Néstor Monzón. El sacerdote de Reconquista pidió que lo reciban en una parroquia de Calchaquí.
El fiscal de Reconquista, Rubén Martínez apeló este viernes la prisión domiciliaria que el juez Ireneo Berzano le concedió al cura acusado de abuso sexual contra una nena de tres años. Se trata del caso de Néstor Monzón, el párroco imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la condición de ser un ministro de un culto religioso reconocido y por producir un grave daño en la salud de la víctima.
Martínez fundamentó el recurso en “el claro entorpecimiento probatorio que significa para el avance del proceso y la investigación de los hechos la presencia del imputado (en Calchaquí), quien es un sacerdote de la diócesis de Reconquista, pues representa una figura trascendental para los feligreses y para la comunidad toda”.
El beneficio de la prisión domiciliaria fue otorgado a Monzón el jueves pasado. En la audiencia se determinó que el imputado podía cumplir su detención con la modalidad de arresto domiciliario en la parroquia de la localidad de Calchaquí, 210 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Fe.
Sin embargo, para el fiscal, ese lugar y esas condiciones de detención “de ninguna manera aleja el entorpecimiento probatorio”. Por ese motivo, el funcionario del Ministerio Público de l a Acusación reiteró al juez su pedido hecho en la audiencia de medidas cautelares, para que se ordene la prisión preventiva por 90 días en un establecimiento carcelario.
En respaldo de la línea de trabajo que impulsa el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la ciudad de Reconquista, el fiscal general de la provincia, Julio De Olazábal, mantuvo una reunión con los fiscales de la Regional 4ª. En el encuentro De Olazábal manifestó su apoyo a la tarea que los fiscales vienen realizando en investigaciones por la presunta comisión de delitos contra la integridad sexual, que tuvieron repercusión social.
Imparciales
Luego de la reunión, De Olazábal brindó una conferencia de prensa en la que aseguró: “Constaté que se está actuando con objetividad y no tengo ninguna objeción que hacer a la tarea que desarrollan los fiscales”.
“Los funcionarios del MPA cuentan con mi apoyo en el estricto cumplimiento de la ley. Como cabeza de los fiscales, la ley me prohíbe participar y dar instrucciones en causas particulares. Sin embargo, debo velar por el funcionamiento del MPA en toda la provincia. Mi presencia en Reconquista es para velar que se esté actuando correctamente. Al juez se le debe exigir imparcialidad; y al fiscal se le debe requerir que actúe con objetividad, es decir, que investigue delitos, que analice todas las pruebas que existen y que asegure la investigación del caso”, detalló.
En relación a los casos que tuvieron repercusión pública en el norte provincial, De Olazábal indicó que “los fiscales iniciaron las investigaciones luego de denuncias realizadas por la ciudadanía”. “Es decir, no estamos frente a un actuar fiscal precipitado, sino ante gente que reclama justicia”. Y añadió: “Esto aleja la posibilidad de mala voluntad de los investigadores. Hay un segundo aspecto que me parece importante remarcar: el nuevo sistema penal que tenemos en la provincia permite que si el abogado defensor de cualquier investigación entiende que un fiscal perdió la objetividad, puede solicitar su apartamiento”, advirtió De Olazábal.
“Ningún fiscal fue objeto jurisdiccional de un pedido de apartamiento, y esto refuerza la idea de que su accionar fue objetivo”, señaló el titular del MPA.
Por último, De Olazábal también hizo hincapié en que “los fiscales no fueron los que resolvieron las medidas indicadas en las investigaciones en curso. Los fiscales, con sus fundamentos, peticionaron frente a un juez. Y el magistrado fue el que resolvió. Evidentemente, lograron satisfacer a un juez imparcial que fue el que tomó las medidas en cada investigación”.
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