Hizo pedidos de información que demoran el caso. Y accedió a un pedido de Báez beneficiándolo.
Clarín |
La investigación de la causa Hotesur, que analiza si los Kirchner usaron sus hoteles para lavar dinero de la corrupción, está frenada. El nuevo juez del caso, Daniel Rafecas, tomó una serie de recaudos para liderar una pesquisa que pone bajo sospecha a la Presidenta y su familia. Pero en los hechos, aletargan el avance del expediente.
El 1 de octubre, el magistrado pidió información sobre otras dos causas en que investigan la relación financiera simbiótica entre los Kirchner y los Báez,; y de otra tercera, archivada. También benefició a la familia Báez, involucrada en la causa Hotesur, al dejar que tome copia de pruebas que podrían ser comprometedoras (ver recuadro).
Ni bien tomó la instrucción de esta causa, el magistrado había rechazado como querellante a la primer denunciante judicial de este tema, la candidata presidencial Stolbizer, quien tuvo ese rol cuando el expediente estaba al mando del juez Claudio Bonadio. Ese magistrado avanzó y alteró los nervios de la Presidenta: un día después recolectar pruebas en 35 operativos en Santa Cruz, Bonadio fue apartado.
La decisión de la salida de Bonadio la tomaron en tiempo récord dos camaristas de la sala 1 de la Cámara Federal, el socio del country Mayling, Jorge Ballestero; y el dueño de dos casas de envergadura y del coleccionista de autos antiguos, Eduardo Freiler, a su vez es pariente de una sobrina presidencial involucrada en la causa. La misma sala de la Cámara Federal debe decidir si el caso sigue bajo competencia de los tribunales federales de Comodoro Py, o pasa a algún juzgado de la Patagonia austral.
Mientras espera esa decisión, Rafecas impuso un estilo propio al estudio de un expediente que quema.
Las pruebas recolectadas en Río Gallegos y El Calafate pasaron a ser controladas por la Prefectura Naval, una fuerza que depende del Poder Ejecutivo.
Como se dijo, Rafecas pidió este viernes la información que consta otros expedientes sobre los Kirchner y los Báez. En un escrito aseguró que necesita tener una “correcta demarcación de los hechos” investigados “para determinar su “objeto procesal”. Dijo que quiere evitar “poner en riesgo” lo ya investigado sobre la economía cruzada y multirrubro, de Kirchner-Báez.
Rafecas pidió copias de los expedientes de “La Ruta del Dinero K”, que lidera el doctor Sebastián Casanello, pero que maneja en los hechos uno de sus secretarios, Sebastián Bringas, militante de La Cámpora. Esa causa investiga por lavado de dinero a Báez, debido a maniobras multimillonarias que su hijo realizó vía la financiera SGI, de Federico Elaskar, trama en la que participó el “valijero” Leonardo Fariña. A dos años de su inicio, la causa tiene rumbo incierto.
El otro expediente que estudiará Rafecas es el que instruye el juez Julián Ercolini desde 2008: Elisa Carrió denunció que los Kirchner, los Báez y Cristóbal López, eran parte de una asociación ilícita.
El tercer caso que quiere analizar el magistrado fue el que investigó su colega Javier López Biscayart: determinar si Báez había cometido evasión fiscal cuando administró sociedades de los Kirchner. La AFIP tuvo un papel crucial en la pesquisa que terminó archivada.
Tras analizar esos expedientes, dijeron fuentes de tribunales, Rafecas podría decidir que caso Hotesur debe formar parte de esas causas y no de una autónoma que dependa de él. El caso podría pasar ser manejado por otro juez.
Al contrario de lo que escribió Rafecas, el fiscal original del caso Hotesur, Carlos Stornelli firmó en noviembre pasado un requerimiento en el que dejaba en claro el objeto procesal de la causa: le pidió al juez que tomé medidas para determinar si los hoteles K se usaron para vehiculizar maniobras financieras ilegales.
El 1 de octubre, el magistrado pidió información sobre otras dos causas en que investigan la relación financiera simbiótica entre los Kirchner y los Báez,; y de otra tercera, archivada. También benefició a la familia Báez, involucrada en la causa Hotesur, al dejar que tome copia de pruebas que podrían ser comprometedoras (ver recuadro).
Ni bien tomó la instrucción de esta causa, el magistrado había rechazado como querellante a la primer denunciante judicial de este tema, la candidata presidencial Stolbizer, quien tuvo ese rol cuando el expediente estaba al mando del juez Claudio Bonadio. Ese magistrado avanzó y alteró los nervios de la Presidenta: un día después recolectar pruebas en 35 operativos en Santa Cruz, Bonadio fue apartado.
La decisión de la salida de Bonadio la tomaron en tiempo récord dos camaristas de la sala 1 de la Cámara Federal, el socio del country Mayling, Jorge Ballestero; y el dueño de dos casas de envergadura y del coleccionista de autos antiguos, Eduardo Freiler, a su vez es pariente de una sobrina presidencial involucrada en la causa. La misma sala de la Cámara Federal debe decidir si el caso sigue bajo competencia de los tribunales federales de Comodoro Py, o pasa a algún juzgado de la Patagonia austral.
Mientras espera esa decisión, Rafecas impuso un estilo propio al estudio de un expediente que quema.
Las pruebas recolectadas en Río Gallegos y El Calafate pasaron a ser controladas por la Prefectura Naval, una fuerza que depende del Poder Ejecutivo.
Como se dijo, Rafecas pidió este viernes la información que consta otros expedientes sobre los Kirchner y los Báez. En un escrito aseguró que necesita tener una “correcta demarcación de los hechos” investigados “para determinar su “objeto procesal”. Dijo que quiere evitar “poner en riesgo” lo ya investigado sobre la economía cruzada y multirrubro, de Kirchner-Báez.
Rafecas pidió copias de los expedientes de “La Ruta del Dinero K”, que lidera el doctor Sebastián Casanello, pero que maneja en los hechos uno de sus secretarios, Sebastián Bringas, militante de La Cámpora. Esa causa investiga por lavado de dinero a Báez, debido a maniobras multimillonarias que su hijo realizó vía la financiera SGI, de Federico Elaskar, trama en la que participó el “valijero” Leonardo Fariña. A dos años de su inicio, la causa tiene rumbo incierto.
El otro expediente que estudiará Rafecas es el que instruye el juez Julián Ercolini desde 2008: Elisa Carrió denunció que los Kirchner, los Báez y Cristóbal López, eran parte de una asociación ilícita.
El tercer caso que quiere analizar el magistrado fue el que investigó su colega Javier López Biscayart: determinar si Báez había cometido evasión fiscal cuando administró sociedades de los Kirchner. La AFIP tuvo un papel crucial en la pesquisa que terminó archivada.
Tras analizar esos expedientes, dijeron fuentes de tribunales, Rafecas podría decidir que caso Hotesur debe formar parte de esas causas y no de una autónoma que dependa de él. El caso podría pasar ser manejado por otro juez.
Al contrario de lo que escribió Rafecas, el fiscal original del caso Hotesur, Carlos Stornelli firmó en noviembre pasado un requerimiento en el que dejaba en claro el objeto procesal de la causa: le pidió al juez que tomé medidas para determinar si los hoteles K se usaron para vehiculizar maniobras financieras ilegales.
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