Ediles opositores intentarán votar en “sesión especial”un resarcimiento. El Ejecutivo advierte que traería “serias consecuencias”.
La agenda política de la ciudad parece haber quedado estancada estos días. La discusión sobre quién, de qué forma y a quiénes debe asistirse luego de las inundaciones que padeció parte de la ciudad los pasados 19 y 20 de diciembre fue el tema excluyente de la semana pasada en el Concejo Municipal y lo seguirá siendo esta misma. Desde mañana se retomarán las negociaciones en el Palacio Vasallo. Allí, el Ejecutivo local insistirá en avanzar con la puesta en marcha de una línea de créditos del Banco Municipal con tasas subsidiadas para que los damnificados puedan reponer sus bienes perdidos, pero los vecinos rechazan la propuesta y van por más. Y lograron tener eco en los ediles opositores, quienes esta semana –¿en una sesión “especial”?– insistirán con la propuesta de “resarcir” y eximir del pago de la TGI.
Durante las semana pasada la discusión por el “resarcimiento” que piden los vecinos inundados en diciembre pasado se “robó” gran parte de la agenda de trabajo de los ediles en el Concejo Municipal. En ese cuerpo no hubo acuerdo en torno de cómo avanzar en esa línea, y como consecuencia de ello los 13 concejales opositores salieron a anunciar que se autoconvocaban para una sesión extraordinaria el próximo miércoles. La puesta en escena tiene como objetivo “tratar” los expedientes que hay en el Concejo sobre el tema hídrico.
La propuesta que ya llegaron a aunar los 13 ediles opositores dicta en su primer artículo otorgar de manera extraordinaria y por única vez un subsidio, cuyo monto se determinará en base al daño que verifique el Ejecutivo Municipal.
La concejala radical María Eugenia Schmuck precisó a El Ciudadano que ese aporte se entregaría a quienes acrediten haber sido afectados por el temporal. Y al respecto la oposición quiere tomar como sustento los legajos de casi 600 vecinos (en su gran mayoría Fisherton, pero también de Empalme Graneros, Nuevo Alberdi y otros barrios afectados) que ya ingresó al Concejo, donde se detallarían las pérdidas materiales de éstos.
Sin embargo, esa lista podría ampliarse, ya que uno de los damnificados, Alejandro Lorenzo, le confió a este medio ayer que aún hay muchos afectados que todavía no presentaron sus expedientes y que tienen intenciones de hacerlo. Así, dijo, llegarán a mil los legajos.
En tanto, los ediles opositores también proponen eximir a los afectados del pago de la tasa general de inmuebles por un lapso de seis meses, y a los comerciantes del Drei por el mismo tiempo, además, claro está, de gestionar asistencia a los gobiernos nacional y provincial, cuestión en la que coinciden todos.
Lo cierto es que el Ejecutivo local cuestiona los trazos gruesos de la propuesta opositora e incluso se plantea que ésta podría “generar un alto impacto social”.
“La expectativa que se va a ir generando en el inconsciente colectivo de algunos vecinos que sufrieron mucho la inundación va a ser muy grande. Hay vecinos de barrios de por sí muy castigados que vivieron situaciones muy difíciles. La idea de una compensación económica que después no es posible afrontar por parte del municipio puede traer serias consecuencias. Además se genera un peligroso antecedente. ¿Qué significa esto, que de ahora en más vamos a actuar siempre así?”, se preguntó una fuente municipal consultada por El Ciudadano.
Desde el Ejecutivo cuestionaron también el hecho de que se utilice la figura legal de “resarcimiento”. “Esa palabra no figuró ni en el vocabulario de la presidenta ni el del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, tras las inundaciones de Buenos Aires y La Plata. Ese término refiere a «culpabilidad». Y acá no hubo una impericia del municipio”, describió en contacto con este medio el secretario Gobierno local, Fernando Asegurado.
En el Palacio de los Leones también recordaron que municipios de la región, como Funes (gobernado por una intendenta radical) y Roldán (por uno justicialista), que quedaron prácticamente bajo agua en diciembre pasado, no se planteó en ningún momento resarcir a los damnificados.
En tanto, vale recordar que los vecinos de Fisherton movilizados, quienes sí plantean que hubo responsabilidad del municipio en las inundaciones, señalaron que está en stand by la idea de iniciar acciones legales contra el Ejecutivo local. “Está todo preparado para iniciar la demanda. Tenemos cuatro abogados que trabajaron en el tema. Todo dependerá de lo que se nos ofrezca”, señaló Lorenzo.
Con todo, lo cierto es que los concejales oficialistas insistirán esta semana en el tratamiento en la comisión de Presupuesto con la propuesta para poner en vigencia una línea de créditos del Banco Municipal. La idea es que la misma tenga un máximo de 35 mil pesos a una tasa anual del 15 por ciento subsidiada por el municipio y a pagar en 48 cuotas. Para eso se tendrá en cuanta un relevamiento realizado por la propia Municipalidad en los barrios Nuevo Alberdi, Polledo, Industrial, Stella Maris, Fisherton, Empalme Graneros, Las Flores, Villa Pororó, Mangrullo, Villa Banana, Antena y La Bombacha. Al menos en Fisherton esa propuesta no seduce: quieren resarcimiento “cash”.
En rigor la línea crediticia podría plantear también una situación de injusticia, pero inversa a un resarcimiento. Uno de los debates de los bloques del Concejo que avalan el resarcimiento –Frente para la Victoria, Encuentro por Rosario, Partido del Progreso Social, Unión Cívica Radical, Partido Socialista Auténtico y PRO, que totalizan una mayoría de 13 ediles– es cómo mensurar las pérdidas: los daños en una coqueta casa de Fisherton son por obviedad mayores que en una modesta vivienda de Nuevo Alberdi, pero quienes vivían en esta última pudieron haber perdido todo lo que tenían y con una dificultosa o nula capacidad de reponerlo. Una de las alternativas es entontrar algún tipo de equilibrio que favorezca a este sector.
A la inversa, un crédito subsidiado favorece al sector bancarizado, mientras que las familias más humildes pueden no reunir ni los avales ni los requisitos para acceder a ellos quedando afuera del remedio.
De todas formas, una de las llaves que el martes, cuando se vuelve a reunir la comisión, podría destrabar la situación es la eximición a la TGI. Según pudo saber este medio, el oficialismo estaría dispuesto a negociar esa propuesta opositora. La idea es llegar a algún tipo de consenso antes del miércoles, día en que la oposición tiene previsto realizar la sesión extraordinaria, pese a que el Ejecutivo puso en duda la “legalidad” de esa sesión autoconvocada.
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