La norma planteaba que la provincia debía subsidiar en parte el combustible de las máquinas, y delegaba en el Ministerio de Aguas su revisión técnica. El gobierno consideró que ello representaba una “intromisión” hacia otros órganos del Estado. Y advirtió que no fueron evaluadas “suficientemente” las cuestiones presupuestarias.
El argumento de Borla para impulsar la ley fue que los aeroclubes colaboran con la provincia, por ejemplo, para la detección precoz de incendios, para el traslado de heridos y enfermos, y para el transporte de emergencia.- Foto:Archivo El Litoral.
Ivana Fux
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El Poder Ejecutivo resolvió vetar de manera total la Ley Nº 13.450 sancionada por la Legislatura el 27 de noviembre último. La norma proponía una regulación de la actividad de los 32 aeroclubes que desempeñan su actividad en la provincia, y planteaba un sistema de subsidio para el combustible de las máquinas. La iniciativa había sido impulsada por el senador radical Rodrigo Borla, y acompañada por unanimidad en ambas cámaras. Sin embargo, el gobernador entendió que la ley incurría en una “intromisión” hacia órganos del Poder Ejecutivo, y decidió vetarla en todos sus artículos, mediante el decreto Nº 4.948 del 30 de diciembre.
La ley
El argumento de Borla para impulsar la ley fue que los aeroclubes colaboran con la provincia, por ejemplo, para la detección precoz de incendios, para el traslado de heridos y enfermos y para el transporte de emergencia. Y sobre esa base propuso que el gobierno provincial otorgase un subsidio mensual de 700 litros de aeronafta y 20 litros de aceite de uso aeronáutico a aquellos aeroclubes que contaran con personería jurídica. Además, establecía que el Ministerio de Aguas debía hacerse cargo de la inspección de las máquinas cada 25, 50 y 100 horas de vuelo, respectivamente.
Como contrapartida del subsidio, las instituciones estaban obligadas a cumplir lo estipulado en el Código Aeronáutico en cuanto a instructores de vuelo y mecánicos de mantenimiento, que deben ser egresados de las Escuelas de Instrucción y Perfeccionamiento Aeronáutico. Para el caso de los aeroclubes que no cumplían ese requisito, la ley establecía una reducción al 50% del subsidio original.
Los gastos que surgiesen de la aplicación de la ley debían ser imputados al Ministerio de Aguas y Servicios Públicos.
Objeciones
Pero el Ejecutivo barrió con la iniciativa completa por entender que su mandato “ingresa en el ámbito de facultades” de dicho Poder provincial, constituyendo “una imposición a otro órgano del Estado, que importa una verdadera intromisión en su esfera de competencias constitucionales”.
Con las firmas de Antonio Bonfatti y su ministro Rubén Galassi, el veto advierte que “el ámbito dentro del cual el Poder Legislativo puede ejercer potestades implícitas con referencia a atribuciones del Poder Ejecutivo sólo es concebible respecto de facultades que, si bien son por su naturaleza propias de este último Poder, no aparecen atribuidas al mismo en forma expresa o por necesaria implicancia de éstas”. De lo contrario, alerta, “el principio de separación de poderes resultaría subvertido”.
Para el Ejecutivo, la iniciativa también incurría en “una clara vulneración de la igualdad de trato, pues se otorgan subsidios a entidades puntuales, como lo son los aeroclubes, en desmedro de otras instituciones afines dedicadas a otras actividades e impulsadas por el mismo espíritu”.
En síntesis, para el gobierno, la norma “colisiona con principios esenciales del régimen constitucional vigente”, y no evalúa suficientemente las cuestiones “presupuestarias, de organización, administrativas y económicas” derivadas de la ley. Por eso resuelve el veto, que remitió a las cámaras.
Fundamentos de la ley
Cuando Rodrigo Borla presentó su proyecto, consensuado con la Federación de Aeroclubes de la provincia, advirtió en sus considerandos que “desde hace bastante tiempo el apoyo del Estado no se traduce en medidas económicas, y esta situación lleva inexorablemente a la desaparición de este tipo de entidades”.
“Los aeroclubes -decía-, agotando sus recursos, fieles a sus principios y compromisos asumidos con la sociedad y el Estado, tratan de continuar prestando los servicios que oportunamente les fueron delegados, como la formación de pilotos civiles”.
Borla aseguró que “los aeroclubes conforman la estructura aeroportuaria más importante de la Argentina”; recordó que sus pistas “permiten operar a aviones civiles, militares, estatales y policiales, que atienden diferentes servicios”, y concluyó en que dichas instituciones “han trascendido los límites de la escuela de vuelo, transformándose en una actividad que corresponde a servicios esenciales para el progreso de la comunidad toda”
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