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El Litoral
Luis Rodrigo
La Cámara Alta santafesina tenía el tema en carpeta antes de que el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, se reuniera -junto a sus pares provinciales- con el ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación, Alfonso Prat Gay.
El 1º de septiembre comenzó la discusión en el Senado de un proyecto que firmaron los justicialistas Alcides Calvo (Castellanos), Rubén Pirola (Las Colonias) y Danilo Capitani (San Jerónimo) que disponía la adhesión al blanqueo. El 12 de este mes, fue el funcionario nacional quien lo recomendó a las provincias.
En la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Calvo, el expediente cobró desde entonces más actividad y de dos artículos que se limitaban a la adhesión, se pasó a doce. La decena impone ciertas condiciones locales para quienes quieran contar con los beneficios de la Ley Nacional Nº 27.260.
En pocas palabras, para ingresar al blanqueo dispuesto por la Casa Rosada desde Santa Fe también se deberá pagar un derecho a la Provincia, entre otros requisitos.
La media sanción que pasa a Diputados logró la unanimidad del Senado. Y fijó una escala: para una “exteriorización de fondos” inferiores a los 5 mil no habrá obligaciones tributarias en Santa Fe, pero a partir de ese monto se abonará el 1%, en concepto de impuesto a la Provincia.
Para favorecer la producción (antes que la especulación financiera) no habrá gravamen si al menos el 60% del total blanqueado se reinvierte en la provincia.
Y deberá probarse que esa proporción del dinero a ingresar al sistema bancario permanecerá al menos cinco años en la provincia financiar proyectos de infraestructura, inversión productiva, inmobiliaria o en energías renovables; o suscribir o adquirir fondos de inversión destinados a los mismos tipos de proyectos.
De todo lo recaudado se coparticipará el 13% a municipios y comunas y el resto se destinará al Fondo de Infraestructura Vial.
Libres de culpa y cargo
Quienes blanqueen quedarán liberados de toda acción civil y delitos previstos por la ley, salvo que los bienes involucrados estén en proceso de discusión administrativa o judicial.
El procedimiento será garantizado por el secreto fiscal: tanto para quienes ingresen en esta alternativa como para quienes vayan a ventanilla a formular consultas o trámites (y no concreten el blanqueo).
Más aún, uno artículo expresamente dice que quienes blanqueen “no estarán obligados a brindar a la Administración Provincial de Impuestos información adicional a la contenida en la referida declaración, con relación a los bienes y tenencias objeto de la misma”. No tendrán que dar demasiadas explicaciones.
Impuestos
El artículo 5to dice que si la Administración Provincial de Impuestos “detectara cualquier bien o tenencia que hubiera estado sujeta al pago de gravámenes provinciales y respecto de los cuales no se formalizara la exteriorización” prevista por la Ley Nacional Nº 27.260 “se privará al sujeto de los beneficios de la liberación de los impuestos y tasas que hubiere correspondido declarar e ingresar a la jurisdicción de la Provincia de Santa Fe”.
A tal fin, Santa Fe “conserva la totalidad de las facultades que le confiere el Código Fiscal (Ley Nº 3.456 dto. 2014 y sus modificatorias)”, aclara.
“En sintonía”
En la sesión del jueves, Calvo adelantó desde su banca que con Diputados “hay un acuerdo para que el proyecto (de su autoría) sea aprobado tal cual le dimos media sanción”.
El senador de Castellanos explicó además que “en términos generales, se trata de cumplir con un principio que fue dado desde el gobierno nacional y Santa Fe no podía ser la excepción si queremos tener una cierta sintonía. El principal objetivo es estar en concordancia con el gobierno nacional”, expresó.
Tras destacar la labor de los legisladores, sus asesores, y el diálogo con el gobierno provincial, informó que el ministro de Economía santafesino, Gonzalo Saglione, acordó con los senadores los cambios al proyecto inicial.
En los fundamentos, antes de la decisión de la Casa Gris de apostar por el blanqueo, Calvo había advertido que si la Provincia no se suma a la norma nacional “los adherentes al régimen de sinceramiento fiscal residentes en Santa Fe estarían en una situación de asimetría con relación al resto. No contarían con los mismos incentivos a blanquear porque la provincia podría reclamarles los impuestos provinciales por los períodos no prescriptos. Pero la preocupación no reside fundamentalmente en los sujetos que blanquean, sino en la provincia que dejaría de percibir un flujo de ingresos a futuro derivado de todos los impuestos provinciales a cobrar sobre los bienes exteriorizados”.
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