Los datos fueron proporcionados por Niñez, Adolescencia y Familia. Sucedió en el nodo regional. La coordinación sanitaria del área, presentó el nuevo sistema para el abordaje de la problemática.
El nuevo abordaje de esta problemática compleja, compartida con Salud y otras áreas, fue objeto de una polémica entre sectores del oficialismo y la oposición el mes pasado. Sucede que Santa Fe, a principios de 2009, adhirió a la Ley Nacional 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. De ese modo, la provincia se transformó en el primer Estado federal argentino en suscribir una legislación de avanzada, que contiene los principios y derechos emanados de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y se adecua a la Constitución Nacional de 1994. La ley provincial que determinó esta adhesión es la 12.967.
Esta legislación suprimió instituciones arcaicas, como el patronato de menores, que había sido concebido hace más 90 años en Argentina. La nueva legislación, en cuya construcción participaron distintos estamentos de la sociedad civil y fue votada tanto por el oficialismo como por la oposición, instauró una nueva mirada sobre la problemática de la violencia infantil.
En ese marco, el Ministerio de Salud, a través del Nodo Santa Fe, presentó el “nuevo sistema para el abordaje de la problemática que supone una mejora sustancial en materia de accesibilidad a partir de la descentralización. Hoy cualquier vecino puede acudir a su centro de salud barrial, que es la puerta de ingreso para empezar a tratar este flagelo social”, aseguraron.
“Las leyes no cambian la realidad inmediatamente, pero cambian la mirada con la cual se abordan los problemas y cambian la percepción de sí mismos que tienen los sujetos. No es lo mismo ser sujeto de derecho y poder reclamar, hacer exigibles esos derechos, que no poder hacerlo. Las leyes sirven para fijarse un horizonte, para caminar, para soñar lo mejor que la sociedad piensa o quiere de sí misma. A partir de la Ley Provincial 12.967, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, sancionada en marzo de 2009, se abrió la puerta a una nueva praxis estatal en el tratamiento del maltrato”, agregaron.
El nuevo sistema provincial, adoptó una lógica de funcionamiento diseñada esencialmente para el cumplimiento de los objetivos de la nueva ley, basada en los principios más modernos de la legislación internacional. “No se trata de un modelo antojadizo, sino de una construcción cuyo objetivo central es adecuar el quehacer de los distintos organismos públicos al nuevo paradigma, en la que el abordaje de la problemática pone al Estado en el centro de la escena, como garante central en el cumplimiento de los derechos de los niños maltratados, a partir de un abordaje multidisciplinario e integral”, describieron.
En este marco, se abandonan las concepciones esencialmente medicalizadoras y punitivas que dejaban en segundo plano aspectos relativos al mundo afectivo, ya que dominaba la concepción tendiente a separar a los niños de todos sus parientes, por considerarlos esencialmente peligrosos. “Esto derivaba muchas veces en la pérdida de identidad afectiva, la falta de contactos con seres queridos no vinculados a los hechos violentos, por largos períodos de tiempo, en ocasiones años. Además del maltrato, los niños sufrían esa reclusión a partir de la institucionalización, con la excusa de separarlos de las personas potencialmente violentas”, explicaron desde el Nodo.
Según este organismo, la institucionalización no es la primera respuesta que debe darse a un niño y a su familia, sino que se tiene que trabajar para evaluar lo que está pasando en ese grupo familiar, qué es lo que está dificultando el desarrollo integral del niño o la posibilidad de criarse en ese marco familiar y evaluar otras alternativas. “Hay niños que pueden llegar a estar en familias de tránsito o junto a otros miembros de la familia ampliada, pero no es la institucionalización el modo de resolver hoy la situación de vulneración de los Derechos del Niño”, agregaron.
Para el Nodo Santa Fe de Salud, “la integralidad como concepto implica trabajar junto a otros, construir corresponsabilidad. Concurren así al tratamiento del maltrato las áreas de Salud, Desarrollo Social, Educación, seguridad y los gobiernos locales, los que junto con las familias articulan un trabajo para revertir la problemática”.
Así, la integralidad en el tratamiento supone el seguimiento de los niños afectados por profesionales de distintas áreas (psicólogos, profesores de arte, educación física, médicos, asistentes sociales, etc.) posibilitando el acceso de los niños a derechos (identidad, educación, salud, de recreación). Estos derechos tienen que ser garantizados por acciones del Estado, según dispone la Ley 12.967.
“El nuevo sistema, que está creciendo «desde el pie», es una etapa que supone la transición de lo «viejo» hacia lo nuevo que está naciendo, supone un esfuerzo enorme en la lucha contra una problemática compleja, una mejora sustancial en materia de accesibilidad, ya que a diferencia de otras épocas, donde el tratamiento de estas problemáticas se centralizaba en un sólo efector, dificultando la llegada de familias con carencias económicas, hoy cualquier vecino puede acudir a su centro de salud barrial, que es la puerta de ingreso para empezar a tratar este flagelo social”, enfatizaron desde el Nodo.
En la práctica, se trata de un modelo de trabajo en el cual el problema del maltrato o abuso se toma desde donde ingresa, desde el centro de salud. El centro de salud hace el primer contacto con el niño afectado y es el que dispara todas las relaciones con la Subsecretaría de Infancia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, y en el área Salud con equipos de trabajo (el equipo del centro de salud que hace nexo con equipos de fortalecimiento, que van pivoteando en el territorio y ayudan y colaboran con los centros).
“Hoy se están mejorando estos dispositivos organizativos que fueron armados desde lo teórico pero en ocasiones cuesta instalar en la práctica, porque existe una transición desde que se va desarticulando la cultura de patronato, que tiene una práctica en el país de casi cien años, la lógica de sanción reclusiva, de biologización del problema del maltrato”, agregaron en ese sentido desde el organismo.
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