Aguas Santafesinas (Assa) solicitó al gobierno provincial un aumento tarifario del 42 por ciento. La intención de la empresa es aplicar el incremento en dos etapas: un 21 por ciento en el quinto bimestre del año y el 21 restante en el último bimestre de 2014. Incluso el propio gobernador Antonio Bonfatti avaló ayer el aumento propuesto por la firma y dijo que “es justificado” como consecuencia de la inflación. “Nadie dijo nada con el incremento del 37 por ciento de los combustibles”, comparó el mandatario.
Por otra parte, la empresa expuso que si se concreta el incremento tal cual lo solicitó Assa sólo se estaría cubriendo el 75 por ciento de los gastos operativos y que necesitará de aportes del Tesoro para financiarse.
En tanto, el presidente del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), Oscar Pintos, le dijo a Diario UNO que las distintas gerencias del organismo ya comenzaron a evaluar la información y antecedentes brindados por la empresa y que paralelamente ya se convocó a las audiencias públicas – más información en www.enress.gov.ar– para las ciudades de Rosario (22 de julio), Santa Fe (24 de julio) y Reconquista (29 de julio).
Al ser consultado sobre su parecer acerca de la cifra que solicitó la empresa, Pintos aclaró: “Desde el punto de vista de los números todavía estamos en una etapa de análisis. Esa cifra (en referencia al 42%) es solo la propuesta que hizo la empresa que adjuntó información con la cual sostiene esta cuestión. Pero nosotros todavía estamos estudiando cuál fue el impacto del proceso inflacionario en la estructura de costos”.
Además, Pintos dijo que cuando se analiza un aumento tarifario no sólo hay que fijarse en cuánto variaron los costos por la inflación, sino también cómo fue el desempeño de la empresa en puntos críticos que fueron planteados en resoluciones anteriores. “En esos casos se evalúa cuál fue el nivel de cumplimiento, cuáles fueron los motivos en los que no se pudo concretar, entre otras cosas. Porque eso también forma parte del análisis que hace el Enress junto con la opinión que se recoge del usuario sobre la calidad de la prestación del servicio en las audiencias públicas”, explicó.
Esas instancias de participación no son vinculantes, por lo que no tienen una incidencia directa en la decisión de cuánto se incrementan las tarifas. Sin embargo, son el ámbito natural donde los ciudadanos pueden expresar y argumentar sobre cuestiones relativas al servicio. Incluso esos cuestionamientos muchas veces terminan formando parte de resoluciones que la empresa luego debe cumplir.
“Todos saben que nadie convoca a una audiencia pública para ver si se otorga o no un aumento; nadie va a una audiencia a aplaudir un aumento, sino que se sondea en los usuarios cuáles son los principales problemas que detectan en calidad de servicio, continuidad, generalidad, entre otros indicadores con los que se determina la calidad del servicio”, indicó Pintos.
Al ser consultado sobre si el aumento de costos también estaba relacionado a un aumento en la producción de la empresa, el presidente del Enress dijo: “Toda empresa, cuando tiene un incremento en las conexiones, siempre tiene un aumento en los volúmenes de agua producida. También hay cuestiones estacionales que influyen en eso. En principio, si los números que presenta la empresa en cuanto a niveles de producción y consumo de elementos necesarios para la potabilización guardan relación, va a ser motivo de una conclusión del organismo. Todo eso se analiza”.
Pero al mismo tiempo, Pintos expuso: “Está claro que todo lo que se produce no va al usuario, si no que también hay fugas en calzada, en la red que ya tiene muchos años y genera pérdidas que son difíciles de reparar, lo que se ve en los corralitos que hay en las calles. Eso también forma parte de los costos y no siempre puede ser trasladado a la tarifa”.
“Eso también forma parte del análisis de pertinencia de la solicitud de aumento tarifario y eventualmente del porcentaje que se puede otorgar conforme a los niveles inflacionarios y a los desempeños que se tiene en los distintos frentes que hacen al servicio”, añadió.
Otra de las discusiones que se va a poner en la mesa tiene que ver con los distintos requerimientos que plantearon los usuarios en las audiencias públicas anteriores y que el ente recopiló e introdujo en diferentes resoluciones que Assa se comprometió a cumplir.
En ese sentido, una de las cosas que está claramente identificada es la necesidad de la colocación de elementos de micromedición. “Los micromedidores domiciliarios representan un acto de justicia porque, en primer lugar, la gente paga lo que consume, en lugar de tener una tarifa atada a la cantidad de metros cadrados cubiertos que tiene en su propiedad. Y, en segundo lugar, esto también apunta a un uso más racional del agua. Sabiendo que el agua está medida y que uno paga de acuerdo a lo que consume, la gente va a hacer un ahorro para que no le afecte al bolsillo. Ese es un elemento que va a ayudar a que la cantidad de agua que hoy se produce pueda ser mejor distribuida en base al ahorro que hace el usuario al pagar por lo que consume”.
Los argumentos de la empresa
El presidente de Assa, Sebastián Bonet aclaró a UNO Medios que, de aplicarse la revisión tarifaria en los términos solicitados, para los dos últimos bimestres del año, “el ajuste representará un 10,5 por ciento en la tarifa anual para el período 2014”. El funcionario remarcó que tras la suba tarifaria los 636 mil usuarios residenciales de Assa recibirán en promedio “una factura de 75 pesos mensuales, lo que representa un incremento de 22 pesos mensuales respecto a lo que se paga actualmente”.
Según Assa, para el 70% de los usuarios la nueva factura mensual “no será superior a los 60 pesos, con un incremento por debajo de los 18 pesos mensuales”. En 2013, la empresa cerró su ejercicio con un déficit operativo de algo más de 121 millones de pesos. La brecha entre ingresos por facturación y gastos para este año se proyectó en 317 millones, de no ajustarse la tarifa. Esto significa que los recursos propios sólo llegarían a cubrir el 63 por ciento de la operatoria.
El déficit de este año se basa en: trabajos y servicios de terceros, 58%; insumos químicos, 52%; materiales y repuestos, 50%; mantenimiento y reparaciones, 46%; combustibles y lubricantes, 41%; sueldos y cargas sociales 30% (pauta provincia); energía, 14%. Con todos los números en la mesa, finalmente la decisión quedará en manos del Ejecutivo.
DIARIO UNO.
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