En dos oportunidades los abogados del vicepresidente no lograron hacer valer ese argumento. Pero ahora cuentan con un dictamen favorable de un fiscal, integrante de Justicia Legítima.
El Litoral
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La Cámara de Casación Penal puede dar por terminada la causa judicial en la que se investiga al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por negociaciones incompatibles con la función pública, por haberse interesado en la suerte de la empresa Ciccone.
El ex ministro de Economía está acusado de tener una estrecha relación, de socio y amigo, del abogado Alejandro Vandenbroele ex presidente del directorio del fondo The Old Fund, que adquirió Ciccone Calcográfica, la empresa que fabrica billetes para el Estado y que el gobierno nacional se vio obligado a estatizar ante el escándalo que enfrenta el titular del Senado.
La causa contra Boudou puede caer porque el fiscal de la Casación, Javier Augusto De Luca, dictaminó en favor de un pedido de sobreseimiento que hizo la defensa del kirchnerista.
La decisión está en manos de la Sala IV de la Casación integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemigniani: debe resolver un planteo hecho por Boudou que se denomina “excepción por falta de acción”.
Tercera vez
Por tercera vez (¿la vencida?), Amado Boudou pidió ser sobreseído bajo ese planteo que sostiene que aún no está volcado en la causa judicial el delito por el que se lo investiga.
Primero rechazó ese pedido el juez Ariel Lijo y tras la apelación del vicepresidente, sostuvo lo mismo la Sala I de la Cámara Federal porteña.
Frente a esa decisión, Boudou fue a la Cámara de Casación que deberá decidir en breve. La novedad es que esta vez hay un dictamen en su favor, del fiscal De Luca, un abogado penalista que integra el colectivo judicial kirchnerista llamado Justicia Legítima.
En agosto pasado, De Luca dictaminó a favor de considerar válida la declaración de Laura Muñoz, ex esposa de Vandenbroele quien había señalado a su ex marido como “testaferro de Boudou” y luego la misma Sala IV de la Casación resolvió validar el testimonio.
El dictamen del fiscal no es vinculante y ahora deben decidir los jueces de Casación.
Excepción
La Justicia investiga si Boudou, cuando era ministro de Economía, tenía una estrecha vinculación con los compradores del fondo The Old Fund al que benefició la Afip, con una quita por una deuda impositiva.
La actuación del ministro de Economía en favor de la firma que compró Ciccone Calcográfica está probada por una carta de Boudou a Ricardo Echegaray pidiéndole esa quita.
Se investiga a Boudou por haber mantenido presuntas negociaciones incompatibles con la función pública (lo que prohíbe el artículo 265 del Código Penal).
El problema que debería resolverse (antes de verificarse la relación entre Boudou y Vaendenbroele) es determinar si la quita o plan de facilidades que hizo la Afip fue legal o ilegal y cuáles fueron las competencias legales de todos los involucrados para el caso.
Para el fiscal “no se ha explicado la competencia del ministro de Economía en el asunto, la cual, como se sabe, es de origen legal, y no puede ser asignada subjetivamente, por un pase o vista que se le corra para que vierta su opinión. En el 265 CP no parece hallarse un caso de autoría mediata resuelto por el legislador, porque el acto que realiza el funcionario competente (el supuesto instrumento de ese autor mediato), debe ser legal, es decir, no es autor directo de ningún delito cometido por otro a través suyo”.
Esta conclusión del fiscal alejaría a Boudou de la comisión del delito por más que se comprobara que Vandenbroele o Núñez Carmona (amigo y socio del vicepresidente) contaron con su actuación para quedarse con Ciccone.
Como Martínez de Hoz
- “En el curso de la causa se ha mencionado varias veces que Vandenbroele es el testaferro de Boudou, lo cual, como se ve aunque ello sea comprobado, tal afirmación no alcanzaría para satisfacer la figura penal que viene seleccionada por los investigadores, porque aunque Boudou intercediera en tal negociación como ministro de Economía, habría que explicar si era legalmente competente”.
Así interpreta el fiscal Javier Augusto De Luca, en el dictamen que analiza la Cámara de Casación Penal, que tiene en sus manos la posibilidad de otorgar el sobreseimiento al vicepresidente Amado Boudou, por la causa Ciccone.
El penalista, que ha pedido a la Sala IV de ese tribunal dé por terminada la investigación bajo la figura de “excepción por falta de acción”, añade una comparación con otro caso que ya revisó (y cerró) la Justicia, en un fallo del máximo tribunal.
El fiscal De Luca trae como ejemplo de cómo debería terminar el caso Boudou, otro que ocurrió durante la dictadura militar y la Justicia revisó -recién- en 1993: el del ex ministro de Economía de la dictadura militar José Alfredo Martínez de Hoz, quien fue desprocesado por la Corte Suprema de Justicia ese año por el escándalo de la nacionalización de la empresa Ítalo Argentina de Electricidad. “Joe” fue investigado por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, como Boudou. Y fue sobreseído bajo la misma figura.
El dato
Factura
- La posibilidad de que el vicepresidente logre ser sobreseído del caso Ciccone (mediante una compleja argumentación jurídica) se conoce a horas de que la opinión pública supiera que llegó al departamento de Puerto Madero de Amado Boudou una boleta del servicio de teléfonos de la empresa que se quedó con la impresora de los billetes (The Old Fund-Ciccone Calcográfica). Nadie desmintió esa información.
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