El juez civil Alberto Bonino citó para el jueves a varios organismos de la municipalidad de Rosario, provincia y nación con la premisa de que aporten una solución final al desalojo que Belgrano Cargas pretende sobre ocupantes de vías del ferrocarril.
/Rosario 12 |
Concepción tiene 60 años. Llegó desde Perú hace siete, y se instaló con sus dos hijas y un nieto en un terreno de barrio San Francisquito, que la empresa Belgrano Cargas reclama en la justicia, ubicado junto a la trocha angosta del ferrocarril, en la manzana de Cafferata, San Nicolás, Virasoro y Gálvez, cerca del Mercado de Concentración. La mujer vino detrás de sus hijas, estudiantes de Enfermería y Administración de Empresas, porque "aquí la facultad es gratuita". Con mucho esfuerzo, construyeron una casita de "materiales nobles" -como destaca Concepción- en un espacio que compró, como otras 19 familias que se instalaron allí. El mes pasado, la Justicia estuvo a punto de desalojarlos con la policía en dos oportunidades, como había sucedido años atrás, pero la medida fue suspendida por el juez civil y comercial Alberto Bonino. La primera vez, fue a pedido de la Defensoría de la Niñez, ya que en el predio residen casi 30 niños; y la segunda, gracias a la resistencia pacífica de los vecinos. Este jueves se realizará una primera audiencia en Tribunales, para la que el magistrado convocó a áreas del municipio, provincia y nación además de organizaciones sociales y no gubernamentales y a representantes de las familias afectadas, con el fin de evaluar salidas alternativas. Se esperan propuestas del Estado.
La instancia de negociación fue confirmada a Rosario/12 por el juez Bonino. Será a las 10 de la mañana del jueves. Al encuentro formal están citadas autoridades de las secretarías de Derechos Humanos de la Municipalidad y la provincia, la Secretaría de Promoción Social y Dirección de Vivienda y Urbanismo municipales; por la provincia, irán también representantes de la Defensoría de la Niñez, Desarrollo Social y Dirección Provincial de Vivienda; mientras que a nivel nacional fueron citados el Ministerio del Interior, la Secretaría de Transporte y Ministerio de Desarrollo. Por otro lado, habrá un representante de cada familia y sus abogados; como así también responsables de Belgrano Cargas.
"La idea es generar, en el marco de una instancia judicial, la construcción de una salida alternativa, con viviendas; por eso pedimos que fueran citados estos organismos", adelantó el abogado Salvador Vera, de la ONG Casa de Todos, en representación de los vecinos.
Ayer, los afectados cocinaron pollo a la peruana para vender las porciones y reunir fondos para comprar caños de cloaca y vivir en mejores condiciones. "Queremos mejorar la calidad de vida, sobre todo por los chicos", relató Leo, otro de los vecinos. "Estamos expectantes y con mucha incertidumbre sobre lo que puede llegar a pasar. Esperamos que haya alguna propuesta sólida del Estado. No queremos que nos manden a la Zona Cero, porque allá no llegan ni los colectivos y la mayoría de nosotros estudia y trabaja, y ni siquiera tenemos vehículo. Necesitamos una respuesta definitiva", dijo el hombre.
Concepción fue más allá. "Esto era un basural antes de que nosotros llegáramos. Los vecinos de la zona nos agradecen porque aquí no hay más ratas. Nosotros hicimos nuestras casas después de haber pagado a un particular entre 5 y 10 mil pesos, según los casos. Son casas dignas, aunque queremos hacer arreglos, pero no sabemos qué hacer ahora", dijo la mujer, que mantiene el acento peruano y un trato amable. "Estamos preparados para la reunión del jueves, y vamos a estar todos, porque queremos un lugar digno. No somos animales para que nos desalojen", reclamó.
La empresa Belgrano Cargas inició el litigio contra los ocupantes en 2009. Antes de la audiencia judicial que se realizará en tres días, los vecinos resistieron dos desalojos en septiembre pasado. El primero fue el 12, cuando antes de que se cumpliera la orden del juez Bonino por pedido de la empresa Belgrano Cargas, Defensoría de Niñez y Adolescencia presentó un recurso -basado en los derechos de los menores- y logró que se suspendiera la medida por algo más de diez días. La idea era que en ese tiempo se garantizara que los 28 niños que integran el grupo no fueran expulsados a la calle. "No nos echen, somos niños que vamos a la escuela", se leía en uno de los carteles que pintaron por aquellos días.
Cumplido ese plazo, el 23 de ese mes, los vecinos resistieron pacíficamente el desalojo, acompañados por organizaciones sociales, concejales y diputados; y Belgrano Cargas aceptó que la Justicia posponga el desalojo, sin fecha, a cambio del compromiso de los vecinos y de una ONG a presentarse en la causa y exigir la intervención de los tres niveles de Estado para encontrar solución al déficit habitacional, que afecta a casi 90 personas en esa zona de San Francisquito.
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