 |
Asimismo, otros dos agentes de la misma repartición son investigados mediante un sumario interno para deslindar sus responsabilidades en el caso. La medida la adoptó el jefe de la policía santafesina, comisario Osvaldo Toledo, después de que el caso tomara estado público a partir de la denuncia realizada por las víctimas.
Por disposición de la Jefatura de policía provincial, el oficial auxiliar César Caraballo y el agente Ariel Baella fueron pasados a disponibilidad mientras que el sargento ayudante Juan Helguero y el cabo primero Marcelo Cocco continúan siendo investigados por el mismo hecho.
Tras conocer la noticia, Montaño mostró su satisfacción sobre todo por el avance de la investigación que lleva adelante la Dirección de Asuntos Internos. “De a poco se va aclarando el tema que es lo que nosotros queremos: que se termine definitivamente toda esta pesadilla que estamos viviendo desde hace 20 días”, dijo a Diario UNO.
Como se recordará, el hombre radicó la denuncia al día siguiente de lo ocurrido, luego de haber estado detenido durante 17 horas, aún cuando el juez que llevaba la causa dictara su sobreseimiento.
Montaño sigue muy de cerca la investigación que realiza tanto la justicia como Asuntos Internos y sólo busca que se limpie su nombre. Funcionarios de gobierno provincial y hasta el propio vice gobernador electo Jorge Henn, se pusieron a su disposición para aclarar lo ocurrido y demostrar la inocencia de las víctimas.
La noche del allanamiento
Los cuatro policías que están siendo investigados se movilizaban en un Volkswagen Polo blanco sin identificación la noche del 9 de noviembre pasado por calles del barrio Transporte, en la zona norte de la ciudad, en el marco de un procedimiento.
Mientras eso ocurría, Manuel Montaño junto a su esposa embarazada y su pequeña hija estacionaron su camioneta Renault Kangoo frente a una despensa ubicada en calle San Jerónimo con la intención de comprar algo para cenar tras un largo día de trabajo.
Al no conseguir comida, la familia salió del lugar a bordo de su vehículo. Tras hacer algunos metros los policías los encerraron con su auto y dos de ellos bajaron con armas de fuego.
La esposa de Montaño pensó que los iban a asaltar e intentaron huir.
Pero en la persecución recibieron dos balazos que impactaron sobre el vehículo en el que circulaban. Pensando que se encontrarían a salvo al acudir a un lugar concurrido, estacionaron en la esquina de Aristóbulo del Valle y Galicia. Advirtieron allí que no se trataba de un intento de robo, sino de un operativo de la policía.
En forma prepotente, los efectivos vestidos de civiles esposaron a Manuel y lo llevaron a una despensa a la que antes había ido con su familia a comprar una tarta.
Le informaron que se trataba de un procedimiento de Drogas Peligrosas. Pese a reiterar varias veces que se trataba de una confusión y que chequearan su identidad e inocencia, no fue escuchado por los agentes de esa dependencia.
Peor aún, el juez dispuso su liberación una hora después de haberse notificado de los graves episodios pero las fuerzas de seguridad –según el dramático testimonio brindado a Diario UNO– lo mantuvieron detenido durante 17 horas.
En el interín, la policía quiso hacerle firmar un acta en la que se lo acusaba de haber disparado contra los efectivos y de haber arrojado unas “bolsitas” con estupefacientes que lo vinculaban con el procedimiento.
Investigación interna
Según las pericias y la meticulosa investigación que realiza Asuntos Internos, los disparos que recibió el vehículo en el que circulaba la familia Montaño fueron efectuados por Baella y Caraballo, los agentes pasados a disponibilidad.
Fuentes de esa dependencia admitieron que la investigación continúa ya que se sostiene que Montaño ha sido “víctima de una irregularidad por parte de la ex Drogas Peligrosas. “En principio está claro que hubo un exceso y un abuso en los métodos con los que se detuvo a este hombre por los disparos que se efectuaron a la camioneta”, admitieron.
Las causas
Tras los hechos mencionados, Montaño quedó en medio de dos causas: una federal, acusado de haber ido hasta la despensa de Luna a comprar drogas; y otra provincial, contra él, imputado de atentado a la autoridad.
En ese marco, el juez federal Francisco Miño deberá resolver si la orden de allanamiento a la despensa por él dictada fue ejecutada en el marco de la ley; y su par provincial, Néstor Troncoso, desgrana el accionar de los agentes cuestionados.
En este orden, el jefe de policía tomó la decisión de pasar a disponibilidad a los dos policías que dispararon sus armas basándose en un informe que el Director de la ex Drogas Peligrosas, Hugo Tognoli, le elevó el 12 de noviembre.
No hay comentarios:
Publicar un comentario