Adriana Rossi, Doctora en Filosofía, Profesora de la UNR y especializada en narcotráfico, y que que fue Secretaria Ejecutiva de la Red Latinoamericana de Reducción de Daños, planteó la necesidad de controlar a la policía y de avanzar en una reforma estructural. Desechó los paralelismos con Colombia o México.
Adriana Rossi, Doctora en Filosofía y profesora de posgrado del la Universidad Nacional de Rosario (UNR), es investigadora y especialista en la temática política y social del narcotráfico. En un extenso diálogo con Rosario/12 abordó la problemática trazando algunos tópicos indispensables a la hora de comprender una realidad que se ha instalado en la ciudad con derivaciones insospechadas. Rossi, que dictó clases en distintas universidades latinoamericanas y europeas y fue Secretaria Ejecutiva de la Red Latinoamericana de Reducción de Daños (RELARD), planteó la necesidad de controlar a la policía acompañándola de una reforma estructural, apuntó a investigar el lavado de dinero, y remarcó que hay cuestiones culturales pendientes que deben resolverse. Además, la especialista señaló que el gobierno provincial "tiene que tomar decisiones en lugar de echar culpas y marcar competencias", y que no debe amparar a funcionarios sospechados. "El gobierno, con valentía, tiene que demostrar que puede actuar, hay expertos que les pueden dar una mano", recomendó.
A través de la experiencia de haber desarrollado trabajos en distintos países de América Latina, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Uruguay y Brasil por organismos nacionales e internacionales, Rossi aseguró que el problema del narcotráfico en Argentina, y puntualmente en Rosario, es un fenómeno inédito. Planteó que no sucede lo mismo en países como Colombia, México, Brasil y ahora también Ecuador. Fundamentalmente porque no hay cultivos, guerrilla y paramilitarismo.
"La problemática está instalada, lo que sucedió es que se desmadró, afloraron a la superficie todas estas tramas extremadamente complejas, pero son fenómenos que se dan. Y si hay que hacer un paralelismo, lo haría con Brasil. Esto no es Colombia, no es México. Me parece peligroso insistir sobre esto porque las medidas que se pueden tomar pueden ser medidas que no son acordes a la realidad. No tenemos carteles de drogas, son bandas de narcomenudeo o redes de bandas que permiten el pase de la droga hacia otros países", precisó.
Llegada al país desde Italia, en 1996, Rossi realizó en la UNR una investigación sobre la percepción de la problemática de la droga y el narcotráfico en la ciudadanía. Lo que surgió fue que, efectivamente, Rosario era una ciudad donde se consumía mucho y parecía que superaba el promedio nacional. Convocada por ese entonces por un funcionario de la Municipalidad planteó que había que hacer algo. "Aquí no pasa nada", le respondieron.
Según la investigadora, "si hay consumo, es evidente que alguien distribuye, pero se desestimó muchísimo toda la problemática que con los años se fue insertando y se dio algo que es común, el involucramiento de la policía por el contacto que ellos mantienen con todo el hampa, y la cantidad de plata que se maneja, que lo convierte en algo muy atractivo. Además, la estructura de esta policía trae una mentalidad que viene de la dictadura, por lo tanto hay un escenario favorable para los ilícitos y para hacer lo que ellos deciden y lo que ellos quieren".
Rossi resaltó que el autogobierno de la policía es histórico, pero allí interviene otra cuestión que complicó la situación actual: la interna policial. "La caja negra, donde llegan todas las coimas por la protección de los negocios del narcotráfico, el juego clandestino, los desarmaderos, la prostitución y la trata, sigue existiendo. La policía se lo reparte y una parte siempre había llegado al poder político, a los punteros o a los políticos que directamente estaban involucrados. Lo que sucede actualmente es que hay grupos enfrentados para apoderarse de la mayor tajada".
Según Rossi, para que los narcos puedan desarrollar su actividad necesitan del apoyo policial. "Y aunque la policía se autogobierne, de alguna forma debe estar segura de que el poder político cierra los ojos, mira para otro lado o directamente pactan con ellos. El pacto se puede implementar de diferentes maneras. Porque existe un interés pecuniario de por medio, o se puede pactar también para mantener los niveles del delito dentro de una franja aceptable que no desestabilice la imagen que el gobierno pueda tener ante la población".
También consideró que el circuito cierra a partir de una justicia parcializada con causas que no se pueden sumar, y que de alguna forma podrían establecer un hilo conductor para llegar hasta los peces más grandes, aunque la posibilidad de llegar a los verdaderos responsables no es a través tanto de estas investigaciones sino por la ruta del dinero. "Realmente no hay instrumentos, por eso se está tratando de preparar a policías, tenemos la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que está tratando de llevar adelante ciertas investigaciones, apuntando a los evasores fiscales, pero no saben aún cuánto es el dinero que se está lavando. Por lo tanto, hay jueces que no quieren llevar la investigación más allá del hecho puntual. Es así que vemos que siempre se apresa al tipo que transporta y que es reemplazable. Si verdaderamente quien cortarle las piernas al narcotráfico tienen que apuntar más arriba, que en la mayoría de los casos cuentan con el apoyo del poder político, que además recibe dinero para las campañas electorales".
