El ministro Garibay sostuvo que realizarán un análisis exhaustivo de la situación para justificar legalmente la rescisión del contrato. La empresa no cumplió con el plan de obra que indicaba el contrato.
“Hemos detectado que es imprescindible realizar un análisis exhaustivo de la situación, de esta manera buscaremos una evaluación final para justificar la decisión de realizar una culminación anticipada del contrato que tenemos con el concesionario Arssa”, destacó Garibay.
Las universidades confeccionarán un informe técnico y económico pormenorizado de la situación de estos cinco años de contrato, que luego será entregada a la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Infraestructura y Transporte y éste elevará a su vez Fiscalía de Estado para su evaluación.
El contrato con Arssa fue suscrito en 2011 y autorizado mediante el Decreto Nº 2236/10 bajo el nombre: “Concesión por peaje de la construcción, mejoras, reparación, conservación, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, gerenciamiento y explotación de la Autopista Provincial AP-01 Brigadier General Estanislao López”.
En la resolución firmada por el ministro Garibay, se especifica que “a los fines de efectuar un exhaustivo análisis y una completa revisión de lo acontecido en el marco de la concesión, desde la Subsecretaría de Auditoría y Control se dio inicio a actuaciones administrativas”, y que en virtud a ello “el Órgano de Control procedió a efectuar un raconto histórico de lo sucedido desde el inicio de la concesión, evaluando con detalle sus aspectos técnicos, económicos y jurídicos”.
En otra parte menciona que “atento al tiempo transcurrido desde la suscripción del contrato de concesión (…), se torna imprescindible proceder a un análisis pormenorizado de la situación en la que se encuentran las partes de dicho contrato, de los diversos aspectos que hacen y nacen de ese vínculo, y del estado de situación actual, todo tomando en consideración que no habiendo en principio posibilidad de sostener el contrato en los actuales términos, el estudio realizado coadyuvará a sustentar una solución acorde con el marco negocial y legal vigente y con los hechos realmente acontecidos, todo en aras a preservar los derechos de la administración, del co-contratante y de los usuarios”.
Por último concluye especificando que “a estos fines desde la Secretaría de Coordinación Técnica se considera oportuno contar con el asesoramiento de especialistas acreditados en la materia, sugiriendo la intervención de la Universidad Nacional de Rosario – Instituto de Estudios de Transporte, y de la Universidad Nacional del Litoral – Facultad de Ciencias Económicas”.
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