Seis de los siete concejales de la comisión de Gobierno, donde se analiza el tema no tienen posición tomada. La problemática volverá a ser tratada el martes en el Palacio Vasallo.
La Capital |
A principios de julio, antes del receso de invierno, la comisión de Obras Públicas le había dado despacho favorable al proyecto consensuado entre Chale y varias organizaciones no gubernamentales que trabajan por la seguridad vial.
La iniciativa prohíbe tomar alcohol a los automovilistas y establece fortísimas sanciones económicas, de hasta 10 mil pesos para los infractores, según la gradualidad de la ingesta y la reincidencia. También contempla cursos obligatorios de seguridad vial e inhabilitación provisoria para conducir.
Ya en la primera semana de agosto, los ediles que integran la comisión de Gobierno comenzaron a recibir a especialistas en la materia, empresarios gastronómicos y referentes de las organizaciones no gubernamentales.
Las opiniones recogidas estuvieron muy divididas. Hubo reparos legales, como los planteados por el Colegio de Abogados que advirtió sobre la colisión de la norma con la ley nacional de tránsito y avisó sobre una avalancha de eventuales juicios, incluso por el valor confiscatorio de las multas.
También se escucharon objeciones por posibles situaciones de "falsos positivos", de casos de automovilistas que no tomaron alcohol pero el test de alcoholemia puede dar 0.2 por cuestiones químicas del organismo o por la ingesta de determinado medicamento.
En paralelo, también hubo muchas voces a favor de quienes avalan la idea de eliminar todo factor de especulación respecto a la cantidad de copas de alcohol que se pueden tomar sin que de positivo el test. De esta forma, señalaron, bajará la siniestralidad y los accidentes graves.
Ante este escenario, Chale anticipó a La Capital que promoverá "darle un cierre al debate en las próximas dos semanas. Se han escuchado muchas opiniones, hay otros actores ya invitados para que se expresen, pero en algún momento hay que llevar el tema al recinto y definirlo".
Votos esquivos. Sin embargo, sacar el despacho en la comisión de Gobierno no será sencillo. Seis de sus siete integrantes aún no tienen posición tomada, y muchos se inclinan por no acompañar el texto tal cual fue redactado.
Dos de los indecisos son los radicales frentistas Martín Rosúa y Daniela León. Ambos le hicieron saber a Chale que adhieren conceptualmente a la idea pero tienen reparos desde lo técnico y respecto a su efecto en la disminución de los accidentes.
Los ediles del PRO Rodrigo López Molina y Carlos Cardozo están más cerca de votar en contra. Entienden que el problema de la conducción peligrosa por ingesta de alcohol se da en los altos niveles y no en los más bajos.
"Hay que mejorar e intensificar los controles sumando aparatos, ya que la ciudad tiene sólo 5 alcoholímetros y no poner el eje en quienes tomaron una copa", señalaron sus asesores.
Desde el PPS, Lorena Giménez esperará un dictamen solicitado por el presidente de su bancada, Héctor Cavallero, a la cátedra de Toxicología de la Facultad de Bioquímicas de la Universidad Nacional de Rosario.
El presidente de la comisión de Gobierno, el radical Jorge Boasso, cuestionó con dureza los valores de las multas y ya tuvo reparos públicos al proyecto de Chale.
El kirchnerista Sukerman sería el único ya decidido a acompañar con su firma. Desde el bloque del Frente para la Victoria confirmaron a este diario que sumarán sus dos votos a la iniciativa.
No obstante, la mayoría de las voluntades para que el proyecto supere la comisión de Gobierno y llegue al recinto está lejos de aparecer; y así, el proyecto que pugna por implementar la alcoholemia cero en Rosario no parece encontrar los caminos adecuados para convertirse en ordenanza.
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