Abogados de todo el país elaboraron un informe con las principales demoras. Será presentado este lunes, en la reunión de la Comisión Interpoderes en la Corte Suprema.
Diario UNO |
El dossier que fue presentado al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, detalla problemáticas que atraviesan las distintas jurisdicciones del país. En respuesta, Lorenzetti prometió que ese informe será tratado mañana, en la reunión de la Comisión Interpoderes que monitorea el avance de las causas judiciales por delitos de lesa humanidad.
Entre los conflictos comunes que se detectaron está la dificultad para poder conformar los Tribunales, por la cantidad de vacantes; la necesidad de acumular causas para que los juicios no se fragmenten y las pruebas producidas puedan ser utilizadas para probar más cantidad de hechos; y la falta de personal en los juzgados y tribunales para que se pueda aumentar el número de audiencias semanales.
Una de las profesionales que colaboraron en elaborar el informe fue Lucila Puyol, abogada santafesina, querellante en causas de lesa humanidad y militante de HIJOS Santa Fe, que pudo aportar detalles sobre la situación local.
“Hoy (por el jueves pasado), participamos de un nuevo encuentro con la procuraduría de lesa humanidad, junto con querellantes y organismos gubernamentales. Volvimos a explicar cuáles son los conflictos que se están repitiendo en las distintas jurisdicciones y también realizamos aportes que pueden ser útiles para el resto de los abogados y abogadas del país. Desde Santa Fe, por ejemplo, planteamos lo que pasó en la megacausa, que es el juicio que se está tramitando actualmente. Es la causa que acumuló más de 70 víctimas de homicidios y, sin embargo, en el momento de la instrucción tenía ocho imputados, y hoy, en la sala de audiencias hay solo cuatro, porque los otros fallecieron. Hay casi 40 víctimas que se quedaron sin causa penal porque los acusados por sus crímenes murieron. Es algo muy desalentador”, explicó Puyol.
—En Santa Fe también se había cuestionado que los defensores recusaran a los jueces que ya habían intervenido en alguna instancia del proceso. ¿Se volvió a tratar este tema?
—Sí, en Santa Fe tenemos un tribunal natural, formado por tres jueces, que en muchos casos no pueden actuar por estas recusaciones y se tiene que conformar uno nuevo. Si a esto se le suma que nosotros recusamos en varias oportunidades al juez Luciano Lauría por sus vínculos con el exjuez Víctor Hermes Brusa (primer juez federal condenado por crímenes de lesa humanidad), tenemos un problema grande, porque siempre hay conflictos al momento de conformar los tribunales.
Sin reconciliación
Además, Puyol detalló que otro de los reclamos locales fue que se avanzara con los pedidos de indagatoria: “Necesitamos que las causas avancen porque tenemos el obstáculo del tiempo, se están muriendo los imputados y no se los puede empezar a juzgar”, sostuvo. En representación por Santa Fe también estuvieron Valeria Silva, militante de HIJOS, y Hugo Kofman, querellante en la causa por la desaparición de su hermano Jorge, en Tucumán.
En medio del debate realizado el jueves, se trató la proclama de “reconciliación”, que se publicó esta semana en una editorial del diario La Nación y la Mesa de Diálogo en conjunto se declaró en contra. Uno de los oradores sobre este tema fue Hugo Kofman: “Tampoco cabe la posibilidad de pensar un canje de verdad por justicia, como se hizo en Sudáfrica. Aquí los acusados tuvieron 16 años de impunidad (el tiempo de vigencia de las leyes de punto final y obediencia debida) para hablar y no lo hicieron. Tuvieron los juicios por la verdad, donde declaraban y se iban, y no dieron datos”, expresó.
Insisten en investigar la complicidad civil
La última reunión de la Mesa de Discusión Social e Institucional, que se realizó el jueves pasado, transcurrió durante casi cuatro horas, con la intervención de 25 oradores, en el Salón Nelly Ortiz de la Procuración General, convocado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. “El Poder Judicial no logra comprender la dimensión de lo que este proceso significa”, abrió el fiscal general Jorge Auat, anfitrión y titular de la Procuraduría especializada, y no obstante remarcó que frente a los diferentes obstáculos, el proceso de verdad y justicia “no es coyuntural y continuará venga quien venga” en el próximo gobierno.
Auat inició de esa forma un debate que estuvo signado una vez más por el rechazo a los fallos adversos que se dictaron este año para desprocesar a civiles –se hizo hincapié en la resolución de la Sala IV de Casación que le dictó la falta de mérito al presidente del Ingenio Ledesma, de Jujuy, Pedro Blaquier– y por la denuncia del ritmo cansino que le vienen imprimiendo cada vez más tribunales del país a las audiencias orales y públicas.
El fiscal general y representantes de varias jurisdicciones denunciaron que, frente a procesos largos y complejos como estos, hay jueces que llaman a audiencia una vez por semana y, en algunos casos, hasta una vez por mes. En efecto, el abogado Pablo Llonto señaló que la red de abogados y abogadas que intervienen en estas causas ya le expuso por escrito a la Corte el pedido para que, en el marco de la Comisión Interpoderes, se aborde la necesidad de que la Cámara de Casación dicte una nueva acordada en la que se disponga que en este tipo de procesos se deben realizar audiencias al menos tres veces por semana.
Entre otros aspectos, se denunció la falta de partidas presupuestarias para garantizar la tarea de los peritos que buscan restos de desaparecidos en las fosas comunes de Tucumán, situadas en Arsenales y el Pozo de Vargas; se narraron diferentes estrategias desplegadas por los defensores para apartar jueces y demorar la integración de los tribunales; se vio con preocupación el despunte de nuevos criterios para el otorgamiento de excarcelaciones a imputados; y se abordaron nuevas iniciativas, como la narrada por Claudia Bellingeri, de la Comisión Provincial por la Memoria (Buenos Aires), quien explicó la querella que presentó el organismo para impulsar el juzgamiento de funcionarios de inteligencia de la policía bonaerense por su complicidad.
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