El Registro General de la Propiedad incorporó el congelamiento de bienes relacionados a la financiación del terrorismo. El organismo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cumple así directivas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y Naciones Unidas.
En cumplimiento de las directivas emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro General de la Propiedad, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, tomó una serie de medidas administrativas con el objetivo de prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, de acuerdo a las normas que rigen la materia a nivel internacional.
El Registro de la Propiedad incorporó a la base de datos del Sistema de Inhibiciones una nueva clase de anotación, el "Congelamiento Administrativo". Además modificó el funcionamiento de carga de la información referida, creándose un acto denominado de la misma manera. En síntesis, "el congelamiento administrativo es la inmovilización de los bienes o dinero, entendida como la prohibición de transferencia, conversión, disposición o movimiento de dinero u otros bienes", explicaron desde el Registro.
El 15 de octubre de 1999, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dispuso que los Estados "congelarán los fondos y otros recursos financieros, incluidos los fondos producidos o generados por bienes de propiedad" bajo control de terroristas. En tanto la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo nacional encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de financiamiento del terrorismo, está facultado para emitir directivas e instrucciones que deberán cumplir e implementar los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de dicha ley, entre los que se encuentran los Registros de la Propiedad.
La UIF puede ordenar mediante resolución fundada y con comunicación inmediata al Juez Federal con competencia penal, el congelamiento administrativo de los activos vinculados a las acciones delictivas previstas en el artículo 306 del Código Penal y supervisar "in situ" el cumplimiento de las medidas de congelamiento administrativo, siendo pasible de sanción el sujeto obligado que incumpla.
Las medidas adoptadas por el Registro de la Propiedad de Santa Fe se enmarcan en una serie de acciones y actividades del gobierno con el objetivo de combatir actividades delictivas. En este sentido, en junio pasado el gobernador Antonio Bonfatti, y los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis, y de Economía, Ángel Sciara, se reunieron con el titular de la UIF, José Sbatella, para avanzar coordinadamente en la prevención del lavado de dinero y en la articulación de políticas activas contra la financiación de actividades terroristas.
Además, en junio de 2011 se creó la Comisión Interjurisdiccional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la provincia de Santa Fe, la cual desarrolla acciones integradas y coordinadas para cumplir los aspectos preventivos de la normativa nacional sobre lavado de activos.
Su constitución se produjo en el marco de una serie de compromisos y recomendaciones internacionales, tales como la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, entre otros. En noviembre de 2011, la provincia recibió un reconocimiento por las políticas activas implementadas para combatir el lavado de dinero.
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