El proyecto impulsado por el edil Carlos Suarez (UCR-FPCS), que propone que se convoque desde el órgano legislativo local a una mesa de trabajo para abordar la problemática de las viviendas usurpadas, recibió el visto bueno del Concejo Municipal.
El edil apuntó que “hay inmuebles que por su estado de abandono son ocupadas por individuos o familias, y si bien en muchos casos se trata de ciudadanos de bien también ocurre que en esos espacios se mezclan personas de mal vivir y, a costa de ellos, florecen actividades ilícitas”.
“Lo ocurrido semanas atrás con un inmueble ubicado en calle Mendoza al 2700 es una muestra de esta situación que no debemos abordar mas allá de las jurisdicciones y competencias, para eso necesitamos coordinar esfuerzos”, indicó Suarez.
Suarez evaluó que “la realidad nos demuestra que ante la necesidad de abordar una situación compleja, que puede comenzar como una cuestión entre particulares y judiciable, usurpación de un inmueble, puede por diferentes circunstancias transformase en una cuestión que impacta en su entorno, requiriendo la intervención del municipio y hasta la provincia; si esa intervención, no es coordinada, articulada muchas veces se entorpece el proceso general por competencias individuales”.
En tal sentido, el edil radical señaló que “entendemos que la mejor forma de abordar estos temas es generando un espacio de trabajo articulado entre los diferentes niveles del Estado y los diferentes poderes, permitiendo a cada uno hacer su aporte en la temática e involucrando al poder judicial, como poder decisorio final en aquellas cuestiones controvertidas o judicializadas”.
Precedentes
El Concejo hay en un proyecto impulsado por el presidente del cuerpo, Leonardo Simoniello, que tiene como objetivo identificar y abordar estas situaciones (denominadas “caries urbanas”) para que, conociéndolas, se pueda actuar sobre ellas e ir reduciéndolas acorde a las incumbencias que les corresponden a los distintos actores del Estado.
Trabajo conjunto
La intención es integrar al espacio de trabajo y coordinación a representantes de las secretarías de Control y de Desarrollo Social de la Municipalidad; del Ministerio de Desarrollo Social y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia; de la Defensoría del Pueblo y de la justicia.
Por último, Suarez expresó que “es nuestra aspiración también que en ese espacio se pueda crear un protocolo de actuación que determine las acciones a seguir de manera inmediata cuando surgen estos casos”.
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