Fotografías por Daniel Berehulak
No es común encontrarse con un caso que reúna todos los problemas de un lugar: abusos a los derechos humanos, maltrato a las mujeres y una lucha casi imposible para que se haga justicia. Pero Atenco –donde después de una protesta detuvieron a un grupo de mujeres de manera arbitraria y luego fueron violadas por oficiales de la policía en 2006– representa lo peor de México.
Estas mujeres han pasado los últimos diez años luchando para que se reconozca públicamente lo que les hicieron. Ellas querían que los responsables rindieran cuentas; en cambio, vieron cómo sus atacantes salían libres.
Al no encontrar respuesta en el sistema de justicia mexicano, las mujeres llevaron su caso a una comisión internacional con la esperanza de que esta lo presentara ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene jurisdicción sobre México.
La semana pasada lograron una importante victoria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exigió al Estado mexicano que abriera una investigación sobre los crímenes que ocurrieron en las redadas ordenadas por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, actual presidente de México. La comisión no señala a Peña Nieto como responsable pero es el momento de que todas las autoridades atiendan el llamado de las víctimas, que han sido ignoradas por más de una década.
Azam Ahmed
Corresponsal de The New York Times en México
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