Las amenazas al Gobernador Antonio Bonfatti las debe investigar la justicia federal

Así lo dictaminó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, en un escrito del procurador general adjunto. Es por el conflicto de competencia que debe resolver la Corte Suprema. Lo habían amenazado durante el levantamiento policial.

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 El Ministerio Público de la Nación dictaminó que las amenazas al gobernador Antonio Bonfatti en la que está imputado el jefe de Apropol, Alberto Martínez, por supuestas "coacciones agravadas" deben ser investigadas en el fuero federal, como parte del alzamiento policial de diciembre. La causa está frenada desde marzo por un conflicto de competencia que debe resolver la Corte Suprema de la Nación. Un dictamen del procurador general adjunto, Eduardo Ezequiel Casal, al que tuvo acceso Rosario/12 consideró que los mensajes "intimidantes" que recibió el mandatario "no pueden ser desligados de otras conductas que la justicia federal" ya investiga en una segunda causa, en la que Martínez y otros cinco policías en actividad fueron acusados por el supuesto delito de "sedición". Por lo que ahora, resta esperar el fallo de la Corte.

Bonfatti recibió los mensajes de textos en su teléfono celular, en el arranque del motín y desde el mismo remitente. El primero, el 4 de diciembre, a las 0.34: "Seguís pensando en pagarles 5 mil pesos a los policías, explotador?", le preguntaron. El 6 de diciembre le escribieron: "Explotador y negrero de los policías, te hago responsable de todo lo que suceda. No puedes decir que no te lo adelanté, facineroso". Y el 7 de diciembre, le advirtieron: "En vez de mandarme la cana a mi casa porque no buscas a los narcos y le pagás sueldos dignos a la cana, payaso, explotador y negrero. El 12, voy para Rosario y vamos a hablar".

La causa quedó radicada ante la jueza de Instrucción de Santa Fe, Susana Luna, quien imputó a Martínez por supuesta "coacciones agravadas" ante un pedido del fiscal N 4, Juan Pablo López Rosas. Pero después, el fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez pidió acumular las amenazas a Bonfatti con la causa por "sedición".

El fiscal López Rosas coincidió con su colega ("el delito de sedición es de indiscutida competencia federal", dijo) y pidió la inhibitoria de Luna porque "los hechos investigados" por las amenazas al gobernador "quedan atrapados" por conexidad con la figura penal más grave.

La jueza Luna compartió el criterio de los dos fiscales. "Entiendo que los mensajes que recibiera el gobernador en su teléfono celular no resulta una cuestión que deba ser investigada de manera aislada. Todo lo contrario, tal amenaza resulta parte integrante del contexto en el cual se desarrollaron los hechos de diciembre de 2013", dijo. "Los mensajes recibidos por Bonfatti se dieron en el marco de un movimiento sedicioso, tendiente a presionar" al gobierno para mejorar las "condiciones laborales" de los policías" y "valiéndose para ello del abandono acentuado de las actividades propias de la seguridad que perturbaron la tranquilidad" pública, agregó.

Sin embargo, el juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez rechazó la competencia por considerar que "tales mensajes no afectaban la seguridad nacional ni otros intereses que justificasen la intervención" del fuero federal. Rodríguez ya había declinado "con el mismo argumento﷓ la posibilidad de investigar la causa por "sedición" y ese criterio fue ratificado por la Cámara Federal de Rosario (sala A), el 5 de junio último. El Ministerio Público apeló esta segunda sentencia ante la Cámara de Casación Penal.

Ahora, la Corte deberá resolver el conflicto de competencia entre la jueza Luna y el juez Rodríguez para saber quién deberá investigar las amenazas a Bonfatti. El dictamen del Ministerio Público coincidió con lo que ya habían planteado los fiscales Rodríguez, López Rosas y la doctora Luna, que debe investigar el juez Rodriguez. "A mi modo de ver, los mensajes dirigidos al gobernador, por su contexto, inspiración y propósito, no parecen admitir ser fácilmente desligados de las otras conductas que la justicia federal se encuentra investigando bajo la justificación de que hubo una afectación cierta de la seguridad nacional debido al alzamiento simultáneo de las fuerzas de seguridad de varias provincias sucedido en el pasado mes de diciembre", dice el dictamen del procurador general adjunto de la Corte, Eduardo Ezequiel Casal. "Por ello, y en consonancia con el criterio establecido en Fallos: 261:215; 271:60; 308:1720 y concordantes, opino que corresponde al Juzgado Federal de Santa Fe continuar a cargo de la causa que originó la contienda".