las problemáticas de las mujeres. A modo de ejemplo se puede expresar la falta de debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo y las acciones para la erradicación de la violencia de género.
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