"Me comprometo personalmente a controlar este tema y junto al jefe de policía de la provincia haremos un seguimiento cercano para que se cumpla la ley", garantizó el vicegobernador de la Provincia de Santa Fe.
La Capital |
En ambos casos, las víctimas fueron amenazadas y permanecen atemorizadas a la espera de que sus respectivas causas avancen con celeridad en la Justicia y se extinga el peligro a represalias.
En La Gallareta, el docente Livio Folla denunció la organización de una jornada de competencias de galgos y a modo de venganza le incendiaron la casa. El hombre había asentado una denuncia por amenazas en la Fiscalía a cargo de Martín Gauna Chapero con el aval de una grabación, pero según explicó "en la oficina del fiscal la perdieron y nunca recibí respuestas. No veo adelantos de los fiscales —ahora investiga el de Vera, Gustavo Latorre—. Quienes me prendieron fuego la casa me siguen amenazando por la calle. Estoy encerrado en mi casa y la gente que originó el incendio anda tranquila por el pueblo", sostuvo.
Pese a estos cuestionamientos, el fiscal Latorre justificó a su colega y explicó que Folla se comunicó con Gauna Chapero "más o menos a las 22.30 del día anterior a la quema de su vivienda y le manifestó su temor de que le incendiaran la casa. Gauna Chapero ordenó que realicen patrullajes por la zona de la vivienda de Folla". Sin embargo, "Gauna nunca supo de la existencia de otra vivienda que tenía Folla a unas seis o siete cuadras del donde efectivamente vive".
Connivencia. Esa postura fue cuestionada como "un argumento que demuestra el espíritu corporativo del Poder Judicial y la connivencia policial. Puede que el fiscal no supiera ese detalle pero sí lo sabía la policía local, porque es un pueblo de pocos habitantes", se indignó alguien cercano a Folla.
Latorre trabaja también para reunir elementos y determinar si efectivos policiales recibieron o no coimas para permitir la realización de carreras de galgos y si se violó la Ley de Protección Animal.
El fiscal enumeró las acciones que tomó para esclarecer el caso y aseguró que "hasta ahora me entrevisté con Folla, con la policía que intervino previamente y con posterioridad al incendio y le solicité a la Policía de Investigaciones una serie de medidas que se deben realizar en la localidad para ver si se puede identificar a los autores del hecho". Dijo que también que "desde el lunes el Jefe de Unidad Policial dispuso el cuidado de Folla, de su familia y de sus bienes".
En cuando al caso de Teodelina, el joven de 20 años, Nahuel G., denunció haber sido violentamente golpeado y violado por tres individuos —uno de ellos acusado de matarle una perra y dos policías— también padece una situación similar al docente de La Gallareta: los inculpados están en libertad y él debe permanecer en su casa por temor a sufrir más represalias. El caso mereció la movilización de la población exigiendo justicia.
Voz oficial. "En conjunto con la diputada Alicia Gutiérrez me reuní con asociaciones que abarcan territorialmente a toda la provincia y defienden los derechos de los animales", indicó Henn, y agregó que "logramos el compromiso del jefe de policía con un número de teléfono exclusivo y directo para hacer un seguimiento del tema, que es muy complejo porque en algunos lugares las carreras se siguen organizando".
El vicegobernador valoró la importancia de la concientización por parte de la gente, "pero estas normas se cumplen con control y más control. Hay que tomar conciencia de que la Legislatura provincial decidió prohibir las carreras de perros, están probadas las mortificaciones que esa actividad genera a los animales y por lo tanto no vamos a permitir que la actividad siga adelante".
Respecto a lo ocurrido en La Gallareta y Teodelina dijo que "en los dos casos hay mucho temor. En uno de ellos hubo una reprimenda que llegó a la quema de una vivienda y tensiones permanentes. El otro también es muy complejo y grave. Ambos merecen toda la atención por lo que me puse en contacto con el ministro de seguridad para evaluar las acciones a seguir".
Henn consideró que es necesario que se le dé mayor categoría a la falta que se origina con esta actividad. "Las provincias no tienen potestad para generar figuras delictivas por lo que es muy importante el proyecto nacional que prohibiría las carreras. Hay que respetar la vida de todos, debemos aprender a vivir de un modo más humano y por eso es bueno el debate que se está dando en el Congreso de la Nación", dijo.
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