La inseguridad dominó la agenda. Fuerte expresión de respaldo a los funcionarios que sufrieron graves intimidaciones y críticas al traslado de policías desde pueblos del interior a Rosario.
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| Rubén Pirola se quejó del traslado de efectivos policiales del interior a la ciudad de Rosario. Hugo Marcucci, coautor del proyecto originado en el caso Vurcharchuc |
Por unanimidad y sobre tablas, los senadores aprobaron un proyecto de comunicación que “manifiesta su preocupación por las actuaciones judiciales llevadas adelante por la Sra. fiscal de Santa Fe, Dra. Milagros Parodi, en la causa Leandro Enrique Vurcharchuc, expresando se preste especial cuidado y atención frente a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas”.
En una sesión dedicada en buena parte a los problemas de inseguridad que viven los santafesinos, la Cámara Alta decidió fijar esa posición, a propósito del sonado caso del fotógrafo que posee un comercio en Blas Parera al 7200, quien vivió dos días tan violentos como increíbles.
El martes 11 sufrió un asalto a mano armada a cargo de un ladrón que lo sorprendió por su aplomo y porque aceptó no llevarse algunas de sus pertenencias. El fotógrafo y comerciante creyó que todo había terminado cuando el ladrón, en la puerta del negocio, fue detenido por la policía, armado y con el botín en su poder. Sin embargo, al día siguiente, el mismo delincuente volvió al local y tras decirle “¿te acordás de mí?”, le reclamó dinero “porque la policía me maltrató y por el momento que pasé”.
La objeción del Senado para con la fiscal, que resulta -por su carácter público- en una recomendación general para todos los fiscales, pone el acento en la situación de “vulnerabilidad de las víctimas”.
Ayer, en diálogo con El Litoral, Vurcharchuc expresó su indignación por advertir que no habían pasado 24 horas desde el asalto hasta la liberación del ladrón. Y recordó que ya una vecina lo había identificado como “la persona que golpeó a su marido tratando de ingresar a la casa para robarle; esto pasó hace un par de días y las víctimas son personas mayores”.
“Permisividad”
La comunicación fue firmada por los senadores radicales Hugo Marcucci (La Capital) y Lisandro Enrico (General López), y obtuvo el inmediato respaldo de sus pares de la oposición mayoritaria y del oficialismo.
Cabe recordar que la fiscal Parodi, para no recomendar al juez que determine la detención o, en su caso, dicte la prisión preventiva, señaló que el malviviente “no tenía antecedentes” y que el arma “no funcionaba”. La figura penal que se utilizó en este caso fue la de “tentativa de robo”.
Desde su banca, Marcucci aclaró que “no se duda de la capacidad de la fiscal de Santa Fe, Milagros Parodi, ni de la idoneidad de los fiscales generales y/o regionales”. Pero remarcó que en el sistema penal “el fiscal debe rendir cuentas de lo actuado y ser muy celoso y diligente en defensa de la víctima porque no puede ser que quien delinque tenga tal permisividad, más teniendo en cuenta que el nuevo Código Procesal Penal resalta el acompañamiento a las víctimas, además de su plena participación en el proceso”.
El dato
Traslados
Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) se quejó del traslado de efectivos policiales del interior a la ciudad de Rosario. Pidió no desproteger a las localidades más pequeñas del interior para cuidar a la urbe que sufre mayores problemas. Con los mismos argumentos, el radical Lisandro Enrico logró el consenso de sus pares para que -en fecha a definir- los senadores se reúnan con el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, y el director del Instituto de Seguridad Pública (Isep), Aniceto Morán.
Repudian amenazas a Lamberto y Drivet
El socialista Miguel Lifschitz fue ayer el primero en hablar sobre las amenazas e intimidaciones que sufrieron el ministro de Seguridad provincial, Raúl Lamberto, y el secretario del área, Matías Drivet.
A la intervención del ex intendente de Rosario en la Cámara Alta le siguió una extensa lista de oradores que, en el mismo sentido, se explayaron sobre la necesidad de cerrar filas en las instituciones ante el delito y la gravedad de la situación.
Lifschitz dijo que los últimos hechos despiertan más preocupación cuando se recuerda que nada menos que la casa del gobernador Antonio Bonfatti recibió 14 balazos, y reflexionó: “Nos parecía a los argentinos que la violencia asociada al narcotráfico era un asunto lejano, ajeno a nuestra realidad, pero hoy vemos que ésta ha llegado y que desafía a toda la sociedad”.
Habló de las “complicidades” de una parte de los “organismos de seguridad” y de “otros niveles institucionales” y sostuvo que las amenazas a funcionarios demuestran que “se están tocando intereses mafiosos” en la acción que lleva acabo el gobierno y la Justicia provinciales para combatir el delito.
El justicialista José Baucero pidió que lo ocurrido lejos de amedrentar fortalezca aún más a los funcionarios del ministerio de Seguridad y del Poder Judicial y respaldó, en nombre de todos los peronistas de la Cámara los dichos del socialista.
En la misma dirección, otros senadores electos por el PJ, como Rubén Pirola (ver aparte), Alberto Crosetti y Danilo Capitani sostuvieron expresiones similares.
EL LITORAL.
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