Trabajaban como seguridad del boliche La Tienda, el último lugar donde Gerardo fue visto con vida. Uno de los cinco arrestados está con carpeta médica psiquiátrica en uso de licencia. Insisten con que la causa pase al fuero federal como desaparición forzada de personas.
Rosario 12 |
(TOE), detuvieron a José Luis C., Cristian Jesús V. y a Maximiliano A. personal de seguridad del lugar mencionado. Uno de los cinco arrestados está con carpeta médica psiquiátrica en uso de licencia y es ilegal que haya estado prestando servicio en el lugar. En tanto el abogado Salvador Vera y el Defensor Gabriel Ganón, volvieron a reclamar el pase al fuero federal de la causa habida cuenta que "se trata de una desaparición forzada de persona, porque intervino el propio Estado a través de sus agentes, en este caso policías". La diferencia no es menor: en el federal la condena es a perpetua, mientras en el provincial podría terminar en un juicio abreviado como homicidio simple por tan solo ocho años de prisión. La misma fiscalía también citó a Ganón y al médico Víctor Moglia, por sus declaraciones públicas, aunque ambos no fueron.
De paso a Ganón le enviaron carta documento desde la Fiscalía que intervino en el caso de Franco Casco para avisarle que lo van a querellar por sus críticas es ese caso. "Nos llama poderosamente la atención que en vez de gastar la energía del Ministerio Público Fiscal en investigar un poco más la causa por la muerte de Escobar, pierda tiempo recursos e ímpetu en distraer el accionar judicial en llamar a declarar de un abogado que en ningún momento participó de los hechos que se investigan", considero Santiago Bereciartúa, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sobre la citación a Vera.
En las primeras horas de la mañana de ayer las fuerzas de seguridad, detuvieron a 5 personas, dentro del marco de la investigación penal que llevan adelante Marisol Fabbro y Rafael Coria, en la que se buscan determinar las circunstancias del homicidio de Escobar y cuyo cuerpo fue encontrado en las aguas del río Paraná, en la zona franca Bolivia el viernes 21 de agosto. Tras la investigación realizada hasta el momento, se solicitaron al Juez Penal de Primera Instancia Juan Carlos Curto, los allanamientos respectivos para efectivizar las detenciones dispuestas por la Fiscalía.
De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales las detenciones se dieron porque a criterio de la fiscalía "hay elementos que los relacionan con el hecho". Las detenciones surgen por imágenes de cámaras de seguridad que no coinciden con los relatos de cada uno de ellos.
Todos ya prestaron declaración testimonial.
De los cinco arrestados, cuatro quedaron alojados en la cárcel de Piñero y otro en la Unidad 3, ubicada en Ricchieri y Zeballos. Se especulaba que la separación de este último podría marcar la diferencia en la imputación.
La audiencia imputativa será el próximo lunes. El grado de la imputación no será igual para los cinco detenidos. No trascendió aun a quienes se les imputará homicidio y a quienes encubrimiento.
Antes de estas disposiciones se efectuaron allanamientos en los domicilios de los detenidos, a cargo de la Secretaría de Control de la Policía, a través de Asuntos Internos en el marco de los cuales se secuestraron vehículos.
Con estos argumentos, la principal hipótesis para el caso pasa a ser el asesinato. Incluso hay muchos detalles que los fiscales mantienen en reserva para "no entorpecer" la audiencia imputativa del lunes, según se esforzaron en remarcar los voceros.
En rigor en la jornada previa a las detenciones, las "novedades" de la causa no habían sido buenas: es que la fiscalía había citado a Salvador Vera, abogado de la familia y de la Asamblea por los derechos de la Niñez y la Juventud, por su declaraciones a LT 8 sobre la falta de preservación de la escena del crimen. Vera había denunciado que el teléfono de Pichón no estaba embarrado como el resto de sus pertenencias. Vera no concurrió a la cita y un patrullero de la seccional 7 llevó otra nueva para el lunes.
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