Los diputados recibieron estadísticas sobre cómo funciona uno de los nuevos órganos de la reforma penal. El fiscal general Julio de Olazábal dijo que -en promedio- se dictan 15 prisiones preventivas por día. Foto: Guillermo Di Salvatore
De la redacción de El Litoral
Con una agenda apretada por otras actividades, el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA) brindó hoy su Informe de Gestión en la Cámara de Diputados.
El Dr. Julio de Olazábal pudo -por primera vez- mostrar números además de expresar conceptos sobre los objetivos y sobre lo hecho por el órgano de los fiscales, clave para la reforma procesal penal vigente desde hace un año y medio.
El compendio estadístico fue entregado a los legisladores presentes (en rigor había menos diputados que fiscales), en una reunión que -por su escasa asistencia- se desarrolló en el despacho del presidente de la Cámara, Luis Rubeo.
El jefe de los fiscales -advertido de que a los diputados los esperaban otros compromisos- puso especial énfasis en algunas cifras y en algunos pedidos.
Tareas de oficina
De las primeras destacó que no es cierto sean escasos los casos de prisión preventiva dictados en el último año y medio (hubo 15 por día, 7.781 en 18 meses). Y de los segundos, explicó que para que el MPA funcione como se espera, además de cubrir los cargos vacantes, serán necesarios otros más, para evitar -por ejemplo- que los fiscales lleven adelante buena parte de la labor administrativa u operativa, en lugar de investigar.
En la reunión una cifra, que no figura en el informe estadístico, explica mejor lo que ocurre: entre el 60 y el 70% de las labores de escritorio las llevan a cabo pasantes, es decir, “gente que sólo trabaja por la camiseta” y que cobra menos de dos mil pesos.
Cuando un fiscal comentó estos datos, la palabra “precarización”, en boca de un funcionario judicial, hizo carraspear a varios diputados y arquear las cejas a otros.
De Olazábal explicó que -de acuerdo con las normas laborales vigentes- Acusación sólo puede hacer nombramientos en la base del escalafón. Y que la labor de investigación de los fiscales requiere especialistas: psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras y contadores, para atender desde los casos de violencia de género hasta los llamados delitos de guante blanco.
Rubeo dijo entonces que la solución -para no violentar el convenio de los empleados judiciales- puede ser el dictado de una norma que cree esos cargos (con categorías más elevadas).
También aseguró que “se ha avanzado mucho” para que por fin haya una ley para crear el Programa de Protección de Testigos. Y estimó que “esta Legislatura” la aprobará (antes de diciembre).
Casuística del Archivo
Tras una exposición del fiscal general, el diputado radical Santiago Mascheroni pidió más detalles respecto de las causas “cerradas por desestimación”.
Son casi 60 mil los casos que ya pasaron al archivo. El legislador reclamó contar con una casuística descriptiva respecto de los criterios con los que los fiscales desestimaron esas investigaciones.
Hubo explicaciones de los fiscales regionales presentes, y el compromiso de modificar la estadística. El punto que más pareció importar a los diputados fue el cierre de causas por amenazas en un abanico que incluye otros asuntos llevados a la Justicia Penal con cheques extraviados, denuncias anónimas y de lesiones leves por accidentes de tránsito (para cobrar el seguro).
Inquietudes
La diputadas Alicia Gutiérrez y Verónica Benas, del oficialismo, reclamaron mejor atención de las fiscalías a las víctimas de los delitos de violencia de género. El fiscal general recordó que existe un programa de capacitación y que considera que es mejor no crear fiscalías especiales con ese propósito, para no poner tanta distancia entre víctimas y fiscales.
Del mismo modo, Alicia Damiani, del FPV, señaló que “no deben cajonearse en las fiscalías las causas sobre contaminación ambiental en el campo”.
Un lacónico “tomamos nota” del fiscal general, acompañó las respuestas a las tres.
Corrupción en la Policía
Como antes en el Senado, De Olazábal les expresó a los diputados que es necesario que haya una fiscalía especial, apartada de otras investigaciones, que se dedique sólo a perseguir la corrupción policial.
“Fatalmente el fiscal depende de la policía en sus investigaciones”, mencionó. Y brindó otro dato revelador: mientras que la policía en general tiene una efectividad de aproximadamente el 40% en sus allanamientos, las que lleva adelante la Policía de Investigaciones alcanza -en cambio- el 90%.
Homicidios
“En los próximos días el Ministerio Público de la Acusación va a dar a conocer una investigación basada en datos estadísticos sobre los homicidios en Santa Fe”, adelantó el fiscal Julio de Olazábal. Advirtió que no está conforme con el índice de esclarecimiento de éstos: del 47%.
“El funcionamiento del Órgano de Investigaciones (clave para la posterior presentación de pruebas en el juicio) puede mejorarlo”, dijo.
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