Rechazo de familiares al traslado de detenidas con buena conducta

Polémica. En el marco del pedido de reducción del cupo de prisioneros federales por parte de la provincia, la administración nacional eligió a presas de baja peligrosidad para desplazar. Hubo una manifestación por la decisión


Desacuerdo. La familias y organizaciones se manifestaron en contra del traslado de las presasUNO de Santa Fe/Juan M. Baialardo

Familiares de detenidas y organizaciones sociales se manifestaron contra el traslado coactivo de mujeres en la sede del juzgado ubicado en San Jerónimo y Primera Junta. Bajo la consigna: "No más violencia institucional contra las mujeres privadas de libertad y sus hijos", repudiaron la medida.
Desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, los Programas de Extensión "Género, Sociedad y Universidad" y "Delito y Sociedad" de la Universidad Nacional del Litoral consideran que estos traslados constituyen una situación de violencia institucional contra las mujeres frente a la cual manifiestan su repudio y exigen a las autoridades nacionales y provinciales correspondientes que arbitren las medidas necesarias para garantizar el cese de la misma.
En esa línea denunciaron el carácter vulneratorio del traslado sobre los derechos de las personas privadas de su libertad que ya ha sido establecido de manera clara en numerosos informes y recomendaciones sobre las condiciones de detención en el país.
En relación a esto, los traslados de las personas privadas de libertad a otras instituciones penitenciarias implican muy frecuentemente un retroceso en las instancias educativas y laborales alcanzadas precedentemente, dificultan la recepción de visitas debido a que pasan a encontrarse alejadas de los lugares de residencia de sus familiares y allegados, generan además un retroceso en los circuitos progresivos de las calificaciones de conducta y concepto y obstaculizan su contacto con los jueces y defensores a cargo de sus causas.
Asimismo, se encuentra extensamente documentada la utilización de los traslados como una forma de sanción encubierta y como modo de disciplinamiento de la población penitenciaria.
En este caso específico, el traslado de las mujeres privadas de su libertad implica alejarlas cientos de kilómetros de los lugares en los que residen sus familiares, imposibilitando prácticamente el contacto con ellos.
Por otro lado, implica la pérdida de vinculación con el entorno afectivo, social y económico de la ciudad, agravando de forma injustificada las condiciones de detención en que se encuentran.
Son numerosos los estudios sobre el encarcelamiento de las mujeres que identifican las particularidades y la proyección que sus efectos nocivos tiene sobre sus familiares y afectos, especialmente sus hijos menores de edad. El encarcelamiento de las mujeres implica de por sí la interrupción de la convivencia familiar y un sinfín de obstáculos para la continuidad del ejercicio parental.
A esto se le suman las situaciones en que los niños son institucionalizados o separados entre sí en hogares de familiares y conocidos.
La situación de sus hijos es una de las principales fuentes de preocupación y angustia para las mujeres, que enfrentan un mayor reproche social, no solo por haber sido acusadas de una infracción penal, sino también por la culpabilización de no poder cuidar de estos. Esta doble sanción ha sido definida como un "plus punitivo" que afecta especialmente a las mujeres.

Cococcioni
Para el titular de Asuntos Penitenciarios santafesino, Pablo Cococcioni la medida "parece un gesto de viveza criolla. Parece que hubieran elegido qué traslado perjudica más". Mientras tanto, hubo que hacer "gestiones de las más arduas para que se lleven a uno de los líderes de Los Monos y casi no lo reciben", recordó, por la situación que se vivió con respecto a Máximo Ariel Cantero tiempo atrás en la cárcel de Ezeiza. "Es la meritocracia al revés. A los más peligrosos se los premia dejándolos en Santa Fe y a estas detenidas no", lamentó el titular de Asuntos Penitenciarios quien no tardó en agregar: "Hasta el momento el cupo era de 100 presos y nosotros lo hemos reducido a 50".
"Que el gobierno nacional no se haga cargo de sus condenados es realmente lamentable", criticó y detalló que en la provincia hay 336 presos federales y cinco mil presos en total, de los que mil están en dependencias policiales. Así, "el impacto de los presos federales en la capacidad de alojamiento es alto".
En tanto, la deuda de la Nación para su manutención es de 90 millones de pesos, y el último gobernador en recibir algún tipo de compensación fue Jorge Obeid.