El déficit del primer bimestre se contrajo casi 40% respecto de igual período de 2015, y el ritmo de la impresión de billetes se desaceleró 35,7% en los tres primeros meses; descartan controles de precios.
La Nación |
Según confiaron a LA NACION altas fuentes oficiales, sólo se regulará la competencia y se sancionarán los abusos de precios por efecto de los monopolios, posición dominante, cartelización, o los engaños en la publicidad, el etiquetamiento o en las cajas registradoras.
El gasto registró una fuerte desa-celeración. Según datos oficiales del Ministerio de Hacienda, que dirige Alfonso Prat-Gay, el déficit financiero de enero y febrero de 2016 fue de $ 22.734 millones y de $ 29.855 millones en el mismo bimestre de 2015. De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), "el primer bimestre de 2016 muestra una gradual mejora en las cuentas públicas, aunque se mantienen deficitarias", y "equivale a un 6,8% del gasto total, mientras que en 2015 fue del 11,2%". En relación con el gasto total, el déficit se desaceleró un 39,3%.
El objetivo es llegar a 7 u 8%, como los países sin inflación. Si se toma el dinero en circulación total más los depósitos a la vista de bancos públicos y privados (M-2 en la jerga económica), en diciembre de 2015 había 1,050 billones de pesos. Ese indicador cayó a 951.000 millones de pesos al día de hoy.
El índice de precios de San Luis mostró una suba de 2,7% en febrero, mientras que en enero había sido de 4,2%. El de la Ciudad de Buenos Aires arrojó 4%, pero estuvo afectado por los aumentos de tarifas de luz en Capital y Gran Buenos Aires.
Si bien bajó el déficit, el economista Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos señaló a LA NACION que "esa desaceleración puede ser transitoria porque el freno del gasto tiene mucho que ver con el cambio de gobierno. Aún no están aceitados los mecanismos de pago a proveedores y al nuevo personal, y se frenó la obra pública". Ambos factores deberán recomponerse en los próximos meses.
Sin embargo, admitió que aún no se computan allí los últimos aumentos de tarifas en gas, agua y transporte, que reducen subsidios y golpean el bolsillo de la clase media, y tampoco se conoce aún la mejora de ingresos del segundo trimestre, cuando se liquidan retenciones agropecuarias y el impuesto a las ganancias.
Macri pareció avalar últimamente medidas más ortodoxas, sin control de precios. Ello generó peleas con los sectores heterodoxos del gabinete: los ministros de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y del Interior, Rogelio Frigerio, que impulsan que, además de bajar el gasto y la emisión, hay que controlar y sancionar los abusos en los precios para dar la señal política de que se le cuida el poder adquisitivo a la clase media.
Frigerio aseguró a LA NACION la semana última que "se controlará y sancionará a los vivos que abusan". Los allegados de Prat-Gay aseguran que está a favor de ciertos controles. "No perseguir a los empresarios con un revólver en la mesa, pero tampoco permitir la ley de la selva", dicen.
La diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, reclamó ayer "ir contra los formadores de precios". Esa postura la comparten todos los sectores del peronismo, el sindicalismo y los partidos de centroizquierda.
Pero Macri, Sturzenegger, el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, y el secretario de Comercio, Miguel Braun, no creen en los controles de precios. Las asociaciones de consumidores recibieron el siguiente mensaje: "No hay voluntad política para hacerlos".
El director de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, que depende de Cabrera, confirmó ayer a LA NACION que "no hay control de precios ni precios máximos" y que su área controla "que se cumpla con la ley de defensa del consumidor en etiquetado y publicidad engañosa, pero no en cuanto al valor del precio, que lo fija el mercado".
La publicación de los precios online desde el próximo 29 buscará garantizar la competencia y concientizar a los consumidores.
La Comisión de Defensa de la Competencia, que dirigirá Esteban Grecco, determinará si hay abuso de posición dominante o cartelización para aumentar los precios. Pero fuera de esos casos no está previsto "sancionar a los vivos".
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