Las iniciativas incluyen una rebaja en las penas para arrepentidos y una ley de acceso a la información pública; castigarán el soborno transnacional.
Infobae |
Mauricio Macri presentará mañana en el Congreso un paquete de leyes anticorrupción, con el doble objetivo de prevenir actos ilícitos durante su mandato y de acompañar las denuncias por los escándalos del kirchnerismo.
La batería de iniciativas incluye un proyecto de ley para disminuir las penas a los "arrepentidos" que delaten actos de corrupción, una ley de acceso a la información pública y una norma para castigar en la Argentina el soborno transnacional, según adelantaron fuentes oficiales a LA NACION.
Las dos primeras medidas serán parte del discurso que el Presidente pronunciará ante la Asamblea Legislativa en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Pero un paquete más amplio será presentado a lo largo del año.Los proyectos están a cargo de la nueva titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, inspirados en la idea de proponer políticas públicas más que en funcionar como una fiscalía que presente denuncias. El Gobierno prefiere dejar esa tarea en manos de fiscales.
Eso, sin que impida que la Oficina Anticorrupción desarrolle sus propias investigaciones, que pueden terminar en denuncias en los tribunales.
Eso, sin que impida que la Oficina Anticorrupción desarrolle sus propias investigaciones, que pueden terminar en denuncias en los tribunales.
"Cuidame las espaldas", le dijo Mauricio Macri a Alonso cuando le ofreció el cargo; de hecho, los proyectos de ley tienden a prevenir actos de corrupción puertas adentro del Gobierno.
La ley que anticipa un debate duro es la que beneficia al arrepentido que declare en casos de coimas. Senadores peronistas ya adelantaron que no apoyarán la propuesta.
La titular de la Oficina Anticorrupción los torea cuando sale a hablar públicamente: "Se verá ahí si son legisladores o cómplices", los desafió Alonso.
La norma prevé reducir la pena a los que proporcionen datos sobre actos de corrupción, considerando sus conductas en grado de tentativa. Los detalles se conocerán luego de un seminario académico, que estará a cargo de Ricardo Gil Lavedra.
Se completa con el proyecto de ley de recupero de bienes en los casos de corrupción. La norma prevé la extinción de dominio de activos, sin necesidad de que exista una condena firme. Autoriza a decomisar los bienes producto de la corrupción mediante un trámite que avanza en paralelo al desarrollo del juicio penal.
Como ejemplo, en la actual investigación contra el ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito hay un yate de un millón de dólares retenido en Uruguay sin que nadie lo reclame, que podría ser subastado, o un hermoso velero de más de 40 pies decomisado cuando se hallaron 444 kilos de cocaína en su interior, cuyo depósito en custodia se disputaban la Prefectura y la Armada.
Otra ley que presentará el Gobierno busca insertar a la Argentina en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un club exclusivo de los 30 países que producen el 60 por ciento de los bienes y servicios del mundo. Para pertenecer, la organización exige que la Argentina tenga una ley que castigue el soborno transnacional. Se trata de una norma que permita perseguir a los empresarios argentinos que paguen una coima en el extranjero o a los funcionarios que la cobren. Implica, además, extender la jurisdicción territorial de los jueces locales para estos casos de corrupción.
Estas leyes ya están vigentes en otros países, como Estados Unidos o Brasil, y las empresas sorprendidas en estas actividades terminan pagando multas multimillonarias y aplicando programas corporativos anticorrupción.
Testigos protegidos
El paquete se completa con una ley de protección de testigos para casos de corrupción que pretende mejorar el actual programa del Ministerio de Justicia.
La primera de las leyes que durante el mes que viene aterrizará en el Congreso de la Nación es la de acceso a la información pública, que obliga a los tres poderes del Estado a tener una información mínima online, independientemente de que alguien la solicite. La filosofía de la norma propuesta es la transparencia activa y los datos abiertos, explicó una fuente con acceso al borrador del proyecto.
La controversia que hace que en la Argentina no exista una ley de acceso a la información, una bolilla negra para el país en el contexto de los vecinos de América latina y Europa, donde la iniciativa es de práctica democrática, se debió a que el kirchnerismo planteó la necesidad de que alcanzara a las empresas, además de al Estado.
Finalmente, lo que se propone en el proyecto es que las empresas privadas que reciben fondos públicos, vía subsidios por ejemplo, tienen la obligación de informar sobre ellos, el mismo criterio que tiene el decreto de acceso a la información que dictó Néstor Kirchner en 2003.
Habrá una autoridad de aplicación de la ley para cada uno de los tres poderes del Estado, pues la Corte Suprema siempre se resistió que sea el Poder Ejecutivo el que administre el acceso a la información en su ámbito.
Una de las principales novedades que planteará el Presidente es el paquete de reforma de la ley de ética pública, que supone volver a un sistema que obligue a ampliar la información que deben brindar los funcionarios en sus declaraciones juradas de bienes.
El kirchnerismo restringió los datos que debían presentar los funcionarios públicos a su declaración de bienes, pero la nueva norma propuesta quiere que se vean obligados a declarar en detalle todas sus propiedades, y que incluso sus familiares también lo tengan que hacer.
La idea es que esté todo online, no sólo las mas importantes, como ahora, sino las 40.000 que están en manos de las oficinas de recursos humanos de los diversos ministerios en el Poder Ejecutivo, de modo, por ejemplo, de conocer lo que declaran los inspectores de aduanas, de la AFIP, o de los comisarios y subcomisarios de todas la comisarías de la ciudad, sin mas trámite que conectarse a la Web.
La norma prevé, además, limitar la contratación de familiares en cargos públicos y ampliar la información sobre conflictos de intereses, impidiendo por ejemplo que un funcionario que se desempeñó en un área del Estado pueda trabajar en el sector privado, en el mismo campo de actividad, por un plazo de al menos dos años.
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