A medida que avanza el proceso de desalojo voluntario del plan habitacional en el Barrio Santa Rita II, se cierra un círculo sobre un reducido grupo de familias que se niega a abandonar el lugar. Quedan 23 viviendas ocupadas.
El Litoral |
A medida que avanza el proceso de desalojo voluntario del plan habitacional en el barrio Santa Rita II, se cierra un círculo sobre un reducido grupo de familias que se niega a abandonar el lugar. Según informaron desde la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, continúan ocupadas 23 viviendas, un número considerablemente menor a las 170 que había en octubre cuando comenzó el procedimiento de entrega de las casas. Entre hoy y mañana se desocuparán otras dos, por lo que restaría pactar con 21 familias. Pero de la última cifra, aparentemente 16 no estarían dispuestas a acordar la salida pacífica.
En diálogo con El Litoral, el director de Vivienda, Pablo Ábalos, no confirmó el número de ocupantes que se negarían a firmar el acuerdo e hizo referencia al total. “Estamos insistiendo con la salida voluntaria. Buscamos lo más beneficioso para las partes porque nosotros también estamos iniciando el proceso de recuperación de las viviendas, colocando los cercos”, explicó Ábalos. A la vez, remarcó que la salida voluntaria “facilita el trabajo a futuro en la búsqueda de una solución habitacional definitiva para esas familias en los planes que lleva adelante el gobierno provincial”.
En Tribunales
Ante la resistencia del grupo remanente, el pasado 26 el abogado Domingo Rondina reactivó un recurso de amparo para solicitar que se cumpla un acuerdo que firmaron el 4 de abril de 2012 con la ex directora provincial de Vivienda, Alicia Pino. Allí se estableció que la DPVyU proveería un programa de acceso a un lote con infraestructura, una canasta de materiales y que el acuerdo sólo caería si se usurpaban los terrenos del programa. Pero tras sucesivos y extensos cruces judiciales, en los que incluso se expidió la Corte Suprema de Justicia, la provincia dio por caído ese acuerdo y se ajustó al proceso de desalojo pacífico a partir de una resolución de la jueza Correccional de la 6ª Nominación, Sandra Valenti.
Por su parte, Pablo Ábalos dijo desconocer la presentación del doctor Rondina. “La propia Justicia desestimó el acta por lo que no existe de nuestra parte consideración alguna. En tal caso, esperaremos a ver qué determina la Justicia ahora”, afirmó. El funcionario insistió en que continuarán con el plan de desalojo voluntario hasta que se agoten todas las instancias posibles de negociación.
Sebastián Saldaña, de la Corriente Clasista y Combativa, es uno de los patrocinados por Rondina e interesado en el recurso judicial. Sobre el acta que intentan reflotar señaló que “la provincia lo desestimó unilateralmente cuando se produjo la ocupación de otro plan habitacional, en barrio Las Delicias”. Hasta hoy, no existió anuncio por parte de la DPVyU respecto del proceso de recuperación de ese complejo.
“Estamos acompañando a las familias desde el primer momento. Queremos que les den una solución de fondo porque con la plata que les dan —12 mil pesos— les alcanza para un alquiler y vuelven a estar en la calle”, remarcó Saldaña y añadió que “de hecho la gente que se fue, está viviendo de nuevo en un rancho”.
En el mismo sentido Ivón, que ocupa una vivienda sobre Calle Chaco, dijo que efectivamente son 16 las familias que no se quieren ir. “Yo tuve la entrevista y no firmé el acuerdo. Acá, hay padres con nenes discapacitados que no se pueden ir a vivir de nuevo a un rancho”, sostuvo. Finalmente, se refirió a que la única alternativa para salir de las viviendas es otra vivienda. “Que nos den un terreno y materiales y nos vamos”, se comprometió.
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