Es la mujer ex presa política cuyo testimomio sirvió para condenar a represores de la última dictadura militar. Fue asesinada en Rafaela el 29 de marzo de 2010 y el fiscal sostiene tanto la hipótesis del robo como la del asesinato por encargo.
Rosario 12 |
El juicio por el asesinato de Silvia Suppo en el Tribunal Oral de Santa Fe que arrancó a mediados de diciembre y seguirá el 4 de febrero podría develar el móvil del crimen. El fiscal Walter Rodríguez imputó a los dos detenidos, Rodrigo Sosa y su primo Rodolfo Cóceres, la figura del "homicidio agravado en ocasión de robo" que se castiga con prisión perpetua, pero también planteó una "acusación alternativa" que no desecha la hipótesis del "crimen por encargo para obstruir el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad". En un diálogo con Rosario/12, el fiscal dijo que esa "acusación alternativa" abre la posibilidad de debatir "ampliamente" las "dos hipótesis" y definir si prevalece "una u otra". Es "una etapa neurálgica para definir una u otra alternativa". Y explicó que su dictamen tiene un precedente histórico: "el caso de María Soledad Morales, donde fue necesario más de un juicio para desentrañar los misterios de su muerte".
Rodríguez justificó el agravante que reprochó a Sosa y Cóceres por "la conexión del homicidio con el robo que lo antecede" y "el propósito de lograr impunidad". Pero no descartó que "tal ligamen" pueda ser "desplazado por una hipótesis superadora" y el homicidio de Suppo hubiera ocurrido "en las mismas circunstancias, pero dirigido a obstaculizar" las investigaciones al terrorismo de estado. El "trascendental valor" de Silvia como "víctima testigo" en "causas por graves violaciones a los derechos humanos" tiene que "ser especialmente considerado dado el expreso reconocimiento que conllevan los procesos judiciales relativo a esta temática y va más allá de que su muerte haya sido potencialmente consecuencia de un hecho común", apuntó el fiscal.
Ya se sabe que la causa por el asesinato de Suppo fue desdoblada. El Tribunal Oral aceptó juzgar a Sosa y Cóceres después de dos negativas, en 2011 y 2013 por "homicidio en ocasión de robo" al considerar que el conflicto de competencia ya lo había resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La hipótesis del crimen político quedó en primera instancia, donde un testigo de identidad reservada involucró a dos personas: Emiliano ("el Bebo") Rodríguez y Miguel ("Mosquito") Mendoza, a quienes el juez federal Reinaldo Rodríguez exculpó con un "sobreseimiento", aunque después la Cámara Federal de Rosario revocó esa resolución y les dictó "falta de mérito". La Cámara apartó a Rodríguez del proceso que quedó a cargo de su colega Marcelo Bailaque y ordenó profundizar la pesquisa.
Ante ese panorama, el fiscal pidió el juicio para Sosa y Cóceres y encuadró la conducta de ambos en el "artículo 80, inciso 7 del Código Penal", que impone la prisión perpetua. "En el presente caso sostuvo , se verifican los dos elementos que exige el tipo: por un lado, la conexión del homicidio con el otro delito, esto es el robo que lo antecede y "por el otro, el propósito de lograr la impunidad". Pero el reproche no quedó ahí, sino que avanzó en una "acusación alternativa". "No puede marginarse como posibilidad que tal ligamen sea desplazado por una hipótesis superadora, que el homicidio de Suppo pudo haber ocurrido, en las mismas circunstancias", pero dirigido "a obstruir investigaciones por delitos de lesa humanidad".
"Justamente, la acusación alternativa abre la posibilidad de que en el juicio se discutan ampliamente las dos hipótesis" y si defina "por una u otra".
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