Ofensiva judicial contra empresas que trabajan con petroleras en Malvinas

El gobierno nacional aseguró que tomará medidas dentro y fuera del país. Al explicar los argumentos legales, el canciller Héctor Timerman señaló que "se trata de la defensa de la soberanía territorial y de los recursos naturales que son propiedad del pueblo argentino".

 El Gobierno argentino iniciará una ofensiva judicial "dentro y fuera del país" contra empresas que realizan perforaciones y explotación de hidrocarburos en la zona de las Islas Malvinas y contra firmas y bancos que les brindan "apoyo logístico", "servicios financieros", "inversionistas", "asesoría y consultoría en general".

El canciller Héctor Timerman anunció que "la presidenta Cristina Fernández instruyó iniciar un Plan de Acciones Legales del Estado Nacional en el país y en el exterior, contra actividades de exploración y explotación ilícitas de hidrocarburos en el Atlántico Sur" que incluirá "denuncias penales, civiles y administrativas" contras empresas que operan en "tres niveles" en la actividad de explotación y exploración petrolera.

Las medidas alcanzarán a "empresas" que fueron mencionadas por el ministro que son "propietarias de pozos y plataformas petroleras", que "brindan servicios de apoyo logístico" y otras que "aportan apoyo financiero, inversionistas y asesoramiento sobre inversiones", lo que incluirá denuncias penales y comerciales contra "bancos, accionistas, analistas y consultoras de riesgo" que hoy operan en el país y en el exterior.

Según anunció Timerman en una conferencia de prensa realizada hoy en el Palacio San Martín, la ofensiva del Gobierno argentino comprenderá a empresas "que poseen ilegítimas licencias" otorgadas por Gran Bretaña "para buscar petróleo" y "que operan en las bolsas de valores de Londres" y "Estados Unidos".

Al describir el nuevo "Plan de Acciones Legales", detalló que el Gobierno presentará "en lo inmediato" denuncias "penales y administrativas" ante "juzgados federales" del país y "organismos del Estado Argentino, entes reguladores y organismos internacionales".

"Esta estrategia judicial no se limitará a acciones desarrolladas en la República Argentina, también se proyectará al exterior a través de mecanismos de cooperación judicial internacional", señaló después de precisar que se "implementarán medidas cautelares o de ejecución ordenadas por autoridades judiciales argentinas".

Al explicar los argumentos legales, Timerman señaló que "se trata de la defensa de la soberanía territorial y de los recursos naturales que son propiedad del pueblo argentino y que el Gobierno tiene la obligación de defender".

En ese marco, señaló que la explotación y exploración de hidrocarburos que llevan a cabo firmas con licencias británicas "son acciones ilegales porque violan dos principios legales" entre los que mencionó: "La Ley argentina de Hidrocarburos" y "las resoluciones de las Naciones Unidas que obligan a las partes (Argentina y Gran Bretaña) a no adoptar ninguna medida unilateral sobre la zona mientras no se resuelva la controversia por la soberanía".

En ese marco, anunció que "se remitirán notas de advertencia y asunción de riesgo a aquellas empresas y empresarios que podrían estar interesados en las ilegítimas actividades" y "a aquellas empresas que brindan servicios financieros, legales y asesoría y consultoría en general".

Aseguró que "se remitirán notas a los accionistas institucionales de las empresas petroleras involucradas", como así también "notas de aviso a entes reguladores bursátiles donde operen las empresas involucradas" para que "exijan a las compañías que brinden al mercado información acerca de la existencia de una controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes".

Las medidas incluyen a "Estados (países) del pabellón de los buques y artefactos navales involucrados y a los Estados en que se encuentren constituidas". Consultado por DyN sobre qué impacto espera el Gobierno argentino en la próxima Asamblea General de la ONU y en los países de la región ante esta nueva avanzada que suma ahora a sectores privados de la economía internacional, entre ellos bancos, financieras y calificadoras de riesgo que operan en el país, Timerman destacó que "el reclamo de soberanía argentina cuenta con el apoyo total de los países que integran las Naciones Unidas, de América Latina y de Africa".

"Esta batalla será diaria, este gobierno no va a dejar pasar un solo día sin realizar una presentación en un juzgado nacional, organismos internacionales en defensa de los recursos que le pertenecen al pueblo argentino", enfatizó Timerman.

Finalmente, informó que su ministerio coordina una comisión de trabajo integrada por "la Procuración del Tesoro de la Nación, la Procuración General de la Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría de Justicia, la Secretaría de Energía, a efectos de implementar la estrategia legal que comprenderá acciones judiciales y administrativas".