La nueva norma catalana declaró "nulos y sin ningún efecto jurídico" todos los consejos de guerra por causas políticas en Cataluña entre 1938 y 1975.
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La nueva norma catalana declaró "nulos y sin ningún efecto jurídico" todos los consejos de guerra sumarísimos por causas políticas en Cataluña entre 1938 y 1975.
Las condenas de muerte de los anarquistas Salvador Puig Antich y Joan Peiró, del ex presidente catalán Luis Companys, o del dirigente Manuel Carrasco i Formiguera, quedarán anuladas y el departamento de Justicia del gobierno catalán será el encargado de expedir el respectivo certificados a los familiares de estas víctimas y referentes de la lucha antifranquista.
De esta forma, la denominada "Ley de Reparación Jurídica de las Víctimas del Franquismo", pretende reconocer a personas que lucharon por la libertad contra el fascismo.
La iniciativa fue impulsada por la coalición indepedentista Junts pel Sí, los anticapitalistas de la CUP y Catalunya Si que es Pot, los aliados de Podemos. A pesar de que ni Ciudadanos, ni los socialistas ni el Partido Popular (PP) se opusieron frontalmente, advirtieron que la ley podría ser tumbada por el Tribunal Constitucional español, debido a que el parlamento catalán no tiene competencias en esta materia.
"78.331 procesados, 3.358 ejecutados. Por ellos y ellas nos hacemos soberanos y anulamos sus juicios. Y que vengan a recurrir y que nos suspendan tantas veces como quieran (...) Que corran al Constitucional", aseguró Mireia Boya, diputada de la CUP, durante el debate.
"No nos hablen de amnistías o transiciones. Los crímenes contra la humanidad no prescriben", apuntó Montserrat Palau, de Junts pel Sí.
"Fueron procesos injustos e ilegales. Tenemos que superar este déficit democrático y reparar a las víctimas", añadió la diputada independentista, quien espera que el Alto tribunal no suspensa de esta ley porque "no puede legitimar la justicia franquista".
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