Sería a través de un Organismo de Investigación que fue creado por ley en 2013 y que todavía no fue implementado en la provincia
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Pese a que, en la actualidad, la fuerza policial cuenta con áreas claves para investigar los hechos ilícitos y así ser un auxiliar de la propia justicia, De Olazábal sostiene que "no resulta bueno que quien está investigando dependa de otro poder que no sea del Poder Judicial".
Redireccionar la pesquisa
Según el titular del MPA, la investigación criminal requiere de una serie de herramientas que logren determinar qué sucedió en un robo, homicidio, estafa o cualquier otro hecho dentro del fuero provincial. "Tratar de averiguar qué es lo que ocurrió requiere conocimiento y habilidades distintas que no tienen que tener un policía", sostuvo De Olazábal. "¿Cómo se levanta un hecho? ¿Cómo se trata una víctima que ha caído en el lugar del hecho? ¿Cómo hay que tomarle declaración a un menor de edad? ¿Cómo hay que estudiar una defraudación bancaria? ¿Cómo hay que investigar un delito informático? Todo eso requiere conocimientos distinto. Entonces pretender que un policía actual, que debe cuidar el orden, tiene que estar haciendo una investigación para resolver un ilícito, es una utopía", agregó.
En torno a cómo estará conformada la futura herramienta judicial, la ley establece que el Organismo de Investigación tendrá dos alas. Una conformada por los especialistas en ciencias forenses: médicos, peritos químicos, criminalistas y especialistas en informática. Y la otra conformada por investigadores de campo. "Con esto creo que se debería mejorar notablemente la calidad de las investigaciones", admitió De Olazábal.
Ante la consulta por si esta nueva organización tiene como eje poder preservar la prueba de un caso, el mandamás de los fiscales explicó que sí, pero que a su vez es necesario salir a buscarla. "Veamos lo que está ocurriendo, es frustrante sentir la sensación de que siempre nos estamos quedando con lo superficial y nunca profundizamos para saber qué es lo que está sucediendo realmente", señaló.
"En Santa Fe, de los homicidios registrados, un 90 por ciento son cometidos con armas de fuego. Pregunto: ¿y de dónde salen tantas armas de fuego? ¿No es que están tan controladas con el Renar? Bueno ahí hay algo que tenemos nosotros que investigar", remarcó el funcionario. En esa línea, indicó que es necesario investigar la economía delictiva: "Es importante que no se esté investigando quién es el autor del robo del automóvil sino que también es bueno que nos preguntemos que si detrás de ese ilícito no hay toda una economía del delito", apuntó.
Por último, el jefe de los fiscales que prontamente abandonará su cargo –ver aparte–, concluyó en que "no resulta bueno que quien está investigando dependa de otro poder que no sea del judicial. Porque se corre muy serio riesgo de alguna interferencia que puede haber en esa investigación".
El cambio y su impacto
De llevarse a cabo la conformación del Organismo de Investigación, serán varias fuerzas las que deberán replantearse su rol. En este sentido, la estructura pensada para la policía judicial tendría una similitud a la Policía de Investigaciones (PDI), la cual funciona bajo la órbita del Ministerio de Seguridad pero que es un cónclave fijo de la investigación de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación.
Donde mayormente se plantea la incógnita es en torno a cuál será el rumbo que tomen las divisiones investigativas de cada unidad regional de la provincia y también las policías científicas abocadas a la parte pericial de cada suceso que acontece, ya que las mismas, en la actualidad, cumplen un rol similar al pensado dentro del "ala forense" proyectada para el Organismo de Investigación.
A pesar de ello, el fiscal De Olazábal buscó dejar un manto de tranquilidad a la fuerza. "Esto no quiere decir que se va prescindir de la policía", concluyó.
El auditor general sigue esperando
En relación al control de los fiscales oficiales y adjuntos del Ministerio Público de la Acusación, el fiscal general Julio De Olazábal sostuvo que es necesario crear el cargo de un auditor general que pueda realizar un balance sobre el desempeño de cada funcionario.
Al respecto, el titular del MPA señaló que la ley es clara y estableció que se debe cubrir un cargo cuya responsabilidad, entre otras, es vigilar el trabajo de los fiscales para ver cómo están actuando y qué resultados obtienen. "No solamente con la finalidad de castigar al que está trabajando mal, sino, primordialmente, con la finalidad de ver qué se está haciendo bien y sobre todo qué es lo que puede mejorarse", expresó.
"Lamentablemente este cargo no se cubrió. Se hizo un concurso en sus orígenes donde se propuso a un candidato pero la Legislatura no lo aceptó. Por lo tanto, es otra traba que nosotros tenemos", indicó.
"Esto urge, porque todos sabemos que para que cualquier institución funcione bien alguien tiene que estar controlando", agregó De Olazábal. De todas formas, se mostró positivo en relación a una reunión que mantuvo con el gobernador Miguel Lifschitz, donde el mandatario de la Casa Gris le aseguró que el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, dijo que iba a atender el reclamo, ya que se había designado un jurado para hacer el concurso para cubrir el cargo de auditor general.
Se busca sucesor
Olazábal ratificó que su cargo al frente del MPA culmina el próximo 6 de abril de 2017. Al respecto, dijo que en la ley no figura que existe la reelección ni tampoco una eventual prórroga, por lo cual se estima que próximamente el Ejecutivo abra un concurso público y así designar un nuevo titular.
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