El comisario General Daniel Alcaraz fue reconocido por el gobernador Antonio Bonfatti
La cabo policial Fany Elizabet Yedro dirigió a la Dirección Provincial de Políticas de Género y al Consejo Nacional de la Mujer una nota denunciando su situación luego de sentirse vejada y humillada por sus superiores y especialmente por el Comisario General Daniel Alcaraz, designado como Director de Institutos Policiales pero que se desempeña como Jefe Territorial de la Región II con asiento en Rafaela.
El hecho
Yedro, domiciliada en Estación Clucellas, departamento Castellanos, cumplía funciones en la Sub Comisaría de dicha localidad, y cuenta que: “Sucedió que por una vecina del pueblo nos enteramos con mi esposo de que un policía de la misma dependencia de nombre Daniel Palacios se dedicaba a seguir a menores de edad y además en la computadora de la comisaría les mostraba a algunos chicos páginas de pornografía. La vecina me pidió que por miedo a que tomen represalias reserve su identidad. La única forma de corroborar si Palacios hacía algo de lo que esa vecina decía era revisar el historial de páginas abiertas en internet en la computadora de la dependencia (lo que hice en fecha 25-03-2013) y me encontré que cada vez que Palacios estaba de guardia eran innumerables la cantidad de páginas pornográficas visitadas, y sobre todo siempre buscando la participación en esos sitios de menores de edad. Con mi esposo conocíamos que Palacios tenía denuncias anteriores por abusos sexuales a menores, por lo que decidimos fotografiar la pantalla de la PC donde se muestran las páginas del historial y considerando que se trataba de un tema muy delicado, requería de una sería investigación y tomar las medidas acordes para dar un corte definitivo al accionar de este pedófilo. Decidimos que mi esposo llevara al día siguiente esas pruebas a la superioridad de la Unidad Regional Departamental de Policía -en ese entonces el Jefe era Daniel Alcaraz- y además por el hecho de que como mujer me sentía muy mal al tener a un pedófilo y abusador sexual trabajando a mi lado”.
“El jefe policial Alcaraz no tomó ninguna medida contra Palacios, por el contrario lo que hizo fue tomar represalias contra nosotros (mi esposo y yo), empezando por tramitar para mi marido el traslado a otro departamento de la provincia. Entonces decidimos con mi esposo realizar las denuncias correspondientes en Asuntos Internos de la policía provincial”, continúa relatando Yedro.
“Al ver la actitud tomada por Alcaraz -a quien no le importó absolutamente nada lo ocurrido sino, por lo contrario, le molestó que como mujer y empleada policial le advirtiera que Palacios era un enfermo pedófilo muy probablemente a punto de cometer otro delito sexual- caí en una depresión muy grave, que todavía hoy me afecta y me exige tratamiento psicológico, y me vi obligada a presentar carpeta médica psicológica porque realmente no puedo comprender como el Jefe Policial optó por proteger a un violador serial y pisotear mi condición de mujer y denunciante. La razón de irme del ámbito laboral fue que no podía seguir trabajando a la par de un abusador sexual. Ese delincuente Palacios siguió en la misma dependencia durante un año más, hasta que en abril del 2014 fue detenido por una de las tantas denuncias de abusos sexuales a menores que tenía encima, y condenado luego por una de esas denuncias a la pena de nueve años. Mientras Alcaraz escupía sobre mi condición de mujer, dejando a Palacios todo ese año para que se paseara todos los días tomándome el pelo en cualquier lugar del pueblo que me encontraba, yo me la pasaba recorriendo consultorios médicos y tomando pastillas para poder dormir, porque sino me pasaba las noches llorando, llegando incluso a pensar que tenía que morir porque para este mundo no valgo nada. No entendía cómo fue posible que llegara a esta situación, porque sabía que mi intención fue hacer el bien”, expresa la policía Yedro.
“Con el tiempo descubrimos con mi esposo la razón por la cual Alcaraz protegió a Palacios hasta su último día de libertad. Y es porque Palacios le conocía a la jefatura muchas cosas sucias, una de ellas era la relación con narcotraficantes; mientras Palacios estuvo como titular en un pueblito llamado Villa Josefina (donde cometió algunos de los abusos sexuales que fueron denunciados), en ese sitio un grupo narco había instalado una cocina de droga, situación que luego quedó a la vista cuando la Justicia federal detuvo al narcotraficante Gallardo. Palacios mantenía su silencio a cambio del encubrimiento. Si llevás negocios o plata a los jefes, sos el mejor empleado. A mí los libros me enseñaron lo contrario, por eso al parecer no sirvo para este sistema. Otro de los tantos ejemplos donde queda en claro la protección y el compromiso de Alcaraz con ese abusador quedó demostrado cuando siendo Alcaraz jefe de Orden Público (o sea a cargo de las comisarías del departamento) en junio de 2012 Palacios se encontraba en situación de disponibilidad (separado de las fuerzas) e investigado por denuncias sobre abusos sexuales en Villa Josefina y concurría a diario a la Comisaría Trece de Rafaela (aunque no debía) para hacer ‘aprietes’, juntar plata para otros. Y al ocurrir la fuga de un detenido, Palacios fue mencionado por testigos en el expediente judicial como el FANTASMA, saliendo esto en el momento en distintos medios escritos de Rafaela y Santa Fe”, expresa la uniformada.
