El ministro Alak y Alejandro Tullio recibieron una comitiva de diputados. Garantizaron una respuesta a sus planteos y los de la Justicia Electoral. Hubo reclamos por los fondos de campaña.
Infobae |
El impacto nacional que tuvo el escándalo de los comicios de Tucumán derivó este jueves en una inusual postal: un grupo de opositores fue recibido por Julio Alak en el Ministerio de Justicia. El cónclave, que se presenta como una rareza en el crepúsculo de la administración kirchnerista, es de alguna manera el resultado de la sospecha de un posible fraude, latente aún en varias fuerzas.
Acompañado por el director nacional electoral,Alejandro Tullio, y la subsecretaria del área,Diana Quiodo, Alak se reunió con una corte de diputados de distintas fuerzas para evaluar disposiciones y requerimientos tendientes a optimizar el control de las elecciones. Concurrieron los macristas Patricia Bullrich y Pablo Tonelli; el radical Mario Negri; Alberto Asseff por el Frente Renovador; Ricardo Cuccovillo por el Partido Socialista, y la ex diputada María Elena Barbagelata.
Los legisladores se mostraron conformes con el resultado del encuentro. "Se han acercado posiciones y las explicaciones expuestas por el ministro Alak y el director electoral nos dejaron satisfechos", indicó Bullrich.
"Lo que pretendimos con la reunión fue acortar al máximo las posibilidades de fraude", explicó Negri a Infobae. "Todos aspiramos a salir de este sistema electoral", explicó.
Los partidos que representan esos diputados se declararon en alerta a partir de las irregularidades que denunciaron en Tucumán, pero también en otros distritos que ya fueron a las urnas este año. Su preocupación los llevó a reclamar la implementación de un cambio en el sistema de votación semanas atrás. Ante la inviabilidad de avanzar en un cambio de boleta, debieron contentarse con un acuerdo de fiscalización y una serie de propuestas para el Ejecutivo.
Esos planteos fueron escuchados por los jueces de la Cámara Electoral, quienes emitieron una acordada –en la que recogieron también observaciones de ONG– con disposiciones para todos los actores que intervienen en el proceso electoral. La cita de hoy en el ministerio sirvió para hablar sobre esas medidas.
Los funcionarios garantizaron que las actas de las elecciones generales de octubre se trasladarán en sobres cerrados y se designará un representante de la autoridad electoral para cada establecimiento de votación. Además se autorizó la presencia de los apoderados partidarios en los 243 centros de recepción de los datos y se habilitó el cuarto de contingencia, que será un cuarto oscuro o bien la autoridad de mesa que contará con "un manojo extra de boletas" para contrarrestar así el robo de papeletas.
Dentro del paquete se acordó también la designación de "una tercera autoridad de mesa" y se resolvió realizar una campaña publicitaria para "intensificar" el concepto de que los electores pueden pedir boletas a la autoridad de mesa.
Alak y Tullio confirmaron que el papel copiante, recomendado por la Cámara Electoral, "no se puede aplicar técnicamente", mientras que se resolvió colocar GPS sólo en los vehículos que participarán "en los operativos troncales" del traslado de actas de varias localidades y serán controlados por el mismo tribunal.
En tanto, los partidos insistieron en la capacitación de las autoridades de mesa, pero también reclamaron que estén "bien identificadas como el responsable de la Dirección Electoral" asignado a cada establecimiento.
Durante el encuentro, los dirigentes también reclamaron que se desista de la idea de realizar, en primer término, un escrutinio de los candidatos presidenciales y exigieron que "la carga sea lo más homogénea posible".
Otro de los reclamos que llevaron los dirigentes tiene que ver con los fondos que el Estado destina a los partidos políticos para la impresión de boletas que ya fueron liberados por el Ministerio de Justicia pero estarían "frenados" en el Palacio de Hacienda. 
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