Está destinado a ofrecer compensaciones dinerarias a aquellas personas que brinden datos útiles, relevantes y decisivos para determinar cuales fueron los hechos delictivos o individualizar a sus autores, cómplices, encubridores e instigadores. Se asegura la confidencialidad y el resguardo de la identidad de quienes aporten información.
La finalidad es utilizar los datos brindados para lograr la identificación y/o aprehensión de quien o quienes hubiesen tomado parte de delitos que por su gravedad, complejidad, o por la alarma social causada, justifiquen la recompensa, que será determinada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, autoridad de aplicación del Fondo, previa verificación de la inexistencia de las exclusiones establecidas por la ley para la percepción de la recompensa.
Cabe destacar que a principios de septiembre se estableció la recompensa de un millón de pesos a distribuir entre aquellas personas que aporten datos útiles, relevantes y decisivos para determinar cuales fueron los hechos que desencadenaron el fallecimiento de Marianela Brondino.
En la misma línea, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informaron que la naturaleza propia del Fondo Provincial de Recompensas, que reglamentó el gobernador Miguel Lifschitz, define la confidencialidad y la reserva de todas las tramitaciones, así como también de la identidad de las personas que brinden datos útiles, relevantes y decisivos, resguardando de esta manera a quienes presten colaboración en las causas penales en la que exista requerimiento del Ministerio Público de la Acusación o del Ministerio Público Fiscal.
Para la instrumentación del Fondo Provincial de Recompensas se procedió a reglamentar parcialmente la ley 13.494. En su artículo 41 la reglamentación dispone que el ministro de Justicia y Derechos Humanos resolverá cada solicitud de recompensa indicando en el acto administrativo el número de la causa, la calificación del delito, el juzgado interviniente, la fecha y el representante del Ministerio Público de la Acusación o del Ministerio Público Fiscal que requirió la compensación dineraria. Este acto administrativo deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la provincia.
Luego, el Ministerio Público de la Acusación o el Ministerio Público Fiscal remitirá un informe sobre el mérito y la relevancia de la información aportada a la Dirección Provincial de Acompañamiento y Protección de Víctimas y Testigos. Una vez recibido el informe, y en caso de opinión favorable, la Dirección Provincial de Acompañamiento y Protección de Víctimas y Testigos elevará a consideración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el pedido de pago de recompensa.
Por último, el pago de la recompensa se hará efectivo mediante un acta labrada ante el representante de la Escribanía Mayor del gobierno de la provincia de Santa Fe.
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