El vicepresidente Amado Boudou apelará a fines de la semana próxima su procesamiento en el caso Ciccone, con fuertes acusaciones al juez federal Ariel Lijo, mientras la presidenta Cristina Kirchner deberá definir el futuro de número dos de su gobierno.
El abogado del vicepresidente, Diego Pirota, señaló que la decisión del magistrado "no sorprendió para nada" en el entorno del titular del Senado, ya que la resolución "estaba escrita desde hacía mucho tiempo", por lo que recurrirán a la Cámara en los próximos días para que revise el fallo.
"A fines de la semana que viene vamos a apelar el procesamiento", anunció Pirota, un día después de que Boudou, quien se encuentra de gira oficial en Cuba, se convirtiera en el primer vicepresidente argentino en ejercicio en ser procesado por un acto de corrupción.
El abogado consideró además, que "el juez tenía una decisión tomada" y sostuvo que "nadie cita a indagatoria a alguien con una resolución ya redactada. No nos sorprendió para nada, lo venimos hablando hace semanas, y sólo esperábamos el día para ponernos a trabajar. El juez sacó una resolución de 333 hojas. Esta decisión no la tomó Lijo ni en dos días ni en tres, sino que está escrita hace mucho tiempo".
Respecto a la ampliación de la declaración indagatoria que había solicitado Boudou para el próximo viernes, Pirota dijo que ahora no saben "si se va a hacer" y, en este sentido, denunció que Lijo declaró el procesamiento "para evitar que el vicepresidente le pueda decir algo que pueda frenar esta causa".
"Esta resolución va dirigida a los periodistas, no a los abogados de la causa. Está redactada para los medios sin interesar lo que las partes digan", agregó el letrado, quien sostuvo además que "es muy fácil defender a Boudou desde lo jurídico, pero el problema es que lo jurídico no cuenta".
Para el juez Lijo, el vicepresidente Boudou habría aceptado como soborno el 70 por ciento de las acciones de la imprenta Ciccone para hacer negocios en beneficio propio, y se interesó en los trámites para levantar su quiebra: por eso lo procesó por cohecho pasivo (que implica recibir coimas) y negociaciones incompatibles con su función, delitos que se castigan con una pena de seis años de cárcel como máximo.
Según Lijo, Boudou actuó con su socio y amigo José María Núñez Carmona, y se valió del contador Alejandro Vandenbroele como su testaferro, quien se quedó con la empresa Ciccone a través de la firma The Old Fund. Esta decisión implica un fuerte impacto político para el gobierno, y la presidenta deberá decidir qué resolución toma respecto de la situación de su vice: no sólo la oposición sino también varias voces del oficialismo habían pedido que Boudou dé un paso al costado para descomprimir tensiones.
La presidenta recibió la noticia en Santa Cruz, adonde viajó el viernes para pasar el fin de semana y, en principio, el primero que deberá responder como voz oficial tras la decisión del juez será el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en su conferencia de prensa de mañana.
Por lo pronto, el titular del Senado tiene previsto permanecer en el exterior hasta el próximo miércoles: estará en Cuba hasta mañana, aunque durante el fin de semana no tiene previstas actividades oficiales, y luego viajará a Panamá para asistir a los actos de cambio de mando presidencial, en los que asumirá como nuevo jefe de Estado Juan Carlos Varela.
Por su parte, el fiscal Jorge Di Lello elogió la decisión del juez Lijo: "Tengo satisfacción porque creo que con todas las dificultades y con todos nuestros defectos, el Ministerio Público y la Justicia federal cumplió con su convicción de hacer lo que debía", sostuvo.
Por otra parte, el fiscal del caso Ciccone también se refirió a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que también se sigue contra el vicepresidente y vaticinó que "para septiembre u octubre próximos puede haber elementos suficientes para ver si el licenciado Boudou dé explicaciones sobre sus fondos".
DIARIO UNO.
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