Después de idas y vueltas con acusaciones infundadas sobre el personal policial que incluyo la presencia de agitadores y organizaciones afines se estableció que “había al menos otros 18 casos” según relato la propia madre de la niña y que se lo habían comentado en al Comisaría de la Mujer”.
La pregunta que deriva casi obligadamente: ¿Por qué el Ministerio de Seguridad no informó como debe a la población? Porque a esta altura de las circunstancias esto es innegable; SABIAN Y CALLARON.
Las consecuencias de esta actitud reprochable del gobierno de Lifschiftz es todas estas violaciones que devinieron una tras otras hasta que esta madre denunció y tomó vuelo mediático quizás solapadamente con la idea de los detractores de siempre de encontrar algún policía involucrado.
La verdad es que dan asco como se manejan estas cuestiones. El derecho a la información es también un derecho humano elemental en las sociedades modernos y acá se sigue violando pensando en el 2017 y sus candidaturas quizás.
Esta es la dirigencias política que nos gobierna. Un espanto.
La fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de Rosario, Carla Cerliani, debería también dar la cara y explicarnos porque no lo hizo y de suyo el Fiscal Regional Baclini que ni aparece a no ser por un convite del gobierno.
Hoy dicen que: “La adolescente casi no habla. Se mantiene aferrada a sus familiares mientras continúa internada en el hospital Vilela, además de contar con asistencia psicológica”. Para ella la vida cambio para siempre y los otros casos que siguen ocultos en los expedientes de los burócratas también.
¿Será que a alguno le queda algo de pudor y se dignara a renunciar?
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