La jueza Pecoraro giró una nota al Ministerio de Seguridad pidiendo que se replantee urgentemente lo planificado. El hecho generó preocupación en el Juzgado de Menores.
/La Capital |
El moderno diseño de la obra de remodelación que se desarrolla en la alcaidía de la Unidad Regional IV (UR-IV) de Policía del Departamento Caseros con asiento en Casilda, no prevé la construcción de ningún pabellón para menores. Tal situación generó preocupación en la jueza de Menores de esta ciudad, Cristina Pecoraro, quien ya envió una nota al ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto para que tome cartas en el asunto y se replantee lo planificado, aunque dijo no haber recibido aún respuestas.
Para la magistrada, lo sucedido "contradice el discurso político que resalta la importancia de generar condiciones para mejorar la seguridad pública y la convivencia social, además de ir a contramano de las leyes nacionales y los tratados internacionales".
Con la reciente puesta en marcha de los trabajos, lo que obligó al traslado de los presos a distintos penales de la provincia, quedó al descubierto que al proyecto de obra le faltaba una pata, al no contemplar un espacio para el alojamiento de menores en conflicto con la ley penal.
Ante la situación Pecoraro no ahorró críticas, y hasta se preguntó: "¿Cómo le explico a la sociedad que tengo que dejar en libertad a un menor que delinque porque en las instalaciones policiales del Departamento Caseros no hay un lugar donde alojarlo?". En esa misma línea indicó que "este problema, de no revertirse, impedirá la aplicación de medidas tendientes a la contención y recuperación de quienes incurren precozmente en el mundo del delito".
Buena experiencia. La jueza casildense es reconocida en su actividad por disponer actividades socioeducativas tanto para menores privados de la libertad al haber cometido hechos graves, como en otros casos cuyos resultados también fueron positivos al no registrarse reincidencia.
La buena experiencia fue también posible gracias al área para menores construida hace tiempo en la UR-IV a fin de cubrir necesidades y que ahora será demolida al encararse la ejecución de la nueva alcaidía que, según lo planificado por la dirección provincial respectiva, no incluye un pabellón para menores, lo que generó la rápida reacción de la jueza Pecoraro.
Según lo revelado a LaCapital, el proyecto sólo contempla una infraestructura para 24 internos mayores de edad, que respeta los estándares internacionales de seguridad y habitabilidad.
De no prosperar el reclamo, la magistrada casildense cree que "resultará muy difícil responderle a la comunidad en materia de Justicia ya que este despropósito de que la nueva alcaidía no prevea un espacio de alojamiento para menores derivará en más inseguridad ya que, en este contexto no tengo otra opción que dejar en la calle a quienes delinquen, o derivarlos al Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (IRAR), lo que sería condenarlos al destrozo físico y psicológico ya que lejos está, debido a su calamitoso estado, de ser un lugar de rehabilitación".
Licencian al jefe de la UR-IV. Mientras tanto, el personal de la UR-IV se mostró sorprendido ayer al enterarse de un pedido de licencia anticipado al jefe de la repartición, Walter Llanos, cuyo lugar ahora ocupa el subjefe y compañero de gestión, José Cuccaro.
Si bien la medida provino de la Jefatura de Policía provincial, no trascendieron las razones, por lo que se tejieron especulaciones de todo tipo que van desde diferencias de criterio con la política de seguridad, hasta recientes hechos delictivos ocurridos en Chabás que habrían apresurado su salida antes de culminar en marzo su carrera policial.
Tanto la plana mayor de la UR-IV como la mayoría de los uniformados no ocultaron ayer su "tristeza" por lo sucedido a raíz de la buena reputación que Llanos supo ganarse en la fuerza. "Seguiremos dentro del mismo lineamiento de trabajo haciendo hincapié en la prevención", explicó Cuccaro, quien asumió su función junto con Llanos para hacerse cargo de la seguridad del departamento Caseros que, según las estadísticas, es actualmente una de las jurisdicciones territoriales con menor índice de delitos.
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