Rossi subrayó que en la ciudad operan bandas, una situación que puede ser beneficiosa a la hora de desbaratarlas, pero hay que tomarlas en consideración por su gravedad. "Por ejemplo, la banda de Los Monos, que es una banda especial que no solamente se dedica al narcotráfico, se dedican a extorsión de comerciantes. En Italia lo llamamos `il pizzo\', típico de la mafia, si no pagan le rompen el negocio. Además, están entrenando a sicarios y eso es peligrosísimo porque hoy están vinculados al narcotráfico y mañana pueden estar en cualquier otra cosa, armas, trata, actividades totalmente diversificados y al servicio de quien sea. Cuentan con el modus operandi, tienen los contactos, por lo tanto hay que tratar de eliminarlos lo más pronto posible porque pueden enquistarse en la sociedad, aunque haya cambios en la política de drogas, como la liberalización del consumo que es un poco la tendencia que hay en América latina".
La problemática, agregó la investigadora, puede abordarse desde varios ejes, pero se refirió a tres que no deben evitarse. Uno es el control de la policía. "No sólo hay que hacer un descabezamiento de la policía, hay que acompañarla con una reforma estructural. Se está hablando de una policía de cercanía, que me parece muy bien que exista para enfrentar una serie de problemáticas, pero lo otro no puede quedar así, hay que intervenir. Debe haber una voluntad de parte de los gobiernos en general de asumir ante la policía una posición de control, no pueden dejar que hagan".
El segundo es el lavado de dinero. "Efectivamente, alimentan el circuito financiero, alimentan economías. Se está apuntando a los narcos, a los distribuidores. ¿Cuándo vamos a apuntar a los contadores, a los profesionales que viven de eso? ¿Cuándo vamos a apuntar a esa clase media que tiene sus circuitos bien estructurados y menos peligroso, pero que son claves a la hora de desentrañar la cadena? Muchos gobiernos cierran los ojos porque el ingreso de dinero narco les da una mano".
El tercer tópico está directamente relacionado a la cuestión cultural. "Hubo sectores poblacionales abandonados por el Estado, que con sus políticas neoliberales borró leyes, dejó de invertir en salud, en educación y ya sabemos cuáles fueron los resultados. Jóvenes que no pueden visualizar su futuro y que comienzan a introducirse en circuitos ilegales y criminales. Esta situación tiende a modificarse, pero hay chicos que no han visto nunca trabajar a su abuelo, a su padre. Si no hay un ejemplo de cultura de trabajo, es más fácil continuar con esa tradición de ilegalidad".
En este marco, también le apuntó a la clase media. "Es una cuestión cultural, no es solamente económica, terminamos estigmatizando a la gente que no tiene, pobre es igual a delincuente. Hay cuestiones culturales determinadas por nuestra sociedad consumista donde para ser hay que tener, esto hace que la clase media se involucre en el circuito: más plata, más estatus. Hay cuestiones culturales que enfrentar, no es solamente resolver la cuestión de la pobreza. Le haríamos un pésimo favor a todos los pobres que han tratado de sobrevivir sin involucrarse en ningún ilícito; en homenaje a esa gente hay que hablar con claridad".
Consultada sobre el cruce de cuestionamientos entre Provincia y Nación para determinar responsabilidades y actuaciones contra la problemática, Rossi afirmó: "El gobierno provincial puede decir que el narcotráfico es un delito federal, en eso tiene toda la razón. Pero tiene una policía provincial, y dentro de la policía está la Dirección de Drogas Peligrosas. Entonces, si es una cuestión federal, ¿para qué la tiene? Evidentemente, la policía provincial tiene cartas en el asunto. Desde mi punto de vista, el gobierno provincial tiene que tomar decisiones en lugar de echar culpas y marcar competencias, debe intervenir, se lo debe a la gente que los votó, a la ciudadanía en su conjunto".
Además, la investigadora señaló: "No se puede tampoco seguir amparando a un personaje, que no sabemos si está involucrado o no. Antes de ampararlo, traten de ver si está involucrado o no, si no está, mejor así, y seguirá trabajando con ellos. En estas cuestiones, hay que dejar a un lado la amistad. El ex gobernador Hermes Binner tiene una relación con Marcos Escajadillo, que viene de una cuestión afectiva, lo entiendo perfectamente. Pero en esto hay que ir con mucho cuidado, porque puede convertirse en una especie de encubrimiento".
Para Rossi, se trata de una situación "muy incómoda para el gobierno provincial, que tiene que mostrar agallas, la sensación a veces es que está trabado. No es fácil, una pugna electoral claramente embarra la cancha, esto hay que evitarlo porque de por medio está la ciudadanía. El hecho de que un sicario profesional mate a una persona en Corrientes y Pellegrini, en pleno día, es gravísimo. El gobierno, con valentía, tiene que demostrar que puede actuar sin esperar que manden la Gendarmería. Hay expertos que les pueden dar una mano".
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