Contradijo la postura de Garavano porque quiere que sea juzgado en el Consejo.
La Nación |
Para que se haga efectiva la renuncia, presentada anteayer, el Presidente debe aceptarla. Si lo hace, se pondrá fin al juicio político y Oyarbide podrá recibir la jubilación que le corresponde a un juez retirado, equivalente a un 95% de lo que cobran como magistrados en ejercicio. En el caso de Oyarbide, alrededor de 100.000 pesos. En cambio, si lo destituyeran, percibiría una jubilación ordinaria.
La posición del Gobierno, expresada por el ministro Garavano, es que lo más conveniente es aceptar la renuncia para agilizar un proceso de renovación en el fuero federal porteño. Cerca del funcionario argumentan que el riesgo de rechazar la renuncia es que por algún motivo no prospere el proceso de remoción y el Gobierno se pierda la oportunidad de librarse de Oyarbide. Hoy, el oficialismo contaba con los nueve votos necesarios para impulsar la acusación en el Consejo, gracias al aporte de un kirchnerista, el académico Jorge Candis.
"Mi recomendación es que el Presidente tiene que aceptar la renuncia", insistió ayer el ministro, en declaraciones a Radio La Red. "Nosotros queremos tener una Justicia mejor y ayer dimos un gran paso en esta dirección", fundamentó.
En medio de esa discusión pública, el radicalismo decidió de qué lado quiere estar. En realidad, viene haciendo gestiones discretas para lo mismo que intenta conseguir Carrió con sus denuncias. La posición de Valdez no es una opinión aislada, sino que es la postura del radicalismo, compartida por el presidente del partido, José Corral; de los jefes de la bancadas de la UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri, y en el Senado, Ángel Rozas, también miembro del Consejo. Esos dirigentes le hicieron llegar la preocupación a Garavano y al jefe de Gabinete, Marcos Peña. "Hay que hacer lo posible para que Oyarbide no se vaya con la facilidad con la que se quiere ir", les dijeron.
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