“Más allá de todo lo que denuncio, como dije al principio, lo que más me duele es el menosprecio que me demostró Alcaraz, a mi condición de empleada, y la pisoteada que le dio a mis derechos como mujer. Toda esta situación lo único que me creó fue miedo, porque terminé por conocer los alcances de la corrupción del sistema y no conté con nadie de ningún organismo estatal, a pesar de las denuncias. Me provocaron miedo a volver al trabajo y que encuentren la forma de que sea parte de un ‘accidente’, o tomen represalias contra mis hijos. No me explico cómo puede ser que tenga que quedarme sin trabajo, cómo puede ser que nadie se interesó por lo que nos sucedió. Me infundieron el miedo de volver a la policía; no les importó, por el contrario, les agradó recurrir a la revictimización, sometiéndome a la demora injustificada de toma de medidas tanto administrativas como judiciales. El hostigamiento psicológico con la inacción por parte de superiores, dependencias como Asuntos Internos, y otros cargos jerárquicos de nivel provincial, al no hacer nada en lo inmediato cuando denuncié al pedófilo, quedando él en su sitio, para que sistemáticamente me tome el pelo y de esa forma dañe mi salud mental. No existió para mí la asistencia integral, la orientación a la víctima, la asistencia mental para recuperación por los daños, el respeto a la dignidad, el trato respetuoso evitando conductas, actos u omisiones que produzcan revictimización, a la que tanto hace referencia la Ley. Quedaron destruidos mis derechos a obtener una respuesta oportuna y efectiva, a la protección judicial urgente, a la protección a la intimidad y confidencialidad (ya que corrieron a contarle a Palacios que lo estaba denunciado, para que él se encargue de hacerme la vida imposible.) No demostraron ninguna actitud humanitaria”, escribió en la carta enviada a los organismos nacionales y a la que accedio Sin Mordaza. Concluye con un: “Confió y tengo esperanza de que voy a encontrar a alguien que me ayude a obtener justicia”.
Palacios condenado a 9 años
Daniel Palacios era un efectivo de la fuerza de seguridad santafesina que perseguía menores en el móvil policial y les enseñaba pornografía en la comisaría. En junio de 2014 un subcomisario denunció esos hechos. La Justicia lo condenó a 9 años por tres casos de violación y abuso. Dos de las víctimas fueron sus hijas.
La situación tomó estado público poco después de que se conocieran una serie de episodios de apremios ilegales y torturas por parte de efectivos de la comuna de Frontera, que incluyeron una especie de crucifixión callejera de un acusado de robo, caso que sacudió la institución policial santafesina.
El denunciante era Alcides Guglielmone, un empleado policial con jerarquía de subcomisario. El acusado era Daniel “Fantasma” Palacios, un colega de la Subcomisaría 6º de Estación Clucellas, ubicada a 50 kilómetros de la ciudad de Rafaela.
Testimonios de habitantes del lugar indicaban que el cabo Palacios perseguía en el móvil policial a menores de edad y los invitaba a la comisaría para mostrarles videos de contenido pornográfico. El policía había sido procesado anteriormente por abuso sexual y pasado a disponibilidad.
A partir de la denuncia de Guglielmone, las autoridades policiales –entre ellas el actual jefe de la Unidad Regional V, Daniel Alcaraz– protegieron a Palacios, que siguió trabajando en esa comisaría, y comenzaron a hostigar a quien había realizado la denuncia.
Palacios finalmente fue trasladado a Rafaela a principios de 2014, acompañando al comisario Rabufetti, que estaba a cargo de la seccional 6º de Estación Clucellas, y tomó control de la comisaría 13º de la cabecera del departamento Castellanos. Rabufetti terminaría procesado por pedir coimas en ese destacamento.
Detención y condena
En marzo de 2014, Daniel Palacios volvió a ser detenido por dos nuevos abusos sexuales que cometió, esta vez contra dos de sus hijas y una prima. A la denuncia la realizó su ex pareja, madre de las niñas.
Tras un acuerdo judicial entre querellantes, el fiscal de primera instancia y el abogado defensor, Daniel Palacios firmó un acuerdo por nueve años de condena, haciéndose cargo de tres abusos sexuales. Según publicó el diario La Opinión de la ciudad de Rafaela, se tuvo presente un caso de abuso sexual con acceso carnal, otro de abuso sexual gravemente ultrajante, y finalmente un abuso sexual simple, ocurridos en la ciudad de Sunchales.
Fuente: SM
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