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viernes, 16 de octubre de 2015

“Hemos dado dos pasos adelante para reconocer derechos de trabajadores del campo y la ciudad”

La última sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe arrojó como resultado la aprobación de dos iniciativas de autoría del diputado Eduardo Toniolli, acompañados con la firma de Gerardo Rico y Mariana Robustelli, todos ellos integrantes del bloque del Movimiento Evita. Se trata de la Ley de Economía Social, Popular y Solidaria, que ya había tenido aprobación previa y había sido vetada por el gobernador Bonfatti; y la adhesión a la Ley Nacional de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar.

“Hemos dado dos pasos adelante para reconocer derechos de trabajadores del campo y la ciudad”
En el caso de ésta última, su aprobación fue acompañada por una jornada de trabajo que contó con la presencia del Secretario de Agricultura Familiar de la Nación, Emilio Pérsico, el coordinador de dicho organismo en Santa Fe, José Berra, y referentes de organizaciones campesinas de la provincia. Al final de la misma, fueron recibidos en la Presidencia de la Cámara baja por el titular de la misma, Luis Rubeo, y por legisladores de distintas bancadas.
Al respecto, Toniolli señaló: “adherimos a una flamante normativa nacional que promueve el reconocimiento de la tierra como un bien social, y no como una mercancía, fomenta el acceso a la misma, y define a los agricultores familiares en un sentido amplio, desde la perspectiva de la ‘vuelta al campo’, en un país que gusta definirse como agrario, y en el que – sin embargo – sólo el 8% de la población vive en el ámbito rural”.
En lo que refiere a la Ley de Economía Social, el legislador justicialista resaltó que “el texto aprobado sintetiza nuestra iniciativa con la del oficialismo provincial, y construye una institucionalidad que incluye un registro provincial de las organizaciones del sector, un Instituto de la Economía Social y Solidaria, Mesas de Dialogo regionales, exenciones impositivas para los beneficiarios de la Ley, y la obligación impuesta al Estado provincial de que al menos el 5% de sus adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios sean efectuadas a los sujetos y colectivos que forman parte de este entramado económico y social”.

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