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martes, 25 de octubre de 2011

ROSARIO/El Gobierno de Santa Fe denunció el piquete de 27 de Febrero y Oroño ante la Justicia

El Ministro de Desarrollo Social provincial, Pablo Farías, advirtió que "se acabaron las vías de diálogo". Ya citaron a una referente de la protesta, mientras crece el malestar de los vecinos.

El piquete de 27 de Febrero y Oroño, que mañana cumplirá 15 días, ya llegó a la Justicia. Incluso, el Ministerio de Desarrollo Social provincial realizará hoy una nueva presentación para destrabar el conflicto. El titular de esa cartera, Pablo Farías, aseguró: "Se acabaron las vías de diálogo que habíamos abierto porque llegamos a una situación de hartazgo". Y espera que el conflicto se resuelva, a más tardar, mañana.
La basura desparramada para cortar las calles despide un olor hediondo. Los caballos pastan en la ex Rural y varias familias acampan sobre 27 de Febrero bajo unos toldos. Postales de un conflicto que enfrenta a tres barrios con Desarrollo Social. Los manifestantes piden subsidios y los funcionarios dicen que no pueden hacer más nada por ellos. En ese marco, y con los ánimos caldeados en ambas partes, se espera la actuación de la Justicia.
"Confiamos en que mañana, a más tardar, salga una orden judicial para liberar el lugar", dijo Farías, quien subrayó que "si los manifestantes no lo hacen por esa vía, deberán hacerlo por la fuerza". En tanto, las familias instaladas en la zona advirtieron que no tienen "ningún apuro" por irse. También alertaron que los funcionarios quieren dejarlas allí "porque no les interesa el reclamo (ver aparte)".
Alarmados. Farías se mostró preocupado por "el daño que vienen causando a los vecinos y urge encontrar una solución".
A su vez, el funcionario reconoció que "este grupo es una excepción respecto de otros que se manifiestan en Rosario porque parece haber una intención de generar un conflicto, más allá de un reclamo que no tiene asidero".
Los vecinos circulan por la zona cortada y sólo los autos de los ocupantes de las viviendas de esas cuadras pueden pasar. El resto de los vehículos debe desviar el paso.
Las esquinas fueron bloqueadas con contenedores volcados y con basura. "Hace tiempo que los residuos están en la calle, el olor es insoportable y se está volviendo tóxico", comentó una mujer que trabaja en la farmacia de la esquina.
Lo mismo ocurre con los caminantes que, si bien atraviesan el corte, lo hacen tapándose la nariz.
"De noche se escucha que golpean los contenedores y también hubo ruido de balas", dijo una joven madre que vive en un edificio próximo al piquete.
Varios tienen miedo y no se animan a caminar de noche por la zona. "Estamos cerrando más temprano", dijeron empleados de un local. Los comerciantes también sufren una baja notable en las ventas.
Farías, en tanto, se quejó porque ya recibió denuncias de parte de los gremios que agrupan a los trabajadores de Desarrollo Social porque "los manifestantes los insultan cuando intentan ir a trabajar".
"Acudimos a la Justicia y creemos que deben tener una sanción adecuada", dijo el ministro, que dos años atrás había presentado una denuncia judicial porque "las mismas personas provocaron un incendio en 27 de Febrero y Alvear".
"Ellos quieren la plata. Nosotros les ofrecimos la inserción en programas de trabajo, pero pretenden el dinero y eso no les podemos dar", declaró el secretario de Desarrollo Social provincial, Marcelo Beltrán.
En tanto, el juez Héctor Núñez Cartelle resolvió citar a indagatoria a una de las líderes de la protesta, Claudia Báes.
Paralelamente, la intendenta electa, Mónica Fein, reiteró su posición en contra de la prolongada protesta.
“Trabajé para Binner”
“Yo trabajé para Hermes Binner, Miguel Lifschitz y Mónica Fein. No lo dejé entrar a Miguel Del Sel a mi barrio porque soy socialista y mirá, así me pagan”, disparó Claudia Báes, una de las líderes del piquete de 27 de Febrero y Oroño.
La mujer cuenta también que maneja un comedor y una copa de leche y que en Desarrollo Social le retuvieron la mercadería.
Los manifestantes provienen de los barrios Vía Honda, Avellaneda Oeste y Empalme. Desde marzo pasado están pidiendo 120 puestos de trabajo en los puntos verdes (de recolección de residuos) para 200 familias.
Entre ellos hay también carreros. Además, piden zapatillas y ropa para los chicos.
“Desparramar basura no es lo mejor”, admitió Báes, quien agregó: “Pero de alguna manera teníamos que cortar el tránsito. Si esto no se resuelve, quemaremos cubiertas”.
Luego denunciaron amenazas de los funcionarios que los quieren desalojar.

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