El defensor provincial, Gabriel Ganón, elevó a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura y a la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados la resolución 0013 de este año y una serie de antecedentes que refieren al accionar del fiscal regional de la cuarta circunscripción judicial, Eladio García, que podrían configurar “un mal ejercicio de la función”. La resolución de Ganón surge a raíz de una presentación realizada por la defensora regional de esa circunscripción, Ariana Flavia Quiroga.
García y Quiroga son quienes están a cargo de la acusación y la defensa en la zona norte de la provincia, con cabecera en Reconquista.
Más allá de la remisión de las actuaciones a la Legislatura, Ganón informó sobre el tema al fiscal general, Julio de Olazábal, y a la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez.
Para Ganón, los hechos presentados por Quiroga son de “gravedad institucional” y podrían configurar “un mal ejercicio” de la función de García por cuanto “habría impartido directivas al personal policial contrarias a la legislación vigente para evitar la actuación de los defensores públicos en la circunscripción” que comprende especialmente a los departamentos Vera y General Obligado.
“Además, la gravedad no sólo se limitó a ese comportamiento de por sí ilegal, sino que además podría configurar hechos de claro hostigamiento a defensores públicos con la consecuente obstrucción del funcionamiento de la Defensa Pública”, reza en parte de los considerandos de la resolución.
Ganón se hace eco de una nota elevada por Quiroga sobre lo ocurrido en ese asiento judicial durante la primera semana de vigencia del nuevo Código Procesal Penal y detalla diversos procedimientos donde los defensores no fueron notificados sobre la detención de personas e incluso narra un incidente de elevado tono con García durante una audiencia ante el juez Virgilio Pallud.
“Me parece que no es una buena medida en pos del buen funcionamiento del sistema penal que los fiscales o la superioridad impartan instrucciones al personal policial para que oculten a la Defensa Pública cual es el lugar de alojamiento de las personas privadas de libertad”, expresa la nota de Quiroga. “Es el espíritu de esa defensora, y así lo he requerido a los defensores a mi cargo, colaborar con el buen funcionamiento del nuevo sistema judicial penal, pero ello requiere de buena fe y probidad de todas las partes involucradas”, añade.
Para la funcionaria, “no puede comprenderse que el Ministerio Público de la Acusación y las fuerzas de seguridad pretendan hacer depender el funcionamiento de las oficinas a mi cargo de la información que logremos conocer de la prensa y que levantamos de los medios”.
Otra documentación
Entre la documentación elevada a la Legislatura, Ganón adjunta un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia de septiembre de 2011 donde analiza el comportamiento de García, entonces en función de juez de primera instancia, así como presentaciones de Quiroga ante autoridades policiales de la zona norte y la respuesta de éstas.
“Dado que la situación informada por la defensora involucra situaciones de gravedad que pudieran estar afectando derechos humanos y garantías de personas imputadas en juicio penal, entiendo conveniente también anoticiar de lo acontecido a las comisiones de Derechos Humanos y Garantías de la Legislatura”, concluye la resolución.
Entrevistas para el norte
La Dirección Provincial del Consejo de la Magistratura y jueces comunales informó que este viernes 14 se realizarán las entrevistas orales y públicas en el marco del concurso múltiple para cubrir siete cargos para jueces penales de primera instancia en los distritos judiciales de Reconquista, Vera y Las Toscas.
Estas entrevistas, que representan la última etapa del procedimiento de selección, se llevarán a cabo desde las 12 en el Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción, de Reconquista.
Para los distritos Nº 4 (Reconquista) y 13º (Vera) hay tres cargos en concurso, y uno para el 17º (Las Toscas), todos los cuales tendrán acuerdo para el nuevo sistema procesal penal implementado en la provincia desde el 10 de febrero.
De los siete cargos disponibles, uno solo corresponde a una vacante generada por el traslado de quien ocupó el Juzgado de Instrucción de Vera, indicaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En tanto, los seis restantes están contemplados en las Leyes Nº 13.018 de 2009, es decir, previstos para la reforma procesal penal; Nº 10.377 de 1991 y Nº 12.505 de 2005, cargos que nunca habían sido puestos en funcionamiento.
Los postulantes a las vacantes son Gonzalo Eduardo Basualdo, José Luis García Troiano, Ireneo Luis Berzano, Mauricio Daniel Martelossi, Claudia Graciela Bressan y Gustavo Adrián Gon.
Desde el Consejo de la Magistratura recordaron que podrán estar presentes y participar de la entrevista toda persona física o jurídica con domicilio en la provincia.
El cuerpo colegiado entrevistador está integrado por el presidente del Consejo de la Magistratura, Mariano Candioti; Silvia Rita Cerrato, en representación de la Lista Unificada en reemplazo del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial; Gabriela Tozzini, de los estamentos académicos; y José María Conzoli por los Colegios de Abogados de la provincia.
EL LITORAL.
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