Así se expresó el edil radical, referido a la UTE Carreteras Centrales Argentinas que explota el peaje de la Autovía 19 y las vinculaciones con la empresa entrerriana Pietroboni (propietario de una de las compañías que conforman la UTE), quien reconoció la existencia de sobreprecios en licitaciones en las que formó parte.
Los hechos que son de público conocimiento que vinculan a distintos funcionarios de lo que fue el gobierno kirchnerista con hechos de corrupción, en particular vinculada a la obra pública y al sistema de concesiones, nos lleva a poner la mirada en la Autovía de la Ruta 19, administrada por la UTE Carreteras Centrales Argentinas, compuestas por las empresas Isolux Corsan Corvian, Lemiro Pietroboni, y Luis Losi S.A.
La traza de la Autovía de la Ruta Nº 19, fue financiada por la Provincia de Santa Fe a través de un crédito otorgado por el Banco Mundial en el año 2005 a cambio de la construcción del puente Santa Fe–Santo Tomé, obra comprometida y no realizada por el Gobierno Nacional.
Por aquí, diariamente transitan numerosos vecinos de la ciudad de Santa Fe. Se trata del Corredor Vial Nacional Nº 4, adjudicado hace 6 años por el Decreto Nº 543/10 del Gobierno Nacional. En la entrega de la obra, la Nación concesiona el peaje y mantenimiento de esa obra de 280 kilómetros –que une Santo Tomé con Río Primero, que pasa por San Francisco–, a una UTE denominada Carreteras Centrales de Argentinas (CCA).
Isolux Corsan Corvian y las dos firmas entrerrianas Pietroboni y Losi (quienes actualmente ejecutan también la obra de la Autovía de la Ruta N° 34), fueron muy agraciadas en los últimos doce años, y están ubicadas en los puestos 15, 29 y 30, respectivamente, del listado de empresas con mayor cantidad de contratos de obra pública, según información brindada por el mismo Ministerio de Planificación Federal en agosto de 2015.
Cabe señalar que, tal como se publicó en los últimos días en diferentes medios de comunicación nacionales, el empresario de la construcción de Concepción del Uruguay, Víctor Pietroboni, fue señalado en una lista entregada al juez federal Sebastián Casanello por Lázaro Báez como uno de los que debían ser investigados por haberse beneficiado en negocios con el Estado en la obra pública durante el periodo kirchnerista. E inclusive, el mismo Pietroboni declaró a diferentes medios de comunicación que los sobreprecios o coimas “es una condición del mercado”. Denunció que Báez “cobraba 10 millones de dólares por obras que cuestan 700 u 800 mil pesos, los que estamos en el rubro lo sabemos”.
“Está mal, pero es una condición del mercado, que si no lo contemplás, después tenés que sacarlo de algún lado. Pero lo que se hizo en la época del kirchnerismo con las empresas favorecidas, es una cosa indefendible. No tiene antecedentes", manifestó Pietroboni.
Como suponíamos y lo manifestamos en la Sesión del pasado 14 de abril del Concejo Municipal, debía investigarse esta concesión y su prórroga, que aparecía al menos como sospechosa. Aquí el empresario de manera general está aceptando una situación de corrupción que debe ser investigada y castigada.
Esto nos toca de cerca a los santafesinos porque las empresas no están cumpliendo en lo más mínimo con lo planteado en los pliegos de concesión, pero sí están obteniendo el ingreso de los montos de los peaje de esa ruta. Esta obra, que estamos pagando los santafesinos por aquel crédito otorgado por el Banco Mundial a cambio del cual recibiríamos el puente Santa Fe–Santo Tomé. Repasando el pliego de bases y condiciones a través de la cual se concesionó la Autovía , en el artículo 17° queda muy claro de que la empresa debe hacerse cargo de obras de bacheo, desagües, sellado de grietas, semáforos, alumbrado, corte de pasto, y desmalezamiento. Obras que en su gran mayoría están siendo incumplidas.
Nos preocupa saber que estas tres empresas obtienen el dinero de los peajes y no están invirtiendo absolutamente nada en obras que se inauguraron hace un par de años; ni en las cuestiones asfálticas ni en los cortes de malezas. Cualquiera que vaya desde Santo Tomé a San Francisco, claramente lo va a poder observar.
No es casual que Carreteras Centrales Argentinas, compuesta por tres empresas beneficiarias de la obra pública en el gobierno kircherista, hoy esté obteniendo grandes dividendos por el cobro de los peajes. Mientras, lamentablemente, los vecinos de la provincia de Santa Fe con nuestros impuestos estamos pagando el crédito del Banco Mundial.
Como está quedando demostrado, la obra pública fue uno de los principales operatorias ilegales de la administración kirchnerista. En Argentina estamos en una situación límite ante casos como el de José López, Lázaro Baez, Skanka, Jaime, Antonini Wilson, la muerte de Alberto Nisman, Amado Boudou, el triple crimen de General Rodríguez, Sueños Compartidos. Son hechos reales y concretos de corrupción que deben ser castigados.
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